El uso de las armas no letales por parte de la Fuerza Pública, pese al debate que generan, sigue siendo un asunto que defienden las autoridades como una de las mejores opciones para mantener el orden. Y fue bajo este argumento que el Distrito hizo a finales del año pasado una multimillonaria inversión para aumentar el inventario de un arma tan efectiva como polémica: las Taser o pistolas eléctricas, que con sus descargas pueden inmovilizar a cualquier persona.
Pero no se conformó con la versión simple. Atendiendo el plan que tiene la Policía de estandarizar el uso de estas armas en el país, adquirió el último modelo: la Taser X2 que, fuera de tener un componente tecnológico capaz de activar a control remoto las cámaras de seguridad (del mismo fabricante), tiene doble mira láser y permite hacer dos disparos casi simultáneos contra dos objetivos, a menos de ocho metros. También permite una tercera descarga solo con tocar con la pistola el blanco elegido.
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Según explica la Policía, estos dispositivos son “para incapacitar a una persona mediante descargas que imitan las señales nerviosas y generan una reacción de confusión en los músculos motores, principalmente en brazos y piernas, lo que permite la inmovilización temporal del objetivo”. De igual forma, dice la institución, están clasificados como “armas no letales”, según el artículo 18 de la Resolución 02903 de junio de 2017, por la cual se expidió el reglamento para el uso de dispositivos, municiones y armas de este tipo.
No obstante, hay una particularidad que le sumaría contradictores: pese a que debe exigirse un certificado de una entidad de salud idónea, que avale que sus descargas no son contraproducentes para los humanos, hasta donde se sabe, ninguna entidad nacional ha realizado dicho estudio. Así se deduce al conocer los documentos de la compra, en los que, si bien se menciona un certificado del Ministerio de Salud de Panamá, para el Distrito bastó un certificado del fabricante acompañado de una póliza que cubre gastos e indemnizaciones en caso de “presentarse lesiones o muerte a causa del mal funcionamiento de los equipos durante su vida útil”.
La contratación
El proceso de compra empezó el 17 de julio pasado, cuando la Policía de Bogotá, a través de un oficio, planteó al Distrito la necesidad de adquirir dispositivos de disparo eléctrico de doble cartucho, teniendo en cuenta la evolución de los delitos, sus modalidades y características. “Se evidencia una amenaza para la integridad de los policías, producto de ataques de la delincuencia con armas de fuego, contundentes y cortopunzantes. De este modo se contará con dispositivos no letales que faciliten el alcance, despliegue y uso de la fuerza de manera progresiva”.
El 20 de agosto de 2019, el Distrito pidió que se justificara mejor la selección de los dispositivos. Días después, el capitán Miguel Rendón, jefe administrativo de la Policía de Bogotá, dio tres razones: una misional, otra operativa y una logística. Primero, que la adquisición obedecía al plan de fortalecer las unidades, dotándolas de elementos menos letales, para minimizar la posibilidad de consecuencias mortales. “Se puede decir que este tipo de armamento no es usado para la guerra y su función es ‘neutralizar’ a infractores o, en su defecto, para prevenir la comisión de delitos”.
Agregó que, al ser doble el disparo, ofrece “la opción de someter a dos amenazas de forma consecutiva, sin poner en riesgo a los uniformados. Además, ofrece la opción de las descargas directas sin retirar los cartuchos, superando en desarrollo tecnológico a los modelos anteriores”. Y, finalmente, que “toda vez que la institución ya cuenta con este tipo de arma, su plan es estandarizar su uso e implementar economía de escala al adquirir repuestos, baterías y cartuchos”.
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Detrás de esta justificación hay un dato particular: el modelo Taser X2, que pidió la Policía, solo la produce una compañía en el mundo: Exon, de EE. UU., cuyo representante exclusivo en Colombia es Eagle Comercial, empresa que lleva varias décadas vendiéndole armamento a la Fuerza Pública en el país y la única que le ha vendido armas eléctricas a la Policía. A la fecha ha vendido alrededor de 1.600 pistolas de este tipo, de las cuales 1.040 las tiene la Policía de Bogotá.
Sin estudios en Colombia
Según el Manual Operativo Logístico de la Policía, cuando una alcaldía va a donar armas a la institución, deben estar avaladas por su Grupo de Armamentos de la Dirección Administrativa y Financiera (Diraf). Cada artefacto debe ser probado en su funcionamiento y calidad. El 11 de septiembre, el Distrito solicitó la viabilidad de la ficha técnica de los dispositivos. Sin embargo, al comparar las fichas técnicas que enviaron la Policía de Bogotá y la Diraf, encontró diferencias respecto a la garantía técnica, la vida útil y dudas frente a la certificación de la no letalidad.
El 15 de octubre, la Secretaría de Seguridad pidió a la Diraf una aclaración, específicamente con lo siguiente: definir el período de garantía de los dispositivos, indicar si persistía la necesidad de pedirle al fabricante un certificado de no letalidad y otro de una entidad idónea que avale que las descargas no resultan contraproducentes para los seres humanos. Además, pidió que le confirmaran si el certificado de “no letalidad” emitido por el Ministerio de Salud de Panamá sigue siendo válido, así como definir las condiciones de certificación de la vida útil de las armas.
El Grupo de Armamentos de la Policía respondió dos semanas después señalando que la garantía debía ser de tres años (uno cubierto por el fabricante y dos por el representante del fabricante) y que la vida útil debía ser de mínimo cinco años. Frente al certificado de “no letalidad”, explicó que el requisito se le hace al fabricante para garantizar que los bienes cumplan altos estándares de calidad, “como quiera que son para procedimientos invasivos en el cuerpo de seres humanos, a través de dardos usados para impactar en el objetivo”.
No obstante, frente al certificado emitido por el Ministerio de Salud de Panamá, el organismo señaló que se podía avalar como soporte de estudios médico-científicos emitidos por una entidad con la idoneidad para la emisión del concepto, pero que, de igual forma, se requiere un certificado que indique que las descargas no son contraproducentes para la salud, “el cual puede ser emitido por el fabricante”, concluyó. En la comunicación se dejó claro que para su adquisición no se requiere el control de ninguna institución nacional.
Gracias a esta respuesta, el Distrito dio luz verde a la compra, y pagó al proveedor por cada pistola casi $12 millones. Eso sí, le exigió servicio de soporte las 24 horas durante tres años, una póliza por cinco años para cubrir gastos en caso de lesiones por mal funcionamiento y una capacitación de 25 horas a un grupo integrado por 40 policías y dos funcionarios de la Secretaría de Seguridad.
El negocio por casi $5.700 millones se realizó a través de la modalidad de contratación directa y el dinero alcanzó para comprar 495 armas. Lo paradójico de esta adquisición es que en noviembre pasado (firmado por el hoy viceministro de seguridad, Jairo García), es decir, el mismo mes en el que se reabrió el debate en el país por el uso de las denominadas armas no letales, tras la muerte del joven Dilan Cruz, el pasado 23 de noviembre, en las marchas realizadas en el centro de Bogotá.
Hoy en la ciudad hay 1.040 pistolas Taser, distribuidas en las diferentes localidades. Según el Distrito, las pistolas fueron adquiridas bajo la premisa de “mejorar la atención, dotando de material y apoyo logístico a la Fuerza Pública”. En cada comando hay alrededor de 50 pistolas Taser X2, en manos de las patrullas encargadas de vigilar las calles, cuyo único fin es contar con una alternativa, antes de verse obligados a usar su pistola de dotación, esta sí, de carácter letal.