19 Aug 2021 - 8:39 p. m.

¿Por qué no gustó el comando de Claudia López para judicializar migrantes?

Tras la negativa del Gobierno Nacional de la creación del grupo integrado por la Policía, Migración Colombia y Fiscalía, la mandataria tuvo que descartar la medida. El debate no solo es por la estigmatización y xenofobia que puede generar sino por los argumentos y la pertinencia de estas acciones.
En Bogotá hay 340.711 venezolanos, que corresponde al 20 % de migrantes que ha llegado al país.
En Bogotá hay 340.711 venezolanos, que corresponde al 20 % de migrantes que ha llegado al país.

El Distrito ha tomado en la última semana una serie de medidas para enfrentar la criminalidad en la ciudad, debido a que, a pesar de que las cifras muestran una reducción en delitos como el hurto a residencias, otro es el panorama en casos como el robo a personas y los homicidios. Es más, no solo han aumentado, sino que se evidencia una mayor violencia.

Y como parte de la estrategia, la alcaldesa Claudia López anunció el miércoles la conformación de un comando estratégico, para combatir a las bandas delincuenciales que reclutan migrantes. Su idea era crear un grupo integrado por la Policía, Migración Colombia y la Fiscalía, cuyo objetivo era identificar a los extranjeros que delinquen en la capital, debido a que este ha sido uno de los principales inconvenientes a la hora de llevarlos ante la justicia.

Pero en la mañana de este jueves López tuvo que rectificar, ante el rechazo que tuvo su idea en varios sectores. En principio, el Gobierno Nacional salió a reprochar la creación del comando, al indicar que este tipo de decisiones solo las hace Presidencia. Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, indicó que el trabajo debía concentrarse en la defensa de los colombianos y la protección de los migrantes, la mayoría de los cuales tienen buen comportamiento.

“Aquellos casos pequeños, en los cuales se han dado situaciones de criminalidad absolutamente reprochables, la posición continúa siendo la no deportación, no expulsión. Una persona que comete un delito debe ser una persona que debe ser judicializada con independencia o distingo de su origen o nacionalidad”, aseguró Espinosa.

En respuesta, la alcaldesa bogotana indicó que respetaba, pero no compartía la decisión del Gobierno y argumentó su postura, señalando que “la nacionalidad nada tiene que ver con la criminalidad, pero la impunidad sí la incrementa”. Seguido a esto, indicó que los criminales no iban a hacer fila en Migración para que sepamos quiénes son. “Si no vamos a las calles y hacemos identificación forzosa para poderlos presentar al fiscal al juez, seguirá la violencia y la impunidad”.

Más allá de las decisiones del Gobierno Nacional, la propuesta ha sido objeto de distintos análisis con respecto al mensaje que se envía a la ciudadanía y las consecuencias de su aplicación, dado de que, por medio esta, como señala Lucas Gómez, Gerente de Fronteras de Presidencia, “el riesgo principal es la xenofobia y la estigmatización”. Esto mismo alertó la CIDH, argumentando que este tipo de políticas públicas, “que califican a personas migrantes como delincuentes, promueven la estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas del aumento de índices de violencia y criminalidad de los Estados”.

Y desde ya se evidencia. De acuerdo con el Barómetro de la Xenofobia, con el anuncio se presentó un aumento en la cantidad de mensajes de xenofobia del 171 % respecto al promedio de los últimos 7 días, siendo los que incitan a la violencia contra los migrantes los que más crecieron. Para Alejandro Daly, codirector del Barómetro, sumado a esto pueden presentarse otras condiciones como el abuso de autoridad, dado que “la policía te puede coger y no te van a judicializar sino a deportar. Entonces se pueden generar mayores violaciones a los derechos humanos como deportaciones arbitrarias”.

Junto a esto, Daly advierte que no se conocen las razones que se tuvieron para proponer este comando, dado que, de acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana, de los cerca de 17.000 detenidos este año, 2.470 fueron extranjeros, es decir tres de cada 20 capturados, “pero no se aclara las razones de las capturas ni reporte de cuántos fueron por hechos violentos. No hay datos que respalden la medida”.

En cuanto a la seguridad, Andrés Macías, profesor de la Universidad Externado, señala que hay varios factores cuestionables en la medida, entre ellos, la forma en que se dio el mensaje. “Existen iniciativas dentro de la Secretaría de Seguridad dirigidas a enfrentar el crimen organizado, con la que han logrado desarticular bandas en estos meses, pero ayer se le dio más relevancia que a las demás iniciativas para enfrentar el crimen y se entendió como si el escuadrón fuera a tener una gran preponderancia en la seguridad. Ahí está el error, esta mañana el secretario intentó aclararlo, señalando que se debe perseguir el crimen sin importar la nacionalidad de quién lo comete”.

Así mismo, Macías manifiesta que es un error vincular el registro de los migrantes con la judicialización, dado que el mensaje que se da es que el registro no es para garantizarles acceso a derecho fundamentales una vez son legalizados, sino que se asocia la identificación con el procesamiento por un delito.

“Deben ir separados y claramente, si una persona comete un crimen, seguramente el registro va a brindar más información, pero el proceso no debe darse al revés. Son dos estrategias diferentes, una de regularización de extranjeros y otra de seguridad. Se podrán apoyar, pero la medida no debe estar focalizada a perseguir extranjeros, porque no son la mayoría de los que cometen los delitos”.

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