Policías investigados por muerte de Javier Ordóñez, a la cárcel de Facatativá

Los policías serán privados de su libertad mientras son investigados formalmente.

Foto: El Espectador

Este lunes, la jueza 29 de control de garantías de Bogotá resolvió enviar a la cárcel de Facatativá, de manera preventiva, a los dos policías que están señalados de haber torturado y asesinado al abogado Javier Ordóñez. Se trata de los patrulleros de la Policía Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes continuarán siendo investigados por la Fiscalía por los hechos que ocurrieron el pasado 9 de septiembre en los que Ordóñez murió en su custodia en el CAI de Villa Luz, al occidente de la capital. La investigación, sin embargo, todavía podría pasar a la justicia penal militar.

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Aunque la defensa de los dos patrulleros ha insistido que las audiencias del caso sean reservadas por proteger los derechos de los presuntos victimarios de Ordóñez, la jueza del caso rechazó esa petición una vez más. Los abogados Jhon Olmos y Marino Moreno, que defienden respectivamente a Rodríguez y Lloreda, dijeron que habían recibido amenazas por redes sociales porque sus nombres habían salido en medios de comunicación e incluso que se conoció la dirección de uno de los policías, pero la togada les indicó que debían denunciar esos hostigamientos en la Fiscalía, no ante una jueza.

Luego de denegar la petición de los abogados, la jueza procedió a relatar los hechos que rodearon la muerte. Según los exámenes forenses se trató de un homicidio violento, causado por varios golpes recibidos que le dejaron lesiones internas y externas, por lo que acogió los argumentos del fiscal del caso, quien basado en los reportes de Medicina Legal aseguró que hubo múltiples lesiones y tratos crueles e inhumanos que le causaron inmenso dolor a Ordóñez, y posteriormente la muerte.

La jueza se refirió a la solicitud de la Fiscalía de privar de la libertad de forma preventiva para evitar obstrucción de la justicia, proteger a la comunidad y garantizar la comparecencia de los imputados al proceso. En su narración indicó que los dos patrulleros son personas preparadas para procedimientos policiales y que utilizaron todo ese poder, pero no para proteger a la comunidad. “En Colombia está prohibida la pena de muerte, la tortura y los tratos crueles o degradantes”, dijo.

Por estos motivos, la jueza acreditó dos de las peticiones: obstrucción de la investigación y protección a la comunidad. “Debieron comportarse de forma diferente para evitar las graves consecuencias de la conducta: además de los delitos en que habrían incurrido los uniformados retirados, los graves disturbios en Bogotá durante esa noche”, manifestó.

Tras exponer los argumentos de las partes, y los conceptos del Ministerio Público, la jueza decidió enviar a los implicados a la cárcel, pero acogiendo la solicitud de enviarlos al centro de reclusión de la Policía en Facativá. La Fiscalía presentó recurso de reposición respecto al sitio de reclusión, argumentando que puede ser muy laxo el control y los desplazamientos de los imputados.

John Olmos, abogado de Harby Rodríguez, apeló la decisión de la jueza de no acceder a la petición de que se les emitiera detención domiciliaria. Al respecto dio varios argumentos que fueron desde que el implicado fue retirado de la institución y no representa un peligro para la comunidad, hasta que la jueza ordenó la detención de los imputados para quedar bien ante la opinión pública, pasando por una “presión mediática” para tomar dicha decisión, la unidad familiar de Rodríguez y la situación de hacinamiento en las cárceles del país.

La investigación contra los patrulleros

Según la necropsia que le practicó Medicina Legal Ordóñez murió tras sufrir una hemorragia severa en la cavidad abdominal, ocasionada por el estallido de su riñón derecho, el hombre tenía un “trauma cerrado, contudente de abdomen, de alta energía” y “huellas externas de trauma en flanco abdominal izquierdo” y en la “región lumbar izquierda”, conclusiones que irían en línea con las versiones de una posible golpiza que habría sufrido dentro del CAI. Esto, además, luego de que los patrulleros le propinaran varias descargas eléctricas con un taser a un Ordóñez desarmado.

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De oficio, la Fiscalía inició la investigación contra los dos patrulleros, los capturó la semana pasada y el 19 de septiembre les imputó los delitos de homicidio y tortura agravados. Tras diez días de haber recopilado evidencias, el fiscal del caso dio detalles de la necropsia, reveló declaraciones de testigos que relataron los pormenores del episodio y pidió compulsar copias para investigar la posible participación de otros uniformados en los hechos, donde perdió la vida la víctima. No obstante, el caso todavía podría pasar a la Jurisdicción Penal Militar, si así lo determina la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

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La muerte de Ordóñez desató protestas alrededor del país en contra de los abusos de la Policía. En los desmanes resultaron muertas 11 personas en Bogotá y dos en Soacha. “Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución”, dijo el martes pasado, ante el Congreso, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, luego de una semana de movilizaciones y prometió reformas y formación en derechos humanos acompañada por la Defensoría del Pueblo.