Por vivir cerca de una antena, dicen ver hasta pequeños rayos

La ubicación de antenas de telecomunicaciones en la ciudad ha generado controversia en el último año. Luego de que la Procuraduría ordenó suspender una instalación en el barrio Chicó II y que las comunidades de El Moral, Suba y Modelo Norte rechazaron la presencia de estos artefactos en sus parques, comenzaron las preguntas sobre los posibles efectos que pueden tener las antenas sobre las personas que viven cerca.

Y como parte de ese grupo lleno de dudas están los habitantes del edificio Mirador del Pinar, en el barrio Victoria Norte (Suba), que comenzaron a cuestionar la presencia de una antena, con diez divisiones de ondas electromagnéticas de telefonía celular, que está en un edificio aledaño, de cinco pisos.

La primera alerta la lanzó una de las familias que vive justo al frente de la antena. Aseguran que, en las noches, al levantar las cobijas, es tal la estática que se ven formarse pequeños rayos. “Estamos en el sexto piso, al frente de la antena y, además, tenemos unos ventanales grandes. Todo el día nos pasamos corrientazos, nos da insomnio y otros síntomas que compartimos con vecinos del mismo piso”, dice Maritza, habitante del edificio.

Ante esto, en agosto del año pasado, comenzaron a enviar derechos de petición a todas las entidades involucradas en la regulación de las antenas. La Subred Norte, de la Secretaría de Salud, hizo una visita el 17 de septiembre de 2019, en la que hicieron una encuesta a cuatro familias. La conclusión no fue alentadora. Para comenzar, la entidad dijo que si bien los habitantes aseguran sentirse afectados por la antena, ellos usan más de dos horas el televisor y el computador.

Señala que los vecinos refieren síntomas como fatiga, pérdida de la memoria, alteraciones visuales y auditivas, dolor de cabeza, tendencia depresiva y taquicardia, entre otras. Aunque “la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer estableció que las emisiones de las antenas se encuentran dentro del grupo 2B, como factor posiblemente cancerígeno para los humanos, no hay pruebas concluyentes que aseguren que las emisiones puedan afectar la salud”, dice el informe.

Por último, concluye que bajo la reglamentación nacional no tienen competencia para verificar la legalidad de la antena, por lo que trasladaron el caso a la Agencia Nacional de Espectro (ANE), que a su vez aseguró que el artefacto de comunicaciones cumple con los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, por lo que no consideran viable revisar su posible reubicación.

Por su parte la Secretaría de Planeación indica que estos servicios no están obligados a realizar mediciones ni a presentar la declaración de conformidad de emisión electromagnética, ni hay restricciones en zonas residenciales. Además, que la telefonía móvil celular cumple los parámetros internacionales, de los organismos competentes, que aseguran que sus ondas no tienen efecto sobre la salud.

Pese a que las respuestas indican que la antena, instalada hace más de diez años en la zona, cumple con todas las condiciones, los habitantes del edificio Mirador del Pinar temen que no se esté teniendo en cuenta que el artefacto no está encima sino al frente de sus ventanas, a menos de diez metros y que debido a sus dimensiones puede generar peligrosas ondas eléctricas y riesgos de desplome.

“Lo que siento es que nosotros somos el Chernóbil del barrio. Nosotros, por ahora, solo hemos puesto derechos de petición y estamos pidiendo que la antena sea trasladada, acogidos a la sentencia de la Corte Constitucional que determina que si se comprueba la existencia de un peligro, debe aplicarse el principio de precaución”, manifiesta Maritza.

La revisión de la exposición a campos electromagnéticos está en manos de la Agencia Nacional del Espectro, que (por la reglamentación que se actualizó en 2018), debe expedir el permiso cada cinco años. El Distrito ha recalcado que se cambió el trámite de los permisos en la ciudad para que se dé una redistribución más eficiente del espacio público, así como para que también se mejore la conectividad y el acceso a las buenas tecnologías, atendiendo la alerta que hizo la Personería el año pasado, en la que señalaba que solo el 6 % de las antenas en la ciudad cumplía con los parámetros legales.

Las nuevas condiciones no solo obligan a los operadores a realizar estudios de factibilidad y hacer la socialización con las comunidades, sino a tramitar las licencias para intervenir y pagar la retribución por uso del suelo al IDU, IDRD o el Dadep (según el sitio).

Por ahora, los habitantes del barrio Victoria Norte esperan que sean tenidas en cuenta sus consideraciones y la antena sea trasladada, como en el caso de un barrio en el norte de Bogotá, donde por presuntas afectaciones a un menor de dos años, que presentó alteraciones nerviosas, se ordenó quitar una antena que estaba a 25 metros de su vivienda.

Aunque no se hayan comprobado afectaciones de las ondas en medio de zonas residenciales, sin duda la instalación de antenas seguirá siendo un tema que incomoda a los ciudadanos, pese a las necesidades tecnológicas que la urbe exige y las garantías que el Distrito asegura dar.

La ubicación de antenas de telecomunicaciones en la ciudad ha generado controversia en el último año. Luego de que la Procuraduría ordenó suspender una instalación en el barrio Chicó II y que las comunidades de El Moral, Suba y Modelo Norte rechazaron la presencia de estos artefactos en sus parques, comenzaron las preguntas sobre los posibles efectos que pueden tener las antenas sobre las personas que viven cerca.

Y como parte de ese grupo lleno de dudas están los habitantes del edificio Mirador del Pinar, en el barrio Victoria Norte (Suba), que comenzaron a cuestionar la presencia de una antena, con diez divisiones de ondas electromagnéticas de telefonía celular, que está en un edificio aledaño, de cinco pisos.

La primera alerta la lanzó una de las familias que vive justo al frente de la antena. Aseguran que, en las noches, al levantar las cobijas, es tal la estática que se ven formarse pequeños rayos. “Estamos en el sexto piso, al frente de la antena y, además, tenemos unos ventanales grandes. Todo el día nos pasamos corrientazos, nos da insomnio y otros síntomas que compartimos con vecinos del mismo piso”, dice Maritza, habitante del edificio.

Ante esto, en agosto del año pasado, comenzaron a enviar derechos de petición a todas las entidades involucradas en la regulación de las antenas. La Subred Norte, de la Secretaría de Salud, hizo una visita el 17 de septiembre de 2019, en la que hicieron una encuesta a cuatro familias. La conclusión no fue alentadora. Para comenzar, la entidad dijo que si bien los habitantes aseguran sentirse afectados por la antena, ellos usan más de dos horas el televisor y el computador.

Señala que los vecinos refieren síntomas como fatiga, pérdida de la memoria, alteraciones visuales y auditivas, dolor de cabeza, tendencia depresiva y taquicardia, entre otras. Aunque “la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer estableció que las emisiones de las antenas se encuentran dentro del grupo 2B, como factor posiblemente cancerígeno para los humanos, no hay pruebas concluyentes que aseguren que las emisiones puedan afectar la salud”, dice el informe.

Por último, concluye que bajo la reglamentación nacional no tienen competencia para verificar la legalidad de la antena, por lo que trasladaron el caso a la Agencia Nacional de Espectro (ANE), que a su vez aseguró que el artefacto de comunicaciones cumple con los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, por lo que no consideran viable revisar su posible reubicación.

Por su parte la Secretaría de Planeación indica que estos servicios no están obligados a realizar mediciones ni a presentar la declaración de conformidad de emisión electromagnética, ni hay restricciones en zonas residenciales. Además, que la telefonía móvil celular cumple los parámetros internacionales, de los organismos competentes, que aseguran que sus ondas no tienen efecto sobre la salud.

Pese a que las respuestas indican que la antena, instalada hace más de diez años en la zona, cumple con todas las condiciones, los habitantes del edificio Mirador del Pinar temen que no se esté teniendo en cuenta que el artefacto no está encima sino al frente de sus ventanas, a menos de diez metros y que debido a sus dimensiones puede generar peligrosas ondas eléctricas y riesgos de desplome.

“Lo que siento es que nosotros somos el Chernóbil del barrio. Nosotros, por ahora, solo hemos puesto derechos de petición y estamos pidiendo que la antena sea trasladada, acogidos a la sentencia de la Corte Constitucional que determina que si se comprueba la existencia de un peligro, debe aplicarse el principio de precaución”, manifiesta Maritza.

La revisión de la exposición a campos electromagnéticos está en manos de la Agencia Nacional del Espectro, que (por la reglamentación que se actualizó en 2018), debe expedir el permiso cada cinco años. El Distrito ha recalcado que se cambió el trámite de los permisos en la ciudad para que se dé una redistribución más eficiente del espacio público, así como para que también se mejore la conectividad y el acceso a las buenas tecnologías, atendiendo la alerta que hizo la Personería el año pasado, en la que señalaba que solo el 6 % de las antenas en la ciudad cumplía con los parámetros legales.

Las nuevas condiciones no solo obligan a los operadores a realizar estudios de factibilidad y hacer la socialización con las comunidades, sino a tramitar las licencias para intervenir y pagar la retribución por uso del suelo al IDU, IDRD o el Dadep (según el sitio).

Por ahora, los habitantes del barrio Victoria Norte esperan que sean tenidas en cuenta sus consideraciones y la antena sea trasladada, como en el caso de un barrio en el norte de Bogotá, donde por presuntas afectaciones a un menor de dos años, que presentó alteraciones nerviosas, se ordenó quitar una antena que estaba a 25 metros de su vivienda.

Aunque no se hayan comprobado afectaciones de las ondas en medio de zonas residenciales, sin duda la instalación de antenas seguirá siendo un tema que incomoda a los ciudadanos, pese a las necesidades tecnológicas que la urbe exige y las garantías que el Distrito asegura dar.