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21 Jun 2022 - 8:43 p. m.

Preocupación en Cundinamarca por costos ambientales de la exploración petrolera

Las denuncias de desastres ambientales ligados a la exploración petrolera en zonas cercanas, han hecho eco en Cundinamarca, donde se aproximan nuevas exploraciones. En sentido, San Luis de Gaceno, en Boyacá, desde hace varios se denuncia la presencia de combustibles en los nacimientos de agua, con nefastas consecuencias ambientales y sociales.
Fernan Fortich

Fernan Fortich

Periodista sección Bogotá
(Imagen de referencia) Las comunidades indican que los animales que consumen agua del sector han presentado afectaciones, en particular las vacas, en las cuales se han disparado los casos de aborto en su último tercio de gestación.
(Imagen de referencia) Las comunidades indican que los animales que consumen agua del sector han presentado afectaciones, en particular las vacas, en las cuales se han disparado los casos de aborto en su último tercio de gestación.
Foto: Agencia Bloomberg

En marzo de 2022, la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) amplió la zona del Área de Perforación Exploratoria (APE) Medina, que incluye varios municipios de Cundinamarca y Boyacá, ubicados en el Piedemonte Llanero, en el centro del país.

El proceso amplió la zona de exploración y explotación a 11 mil hectáreas, lo que significa 3 mil hectáreas más que lo que estaba permitido desde 1998. Esta área está en manos de Ecopetrol, cuya intención de aumentar los pozos de extracción de hidrocarburos ha sido rechazada por comunidades de varios municipios de la nueva área de influencia.

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En ese sentido, los habitantes y grupos ambientalistas de Santa María, Ubalá y Medina (Cundinamarca) han protestado por la iniciativa petrolera, por sus altos costos ambientales y sociales, debido a que en esta zona hay una serie de áreas de conservación, reservas naturales y nacimientos de agua, provenientes de las cordilleras.

Por el momento, las comunidades y Ecopetrol están a la espera de una respuesta de la autoridad ambiental, ante de una serie de recursos interpuestos por las delimitaciones del nuevo polígono, que podría definir la escala y envergadura del proyecto. Esto último tiene activa la preocupación sobre el futuro de estos municipios, ubicados en una región que ha denunciado por años las catástrofes ambientales a causa de la extracción del “oro negro”.

En ese sentido, denuncias de problemas ambientales y sociales en un municipio vecino en Boyacá, donde nacimientos de agua están contaminadas con combustible, aumentan la prevención de las comunidades en Cundinamarca.

El temor de que se repita la historia

“En esa situación que está pasando en San Luis, que es aquí cerquita, mi labor ha sido contarles a las comunidades, que se den cuenta de lo que está pasando, y cómo no podemos ser ajenos a los que nos espera acá en el territorio”, dijo Mariel Vargas, presidente de la veeduría ciudadana Sumak Kawsay.

La situación a la que se refiere Vargas ocurre hace cerca de una década en el municipio de San Luis de Gaceno, en la punta sur de departamento de Boyacá. Allí, ríos y quebradas han empezado a brotar combustibles, que estarían ligados con una explotación minera por la multinacional Nikoil.

Cabe resaltar que esta empresa opera en esta zona desde 2012, a través de un modelo de asociación con Ecopetrol, a través un modelo asociatividad. Allí, en hace tres años, varias veredas del municipio se quedaron sin agua, al parecer por la operación de la petrolera, debido a que se redujo sustancialmente el caudal de las fuentes hídricas y el que tenían disponible estaba contaminado.

Otra situación que denuncian los habitantes y líderes sociales del sector se refiere a una presunta acción que realizó Nikoil hace algunos años, durante un desabastecimiento de agua en el municipio. Para la operación de exploración es necesaria el agua, que se utiliza principalmente para la preparación de los fluidos de perforación, cuyas funciones son lubricar, limpiar y enfriar el pozo; controlar los fluidos de producción, y filtraciones.

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Ante la falta de agua, las comunidades denuncian que la petrolera habría traído varios camiones con ACPM y los inyectó en los pozos para continuar con la exploración, lo que habría traído consigo importantes impactos ambientales. Para respaldar esta afirmación, la comunidad recogió unas muestras de los ríos y quebradas de la zona, que fueron enviados para su análisis de laboratorios en Houston (Estado Unidos), cuyos resultados corroboraron la presencia de un hidrocarburo refinado.

Por su parte, la petrolera se defiende negando tal hecho y, según líderes ambientales que asistieron a mesas de concertación, la empresa señala que la causa de la contaminación de los ríos se debe a tanques de combustible debajo de fincas del sector, que estarían contaminando los recursos hídricos de la zona. En ese sentido, líderes sociales indican que la actuación de las autoridades ambientales no ha sido efectiva.

Los impactos en el ambiente y la biodiversidad son claros. En sentido, las comunidades indican que los animales que consumen agua del sector han presentado afectaciones, en particular las vacas, en las cuales se han disparado los casos de aborto en su último tercio de gestación. Lo mismo ocurre con las especies de anfibios, crustáceos, celenterados, arácnidos, entre otros, que mueren por quedar pegados con la mancha aceitosa que brota de estas fuentes. “Otro problema económico que afecta a los finqueros propietarios es que el valor de sus tierras quedó en cero pesos, ya que nadie ofrece por estas fincas”, aseguró Vargas.

En el 2021 el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó establecer una red de monitoreo de aguas entre la plataforma de los pozos y los afloramientos de agua, para controlar la contaminación. Esta decisión fue incumplida por la petrolera, según lo denunció el representante a la Cámara, Wilmer Leal Pérez. Frente a estas situaciones se han mantenido múltiples mesas con las autoridades y entes de control, sin embargo, no se han obtenido soluciones de fondo.

Lo que viene para los municipios de Cundinamarca

Por el momento, se está a la espera de la decisión de la ANLA, ante los recursos interpuestos por ambas partes, cuyo plazo está cerca a vencerse. Esto definiría, por ejemplo, la extensión de las vías que podrían ser construidas en la zona, así como ciertas zonas de conservación que podría, o no, ser intervenidas.

“Pedimos que se abstengan de realizar estos proyectos. Tenemos ejemplos de municipios vecinos en donde vemos estas imágenes que son realmente preocupantes para la comunidad y amenaza nuestra tranquilidad ambiental, nuestras fuentes hídricas, la fauna y la flora y toda la riqueza forestal que tenemos en nuestro territorio”, manifestó Crispín Beltrán, alcalde de Ubalá.

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En ese sentido, la comunidad espera que la autoridad ambiental se mantenga firme en su posición para evitar futuras tragedias ambientales, como las que ya han ocurrido en la región.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Fernan Fortich

Por Fernan Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, sociales, de migración y cultura. @fernanfortichrffortich@elespectador.com
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