¿Préstamos o subsidios?

Los cinco convenios que firmó en 2013 el Distrito para capacitar y legalizar a comerciantes informales a través de microcréditos con recursos públicos, impulsando nuevos negocios, fueron ayer objeto de control político en el Concejo de Bogotá. A pesar de que se reconoció la importancia del programa, según la denuncia que hizo el concejal Javier Palacio, el plan aparentemente se ha desviado de su objetivo al convertir un apalancamiento financiero en una política de subsidios.

Los convenios cuestionados fueron los que firmó el Distrito en 2013 con la Corporación Minuto de Dios, el Banco Agrario y la Cooperativa Financiera Confiar. Todos sumaron $38.240 millones, de los cuales el Distrito puso $30.400 millones. La meta era ofrecerles a los vendedores que ocupan el espacio público una alternativa, a través de capacitación y capital semilla (microcréditos), para que crearan sus propias empresas e incluso generaran empleo. Otro frente era el fortalecimiento de proyectos productivos, como famiempresas, talleres en casa, cafés internet y mininegocios de barrio.

Sin embargo, según el concejal Palacio, este objetivo no se ha cumplido en parte. Para él, los préstamos que ha hecho el Distrito a través de los convenios que firmaron la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto de Política para la Economía Social (IPES) se han vuelto en algunos casos créditos de difícil retorno, y en otros los beneficiarios los han usado, más que para formalizar su actividad, fortaleciendo negocios que invaden el espacio público.

Para completar, “los créditos, debido a su incierta recuperación, estuvieron respaldados por un fondo de protección de cartera, que correspondía al 5% del valor del crédito, de los cuales el 4% lo asumía el Distrito y el 1% se le descontaba al beneficiario”. Entre los proyectos que se beneficiaron y no pagaron estarían bicicleterías, dulcerías, negocios de ventas de prendas de segunda, de manía, de antigüedades, de CD, de libros y hasta clases de parranda vallenata.

Ante la denuncia, Freddy Camilo Gómez, director del IPES, defendió la gestión del Distrito y le respondió al concejal que han sido más los logros que los tropiezos. “Hemos hecho un esfuerzo importante por tener una política de apalancamiento financiero para personas que quieran retirarse del espacio público y que quieran formar empresa, tomando las medidas para garantizar que van a pagar los créditos, y son pocos los que han incumplido. Hemos atendido 1.552 unidades de la economía popular y promovido 736 proyectos de emprendimientos de negocios certificados y que han pagado sus créditos. Además hemos fortalecido 144 proyectos productivos y hecho 72 ferias empresariales”.

“No estamos promoviendo ni financiando la ilegalidad. Buscamos que los beneficiarios garanticen que se retiran del espacio público. Sé que el concejal denunció casos puntuales de beneficiarios que no pagaron sus créditos o que siguen vendiendo en las calles, a pesar de participar en el programa. Ante esto le ordené a mi equipo que precisen los casos que denunció Palacio para tomar las medidas pertinente”, concluyó Gómez.

Los cinco convenios que firmó en 2013 el Distrito para capacitar y legalizar a comerciantes informales a través de microcréditos con recursos públicos, impulsando nuevos negocios, fueron ayer objeto de control político en el Concejo de Bogotá. A pesar de que se reconoció la importancia del programa, según la denuncia que hizo el concejal Javier Palacio, el plan aparentemente se ha desviado de su objetivo al convertir un apalancamiento financiero en una política de subsidios.

Los convenios cuestionados fueron los que firmó el Distrito en 2013 con la Corporación Minuto de Dios, el Banco Agrario y la Cooperativa Financiera Confiar. Todos sumaron $38.240 millones, de los cuales el Distrito puso $30.400 millones. La meta era ofrecerles a los vendedores que ocupan el espacio público una alternativa, a través de capacitación y capital semilla (microcréditos), para que crearan sus propias empresas e incluso generaran empleo. Otro frente era el fortalecimiento de proyectos productivos, como famiempresas, talleres en casa, cafés internet y mininegocios de barrio.

Sin embargo, según el concejal Palacio, este objetivo no se ha cumplido en parte. Para él, los préstamos que ha hecho el Distrito a través de los convenios que firmaron la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto de Política para la Economía Social (IPES) se han vuelto en algunos casos créditos de difícil retorno, y en otros los beneficiarios los han usado, más que para formalizar su actividad, fortaleciendo negocios que invaden el espacio público.

Para completar, “los créditos, debido a su incierta recuperación, estuvieron respaldados por un fondo de protección de cartera, que correspondía al 5% del valor del crédito, de los cuales el 4% lo asumía el Distrito y el 1% se le descontaba al beneficiario”. Entre los proyectos que se beneficiaron y no pagaron estarían bicicleterías, dulcerías, negocios de ventas de prendas de segunda, de manía, de antigüedades, de CD, de libros y hasta clases de parranda vallenata.

Ante la denuncia, Freddy Camilo Gómez, director del IPES, defendió la gestión del Distrito y le respondió al concejal que han sido más los logros que los tropiezos. “Hemos hecho un esfuerzo importante por tener una política de apalancamiento financiero para personas que quieran retirarse del espacio público y que quieran formar empresa, tomando las medidas para garantizar que van a pagar los créditos, y son pocos los que han incumplido. Hemos atendido 1.552 unidades de la economía popular y promovido 736 proyectos de emprendimientos de negocios certificados y que han pagado sus créditos. Además hemos fortalecido 144 proyectos productivos y hecho 72 ferias empresariales”.

“No estamos promoviendo ni financiando la ilegalidad. Buscamos que los beneficiarios garanticen que se retiran del espacio público. Sé que el concejal denunció casos puntuales de beneficiarios que no pagaron sus créditos o que siguen vendiendo en las calles, a pesar de participar en el programa. Ante esto le ordené a mi equipo que precisen los casos que denunció Palacio para tomar las medidas pertinente”, concluyó Gómez.