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Una denuncia de la concejal Diana Diago puso en el centro del debate a una empresa de seguridad privada que, pese a estar incluida en una lista de compañías con licencia suspendida por la Superintendencia de Vigilancia, mantiene un contrato en ejecución por COP 38.000 millones con la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
Se trata de Águila de Oro de Colombia Ltda., una de las 31 empresas cuya licencia fue suspendida el pasado 14 de abril por la Superintendencia de Vigilancia, en medio de una investigación que surgió tras el hurto de armas de fuego bajo su custodia, hecho que derivó en cuestionamientos por una posible infiltración criminal y uso indebido del armamento. Pese a esto, la concejal Diana Diago alertó que la compañía mantiene un contrato por COP 38.000 millones con la Secretaría de Movilidad para vigilar sedes oficiales y patios de vehículos inmovilizados.
“Es gravísimo que una empresa señalada por presuntos vínculos criminales esté a cargo de la seguridad de la Secretaría de Movilidad”, afirmó Diago, quien además pidió al Distrito explicar qué pasará con el contrato y quién asumirá esas labores.
El contrato y la alerta
El contrato en cuestión (2995 de 2025) fue suscrito con la Unión Temporal AHM Seguridad 2025, integrada por Helam Seguridad Ltda. y Águila de Oro. Su objeto es la prestación de servicios de vigilancia fija, móvil, con y sin armas, además de medios tecnológicos en distintas sedes de la Secretaría.
Tiene vigencia hasta diciembre de 2027 y cubre puntos sensibles como patios donde se custodian vehículos inmovilizados.
La alerta se encendió luego de un robo de armas la decisión de la Superintendencia de suspender licencias a varias empresas del sector, entre ellas Águila de Oro, en medio de investigaciones por posibles irregularidades.
La versión de la empresa: “la licencia sigue vigente”
Frente a las denuncias, la empresa entregó su versión a El Espectador y aseguró que, aunque existe una decisión de suspensión, esta no está en firme.
Según explicó Sergio Alberto Casas Ortiz, representante legal judicial de la compañía, la medida fue apelada y actualmente está suspendida mientras se resuelven los recursos.
“Contra esa decisión proceden recursos en efecto suspensivo, lo que significa que la licencia sigue vigente hasta que haya una decisión definitiva”, señaló.
De acuerdo con la empresa, los recursos fueron presentados el 1 de abril y, hasta ahora, la Superintendencia no ha formulado pliego de cargos dentro del proceso administrativo.
“Estamos apenas en la etapa inicial. No hay cargos en nuestra contra y estamos ejerciendo nuestro derecho al debido proceso”, agregó Casas.
El origen del caso: el hurto de armas
El proceso contra la empresa está relacionado con el hurto de armamento bajo su custodia. Según la compañía, los hechos fueron detectados internamente y denunciados por ellos mismos ante la Fiscalía el 23 de febrero de 2026, y reportados a la Superintendencia al día siguiente.
La investigación apunta a un exfuncionario identificado como Elkin David Polanco Pérez, quien durante más de 14 años estuvo a cargo del control del armamento.
La empresa asegura que fue víctima de ese hurto y que actualmente la Fiscalía adelanta el proceso penal en contra de esta persona.
Sobre la cantidad de armas, hay versiones distintas: mientras informes conocidos públicamente hablan de hasta 393 armas extraviadas, la empresa sostiene que, tras su verificación interna, la cifra corresponde a 275.
“Se trató de una conducta individual, imprevisible, que vulneró nuestros controles”, explicó Casas, quien insistió en que la compañía reportó los hechos de manera inmediata.
¿Por qué se suspendió la licencia?
La Superintendencia inició un proceso administrativo sancionatorio tras conocer el caso. Sin embargo, la empresa cuestiona que la suspensión de la licencia se haya ordenado al mismo tiempo que la apertura del proceso, sin que aún existan cargos formales.
“Se trata de una decisión de alto impacto que se tomó sin que se nos hubiera escuchado previamente”, indicó el representante.
Aun así, la compañía asegura que respeta la actuación de las autoridades y confía en que la decisión será revisada.
El contrato sigue en ejecución
Uno de los puntos clave del debate es qué pasará con el contrato con la Secretaría de Movilidad.
La empresa sostiene que, dado que la suspensión no está en firme, el contrato continúa ejecutándose con normalidad. Además, explicó que este tipo de contratos no contempla anticipos y que los pagos se realizan mes vencido, tras la verificación del servicio.
“Seguimos operando porque nuestra licencia mantiene presunción de legalidad mientras se resuelven los recursos”, afirmó Casas.
También señaló que, en caso de que la suspensión se confirme, la ley prevé mecanismos como la cesión del contrato a otro operador.
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Tras el hurto, la empresa asegura que reforzó sus protocolos de seguridad, especialmente en el manejo de armamento. Entre las medidas adoptadas están controles cruzados entre varios funcionarios, mayor supervisión tecnológica y restricciones más estrictas en el acceso a los armerillos.
Águila de Oro sostiene que cuenta con más de 30 años de operación y que ha contratado con más de 250 entidades públicas y privadas. Además, afirma que no ha tenido sanciones previas por parte de autoridades de control.
Lo que sigue
El caso queda ahora en manos de la Superintendencia de Vigilancia, que deberá resolver los recursos presentados por la empresa y definir si mantiene o revoca la suspensión de la licencia.
Mientras tanto, el contrato con el Distrito sigue en ejecución y el proceso penal por el hurto de armas continúa en investigación.
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Por Redacción Bogotá
