¿Por qué los jóvenes evaden la guerra?

Hasta el Concejo de Bogotá llegó Jackeline Tovar esta semana. Llevaba en las manos la foto de su hijo Brian Villalba, de 18 años. “Vivo enferma, no tengo un riñón, mi hijo ve por mí , por favor ayúdenme”, dijo. De acuerdo con esta mujer, el pasado lunes a las 7:00 p.m., frente al centro comercial El Tunal, en el sur de la ciudad, uniformados del Ejército montaron a su hijo en un camión y lo llevaron al Batallón de Mantenimiento, en el barrio 20 de Julio. Dos días después, el joven llamó a su mamá angustiado para decirle que esa misma tarde lo trasladaban a Saravena, Arauca. Al parecer, ni siquiera corroboraron si Villalba era cabeza de hogar, como aseguraba su mamá, y por tanto no debía prestar servicio militar obligatorio.

Su caso no es el único. Hace parte de una lista larga de recientes denuncias contra el Ejército compartidas masivamente en redes sociales y que tienen el respaldo de organizaciones sociales y de derechos humanos, concejales de Bogotá y la Alcaldía Mayor. Todas tienen elementos en común: uniformados llegan a localidades marginales y se llevan a la fuerza a distritos militares a jóvenes pobres que aún no pueden ser considerados remisos o que eventualmente cumplen con alguna de las causales de ley para ser exentos: víctima del conflicto, estudiante, discapacitado, padre de familia o cabeza de hogar, entre otras. “Las batidas ilegales de jóvenes por parte del Ejército se siguen realizando en la capital”, dice la carta que hace poco dirigieron al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cinco concejales del Distrito miembros de una comisión accidental que se creó para hacerles seguimiento a varios episodios presentados en Kennedy, Fontibón y Ciudad Bolívar, principalmente.

En la misiva, que firman los concejales Antonio Sanguino, Carlos Roberto Sáenz, William Moreno, Álvaro Argote Muñoz y Marco Fidel Ramírez, se señala con preocupación que desde el jueves 31 de julio de 2014 se dio inicio a otra jornada de reclutamiento militar en la capital y que desde entonces las denuncias por presuntas detenciones arbitrarias no cesan. Pero ¿por qué se siguen presentando estos casos? La respuesta es mucho más compleja de lo que se cree y varía de acuerdo al visor con que se mire el problema.

El debate jurídico

Sobre las batidas del Ejército hay una polémica que a estas alturas ya debería estar zanjada. Por un lado están quienes argumentan que son ilegales y por el otro está el Ejército, convencido de su legitimidad. Curiosamente, para argumentar su posición cada parte suele citar la misma sentencia (C-879 de 2011), sólo que quienes afirman que se trata de batidas ilegales hacen una lectura más amplia que las autoridades de reclutamiento.

“De acuerdo con la Corte Constitucional, la autoridad puede conducir a un joven al distrito militar más cercano para verificar si está inscrito (en el proceso para definir su situación militar). Si no lo está, se inscribe y se suelta inmediatamente. Aquella persona que ya haya sido inscrita puede ser conducida a Arauca o a donde lo decida y necesite el Ejército”, dijo el director de Reclutamiento del Ejército, coronel Pedro Prieto, en diálogo con El Espectador.

Un escenario disímil al que planteó la Corte Constitucional en la sentencia C-879 de 2011: “La única comprensión de ‘compeler’ (obligar a alguien, por fuerza o autoridad, a que haga lo que no quiere) es que quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar, sólo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere de ningún formalismo y que se agota precisamente con la inscripción, por lo tanto no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos de tiempo con el propósito no sólo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto finalmente incorporarlo a filas”.

Pero la realidad es distinta: “Dónde cree que se inscriben. Nosotros no tenemos sistemas para inscribir en la calles, hay que inscribirlos en los distritos”, dice el coronel Prieto, y asegura que hay que interpretar bien la sentencia.

Por el contrario, Diego Carreño, vocero de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc), un conjunto de organizaciones que trabaja por la defensa de estos derechos desde hace ocho años, cree que el deber de un militar, de acuerdo con esta jurisprudencia, es llenar los datos de inscripción de un joven en un volante de convocatoria a una jornada oficial de reclutamiento en un distrito militar y dejarlo en libertad. De lo contrario se estarían vulnerando los derechos a la libre locomoción y la libertad personal, que según la Corte deben respetarse.

“Cuando llevan a alguien en una batida ilegal no le dan el tiempo para demostrar que es estudiante, o víctima, o que tiene una discapacidad, o está enfermo. Muchas veces se lo llevan a los batallones, le hacen unos exámenes que francamente son muy pocos rigurosos porque en pocas horas determinan si un joven es apto o no, y a los que supuestamente lo son los trasladan ese mismo día a Arauca, Fusa, Sogamoso, Casanare, Vichada, etc.”, señala Carreño.

Hoy no existe un sistema nacional de datos para verificar cuál es la situación militar de un joven desde cualquier distrito del país.

Un problema de raíz

Pero más allá de eso, el problema es estructural: los jóvenes no quieren prestar el servicio militar obligatorio. “Hoy hay muy pocos soldados no bachilleres y estos son los jóvenes que se necesitan para que cuiden la infraestructura de Colombia, todos los oleoductos”, explicó el director de Reclutamiento del Ejército, coronel Pedro Prieto. A un soldado bachiller no se le remunera con un sueldo, se le da una bonificación de $90.000 mensuales para que compre elementos de aseo. “Los jóvenes no ven en las Fuerzas Armadas un camino para proyectarse, para hacer una carrera digna, bien paga. Si te dicen que te presentes por un salario de nada para ir a regiones alejadas de tu familia, pues no lo haces”, asegura Carreño.

“Faltan incentivos para animar a las personas a que presten el servicio militar obligatorio y no toque conducirlas, sino que la situación sea más voluntaria”, reconoce también el coronel Prieto. Mientras los jóvenes no se están presentando voluntariamente, la presión para enlistarlos es enorme: la cuota de reclutamiento proyectada para 2014 es de 80.000 hombres, y a cuatro meses de que se acabe el año tienen cerca de la mitad. Esta situación ha hecho que se intensifiquen los operativos de reclutamiento en todo el país.

¿Panfletos o volantes?

Esta semana, el teniente coronel José Antonio Carrillo Rubio, comandante de la Decimotercera Zona de Reclutamiento de Bogotá, afirmó en un medio de comunicación que los 10.000 volantes que, con apoyo financiero del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac), se han repartido en Bogotá desde el principio de este año para explicar el derecho fundamental a objetar conciencia frente al servicio militar obligatorio eran ilegales y supuestamente estaban ayudando a que los jóvenes no se presentaran voluntariamente. El coronel dio algunas cifras: en la capital se convocó a 8.000 jóvenes en la última jornada de reclutamiento y sólo se presentaron 1.000.

Como era de esperarse, esto generó fuertes críticas: Acooc, el Comité Permanente de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobierno y otras entidades del Distrito criticaron duramente esta comunicación. Quizás el más temerario fue el alcalde mayor, Gustavo Petro, quien arremetió contra los procedimientos del Ejército para reclutar jóvenes y afirmó en su cuenta de Twitter que las batidas eran ilegales y tipificaban secuestro simple. Una muestra más de la relación cada vez más tensa entre la administración local y el Ejército al respecto.

Mientras tanto, Diego Carreño, el vocero de Acooc, insiste en que las declaraciones del comandante de la Decimotercera Zona de Reclutamiento de Bogotá revelan lo difícil que es objetar conciencia frente al servicio militar. En la práctica, la sentencia C-728 de 2009, que protegió este derecho, se ha quedado coja. Esto porque, en la mayoría de casos, cuando los jóvenes se declaran objetores de conciencia ningún militar los reconoce como tales y es común que digan que eso no ha sido reglamentado y no hay una ley que les indique cómo actuar en esas situaciones.

Por eso las organizaciones que respaldan la objeción de conciencia han presentado al Congreso ocho proyectos de ley desde 2009, pero todos se han hundido. En septiembre esperan presentar una vez más la iniciativa que propone que quien argumente razones de conciencia para no empuñar un fusil pueda prestar un servicio social alternativo para la paz, enfocado en actividades como la promoción de la memoria, el trabajo con víctimas y excombatientes, entre otras.

Lo cierto es que, junto a esa iniciativa, hay dos más que harán trámite en esta legislatura y que transformarían el panorama. El primero lo presentó la bancada del movimiento MIRA y busca eliminar la libreta militar como requisito para trabajar o graduarse de la universidad. Y el segundo, que impulsan los congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe, pretende eliminar la obligatoriedad del servicio militar.

Una promesa que también hizo en su campaña a la reelección el presidente Juan Manuel Santos. Por lo pronto, mientras se suman voluntades en el Congreso y se cumplen promesas electorales, sujetas a los vientos de la paz con las Farc que vengan de La Habana, las batidas de jóvenes en barrios pobres seguirán siendo una realidad.

Hasta el Concejo de Bogotá llegó Jackeline Tovar esta semana. Llevaba en las manos la foto de su hijo Brian Villalba, de 18 años. “Vivo enferma, no tengo un riñón, mi hijo ve por mí , por favor ayúdenme”, dijo. De acuerdo con esta mujer, el pasado lunes a las 7:00 p.m., frente al centro comercial El Tunal, en el sur de la ciudad, uniformados del Ejército montaron a su hijo en un camión y lo llevaron al Batallón de Mantenimiento, en el barrio 20 de Julio. Dos días después, el joven llamó a su mamá angustiado para decirle que esa misma tarde lo trasladaban a Saravena, Arauca. Al parecer, ni siquiera corroboraron si Villalba era cabeza de hogar, como aseguraba su mamá, y por tanto no debía prestar servicio militar obligatorio.

Su caso no es el único. Hace parte de una lista larga de recientes denuncias contra el Ejército compartidas masivamente en redes sociales y que tienen el respaldo de organizaciones sociales y de derechos humanos, concejales de Bogotá y la Alcaldía Mayor. Todas tienen elementos en común: uniformados llegan a localidades marginales y se llevan a la fuerza a distritos militares a jóvenes pobres que aún no pueden ser considerados remisos o que eventualmente cumplen con alguna de las causales de ley para ser exentos: víctima del conflicto, estudiante, discapacitado, padre de familia o cabeza de hogar, entre otras. “Las batidas ilegales de jóvenes por parte del Ejército se siguen realizando en la capital”, dice la carta que hace poco dirigieron al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cinco concejales del Distrito miembros de una comisión accidental que se creó para hacerles seguimiento a varios episodios presentados en Kennedy, Fontibón y Ciudad Bolívar, principalmente.

En la misiva, que firman los concejales Antonio Sanguino, Carlos Roberto Sáenz, William Moreno, Álvaro Argote Muñoz y Marco Fidel Ramírez, se señala con preocupación que desde el jueves 31 de julio de 2014 se dio inicio a otra jornada de reclutamiento militar en la capital y que desde entonces las denuncias por presuntas detenciones arbitrarias no cesan. Pero ¿por qué se siguen presentando estos casos? La respuesta es mucho más compleja de lo que se cree y varía de acuerdo al visor con que se mire el problema.

El debate jurídico

Sobre las batidas del Ejército hay una polémica que a estas alturas ya debería estar zanjada. Por un lado están quienes argumentan que son ilegales y por el otro está el Ejército, convencido de su legitimidad. Curiosamente, para argumentar su posición cada parte suele citar la misma sentencia (C-879 de 2011), sólo que quienes afirman que se trata de batidas ilegales hacen una lectura más amplia que las autoridades de reclutamiento.

“De acuerdo con la Corte Constitucional, la autoridad puede conducir a un joven al distrito militar más cercano para verificar si está inscrito (en el proceso para definir su situación militar). Si no lo está, se inscribe y se suelta inmediatamente. Aquella persona que ya haya sido inscrita puede ser conducida a Arauca o a donde lo decida y necesite el Ejército”, dijo el director de Reclutamiento del Ejército, coronel Pedro Prieto, en diálogo con El Espectador.

Un escenario disímil al que planteó la Corte Constitucional en la sentencia C-879 de 2011: “La única comprensión de ‘compeler’ (obligar a alguien, por fuerza o autoridad, a que haga lo que no quiere) es que quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar, sólo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere de ningún formalismo y que se agota precisamente con la inscripción, por lo tanto no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos de tiempo con el propósito no sólo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto finalmente incorporarlo a filas”.

Pero la realidad es distinta: “Dónde cree que se inscriben. Nosotros no tenemos sistemas para inscribir en la calles, hay que inscribirlos en los distritos”, dice el coronel Prieto, y asegura que hay que interpretar bien la sentencia.

Por el contrario, Diego Carreño, vocero de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc), un conjunto de organizaciones que trabaja por la defensa de estos derechos desde hace ocho años, cree que el deber de un militar, de acuerdo con esta jurisprudencia, es llenar los datos de inscripción de un joven en un volante de convocatoria a una jornada oficial de reclutamiento en un distrito militar y dejarlo en libertad. De lo contrario se estarían vulnerando los derechos a la libre locomoción y la libertad personal, que según la Corte deben respetarse.

“Cuando llevan a alguien en una batida ilegal no le dan el tiempo para demostrar que es estudiante, o víctima, o que tiene una discapacidad, o está enfermo. Muchas veces se lo llevan a los batallones, le hacen unos exámenes que francamente son muy pocos rigurosos porque en pocas horas determinan si un joven es apto o no, y a los que supuestamente lo son los trasladan ese mismo día a Arauca, Fusa, Sogamoso, Casanare, Vichada, etc.”, señala Carreño.

Hoy no existe un sistema nacional de datos para verificar cuál es la situación militar de un joven desde cualquier distrito del país.

Un problema de raíz

Pero más allá de eso, el problema es estructural: los jóvenes no quieren prestar el servicio militar obligatorio. “Hoy hay muy pocos soldados no bachilleres y estos son los jóvenes que se necesitan para que cuiden la infraestructura de Colombia, todos los oleoductos”, explicó el director de Reclutamiento del Ejército, coronel Pedro Prieto. A un soldado bachiller no se le remunera con un sueldo, se le da una bonificación de $90.000 mensuales para que compre elementos de aseo. “Los jóvenes no ven en las Fuerzas Armadas un camino para proyectarse, para hacer una carrera digna, bien paga. Si te dicen que te presentes por un salario de nada para ir a regiones alejadas de tu familia, pues no lo haces”, asegura Carreño.

“Faltan incentivos para animar a las personas a que presten el servicio militar obligatorio y no toque conducirlas, sino que la situación sea más voluntaria”, reconoce también el coronel Prieto. Mientras los jóvenes no se están presentando voluntariamente, la presión para enlistarlos es enorme: la cuota de reclutamiento proyectada para 2014 es de 80.000 hombres, y a cuatro meses de que se acabe el año tienen cerca de la mitad. Esta situación ha hecho que se intensifiquen los operativos de reclutamiento en todo el país.

¿Panfletos o volantes?

Esta semana, el teniente coronel José Antonio Carrillo Rubio, comandante de la Decimotercera Zona de Reclutamiento de Bogotá, afirmó en un medio de comunicación que los 10.000 volantes que, con apoyo financiero del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac), se han repartido en Bogotá desde el principio de este año para explicar el derecho fundamental a objetar conciencia frente al servicio militar obligatorio eran ilegales y supuestamente estaban ayudando a que los jóvenes no se presentaran voluntariamente. El coronel dio algunas cifras: en la capital se convocó a 8.000 jóvenes en la última jornada de reclutamiento y sólo se presentaron 1.000.

Como era de esperarse, esto generó fuertes críticas: Acooc, el Comité Permanente de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobierno y otras entidades del Distrito criticaron duramente esta comunicación. Quizás el más temerario fue el alcalde mayor, Gustavo Petro, quien arremetió contra los procedimientos del Ejército para reclutar jóvenes y afirmó en su cuenta de Twitter que las batidas eran ilegales y tipificaban secuestro simple. Una muestra más de la relación cada vez más tensa entre la administración local y el Ejército al respecto.

Mientras tanto, Diego Carreño, el vocero de Acooc, insiste en que las declaraciones del comandante de la Decimotercera Zona de Reclutamiento de Bogotá revelan lo difícil que es objetar conciencia frente al servicio militar. En la práctica, la sentencia C-728 de 2009, que protegió este derecho, se ha quedado coja. Esto porque, en la mayoría de casos, cuando los jóvenes se declaran objetores de conciencia ningún militar los reconoce como tales y es común que digan que eso no ha sido reglamentado y no hay una ley que les indique cómo actuar en esas situaciones.

Por eso las organizaciones que respaldan la objeción de conciencia han presentado al Congreso ocho proyectos de ley desde 2009, pero todos se han hundido. En septiembre esperan presentar una vez más la iniciativa que propone que quien argumente razones de conciencia para no empuñar un fusil pueda prestar un servicio social alternativo para la paz, enfocado en actividades como la promoción de la memoria, el trabajo con víctimas y excombatientes, entre otras.

Lo cierto es que, junto a esa iniciativa, hay dos más que harán trámite en esta legislatura y que transformarían el panorama. El primero lo presentó la bancada del movimiento MIRA y busca eliminar la libreta militar como requisito para trabajar o graduarse de la universidad. Y el segundo, que impulsan los congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe, pretende eliminar la obligatoriedad del servicio militar.

Una promesa que también hizo en su campaña a la reelección el presidente Juan Manuel Santos. Por lo pronto, mientras se suman voluntades en el Congreso y se cumplen promesas electorales, sujetas a los vientos de la paz con las Farc que vengan de La Habana, las batidas de jóvenes en barrios pobres seguirán siendo una realidad.