Según Germán Rodríguez, Defensor del Espacio Público, con el nuevo fallo de primera instancia ser puede incentivar a la venta ambulante y puede generar un impacto negativo en el proceso de la recuperación del espacio público.
“Hoy lo que hacemos de manera indiscriminada es otorgar un distintivo para los vendedores y podríamos estar ocasionando una ocupación sin una debida regulación”, aseguró Rodríguez.
En una sentencia de más de 200 páginas con ponencia de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, el Tribunal le ordena al Distrito y a las alcaldías locales que pongan a marchar a los vendedores ambulantes, después de que varios ciudadanos interpusieran acciones populares pidiendo la protección de sus derechos colectivos al uso, goce y disfrute del espacio público.
Los recursos fueron presentados de manera individual y compendiados posteriormente por el Tribunal, por la similitud de sus peticiones, aunque hacían referencia a diferentes puntos de la ciudad, entre ellos, el sector de la Candelaria y el barrio Kennedy.
"Afirman que tal situación ha traído consigo problemas de índole sanitario y de seguridad, porque dichos sectores se convirtieron en puntos estratégicos de acumulación de basuras y de desechos que ocasionan malos olores, lo que además trae consigo la presencia de ladrones y bandidos, y la dificultad de transitar por los andenes debido a las ventas que en ellos se llevan a cabo", dice uno de los apartes de la sentencia.
El Tribunal ordenó a las alcaldías locales, con el apoyo de la Alcaldía Mayor, carnetizar a los vendedores ambulantes, en un documento que debe contener el nombre, la identificación, el tipo de mercancía comercializada y el lugar donde cada vendedor puede laborar. Después de carnetizados, corresponde al Instituto para la Economía Social elaborar una "Registro Único de Vendedores Informales", con esa información enviada por las alcaldías locales.
Por otro lado el gobierno de la capital, deberá también estar al pendiente de que cada vendedor tenga un chaleco que identifique la localidad donde puede ejercer sus labores "los cuales podrán donarse mediante el apoyo de las empresas privadas que de manera indirecta expenden sus productos en las calles a través de los vendedores informales", recomienda el Tribunal.
Al Ipes, Instituto para la Economía Social, le ordenó carnetizar y ponerle chalecos a los voceadores de prensa, loteros y lustrabotas, además de organizarlos de puntos estratégicos de la ciudad, porque estas personas "gozan del principio de confianza legítima", porque hacen parte ya de la cultura y cotidianidad capitalina desde hace décadas.
Las demandas argumentaban que era culpa de las alcaldías locales y el Distrito por haber "omitido el cumplimiento de sus funciones".
Pero al parecer de la Sala, el gobierno capitalino ha cumplido con sus deberes de incautación de mercancía cuando es vendida en lugares no autorizados; pero, dijo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, las políticas deben "propender por la generación de un cambio de conducta de la población dedicada a dicho comercio, mediante la implementación de programas que permitan reemplazar su forma de solventar su sustento mediante alternativas plenamente legales".
Para verificar el cumplimiento de las órdenes dadas, el Tribunal conformó un 'Comité de Verificación', conformado por un miembro del Ministerio Público, del IPES, de la Policía Nacional, el Alcalde Mayor del Distrito Capital y la Magistrada sustanciadora, que deberán reunirse el primer día hábil cada tres meses.