Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Desde hace 30 años Bogotá se abastece del agua de la sabana y desde entonces, además de comprarla, se las revende después de tratarla a los municipios aledaños a la fuente hídrica, como Chía, Tocancipá, Cajicá, Sopó y Gachancipá. Durante todo ese tiempo se ha cocinado un malestar general de parte de estas pequeñas poblaciones.
La razón es el alto precio que se debe pagar por el líquido después de tratado, aun cuando la compra inicial tuvo un bajo costo y las redes que distribuyen el servicio pertenecen a los municipios; y segundo, por la falta de reglamentación en la concesión entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), un asunto que pasó a la Procuraduría por la captación ilegal por parte del Acueducto de las aguas de los ríos Bogotá y Teusacá.
De acuerdo con la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, la EAAB compra el agua a $70 por metro cúbico, el tratamiento le cuesta entre $200 y $600, la vende a la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá a $879 y luego ésta la ofrece a los habitantes de estrato uno a $1.250. “En 30 años los costos han estado por las nubes. La pelea siempre ha sido la misma: queremos precios justos que no superen los $400 y que la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) reglamente la concesión”, expuso Jácome.
El problema de la comunidad se ha convertido en la propuesta política favorita de los senadores en campaña que visitan Cajicá, “y ninguno ha solucionado nada después de ser elegido”, según dijo la alcaldesa.
Entre las seis zonas de la sabana que toman el agua de los ríos Bogotá y Teusacá, tratada por la EAAB en Tibitoc (Tocancipá), Cajicá es la que más paga por el servicio. “Los habitantes de estrato uno de aquí cancelan lo mismo que los de estrato seis de Bogotá. La Empresa de Acueducto pareciera cobrarnos como si las redes de distribución en este municipio fueran de ellos, cuando no es así”, precisó Jácome, quien con los alcaldes de los demás municipios se ha unido para intentar buscar el apoyo del Ministerio de Ambiente y de la Gobernación de Cundinamarca con el fin de tratar el tema con la EAAB: “No podemos llegar allá solos, dependemos de ellos y hay que mantener buenas relaciones. Se debe llegar a un acuerdo en el que ambas partes ganen”.
Hasta ahora, el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, busca ser el intermediario entre los alcaldes de las regiones beneficiadas por el agua tratada en Tibitoc y la EAAB, con el objetivo de discutir el tema de los altos costos del servicio, incluso cuando éste proviene de las inmediaciones de Chía, Tocancipá, Cajicá, Sopó y Gachancipá.
Frente a la denuncia de la alcaldesa de Cajicá, voceros oficiales de la Empresa de Acueducto de Bogotá le respondieron a El Espectador: “El precio del agua en bloque es exclusivamente lo necesario para recuperar los costos de captarla, tratarla y transportarla. Los componentes que se facturan son iguales a los de Bogotá. Además, cada municipio es autónomo para establecer las contribuciones de solidaridad que deben realizar los usuarios de estratos 5 y 6, así como los usuarios industriales y comerciales”.