Primeras pistas sobre el horror del “9S”

Una semana después de las noches de desasosiego que vivieron Bogotá y Soacha, quizá las más impresionantes en lo que va del siglo, siguen revelándose detalles de las batallas campales que dejaron 12 muertos y 403 heridos, y sobre la muerte de Javier Ordóñez, hecho que desató las protestas. Al respecto, mientras el Ministerio de Defensa reconoció que se trató de un asesinato, la Fiscalía y la Procuraduría avanzan en las investigaciones para procesar formalmente a los uniformados involucrados. En cuanto a los desmanes, la Alcaldía de Bogotá y la Policía, a pesar de su tensa relación, anunciaron los avances en la búsqueda de los responsables de vandalizar estaciones policiales, así como de los agentes que dispararon contra las multitudes.

Todo esto sucedió justo ayer, cuando se llevaron a cabo las honras fúnebres de Ordóñez, en una ceremonia sobria, a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. En medio del dolor, los allegados pidieron a la ciudadanía indignada por el caso que no utilice la memoria de Javier para generar más violencia. También a los gobiernos nacional y distrital para que se haga justicia y se sepa cómo ocurrió la muerte, de la que poco a poco se conocen más detalles. Los resultados preliminares de la inspección en Medicina Legal y Fiscalía indican que el homicidio ocurrió por golpes con objetos contundentes.

De acuerdo con su familia, Ordóñez tenía nueve fracturas en el cráneo, contusiones en las costillas y el hígado con daños irreversibles. Todo indica que estas heridas las recibió en el CAI de Villa Luz, al que lo trasladaron los patrulleros, luego de haberlo reducido en la calle mediante 13 descargas eléctricas con las pistolas taser. Ya se conocía el relato de uno de los amigos de la víctima, quien dijo haber visto que los policías le dieron una golpiza en el CAI y lo trasladaron malherido a un hospital, a donde llegó sin vida.

El testimonio coincide con el reporte de la clínica Santa María del Lago, que trascendió ayer en varios medios, en el que se da cuenta que Ordóñez llegó al centro médico a la 1:37 a.m. sin signos vitales y “lividez dorsal”. Según la historia clínica, el hombre de 44 años fue declarado muerto a la 1:40 a.m. por “múltiples golpes contundentes en múltiples segmentos corporales y con pistolas eléctricas, lesiones infligidas por policías”.

Ante las evidencias, el propio Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, reconoció que “unos policías mataron a un ciudadano, deshonraron el uniforme y violentaron las normas de comportamiento ético”. Por su parte, la Procuraduría citó a los dos patrulleros involucrados en la muerte de Ordóñez el próximo 1° de octubre a una audiencia con la que comenzará el juicio disciplinario.

De forma previa, el Ministerio Público anunció que los uniformados habrían incurrido en abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio. Similares argumentos esgrimió la justicia penal militar para dejar en manos de la Fiscalía y la justicia ordinaria el caso, al considerar que hubo una violación a los derechos humanos y que la muerte no tuvo nada que ver con un acto del servicio.

Tras los responsables del pánico

Mientras avanzan las indagaciones sobre el homicidio, la Alcaldía de Bogotá y la Policía encuentran los primeros consensos en medio de las diferencias, que se hicieron más profundas durante estos días. Tras un consejo de seguridad que se llevó a cabo el martes, la alcaldesa Claudia López y el comandante encargado de la Policía de Bogotá, general Carlos Rodríguez, dieron a conocer un cartel tipo “Se busca” con parte de los rostros (casi todos están cubiertos con tapabocas o capuchas) de 13 personas que supuestamente lideraron los actos vandálicos de esas noches, que terminaron con los destrozos a varios CAI.

Para realizar esta identificación se revisaron más de 200 videos de los disturbios ocurridos en 29 puntos de la capital, sobre todo en barrios como Villa Luz, La Gaitana, Normandía, El Porvenir y Piamonte, donde se incineraron las estaciones de policía. Para dar con el paradero de los señalados, el Distrito ofreció una recompensa de hasta $3 millones por información que ayude a tener los nombres y el paradero de los sospechosos.

De igual forma, la alcaldesa López manifestó que, así como se dará captura a esas personas que lideraron las jornadas de violencia contra la Policía, van a llegar al fondo de los casos de abuso policial y se adelanta la investigación contra los uniformados que dispararon sus armas contra los manifestantes, lo que derivó en la muerte de nueve personas en Bogotá y tres en Soacha.

Para avanzar en ese frente, el Distrito recopiló más de hora y media de grabaciones y las envió a la Policía, la Procuraduría y la Presidencia para intentar identificar a los agentes. Por lo pronto, la Policía reconoció que 56 policías accionaron sus pistolas y anunció que hay 43 investigaciones disciplinarias en curso sobre excesos de poder denunciados en esos dos días.

En ambos procesos será clave la información de la ciudadanía, que mediante videos de celular, cámaras de seguridad o testimonios podrá aportar en la búsqueda de los vándalos que perpetraron los destrozos y los policías que dispararon sus armas sin justificación. En este momento, luego de las jornadas de extrema exaltación, lo único que queda es que la unión de Distrito, Policía y ciudadanos lleve a solucionar las diferencias y calmar las aguas.

Una semana después de las noches de desasosiego que vivieron Bogotá y Soacha, quizá las más impresionantes en lo que va del siglo, siguen revelándose detalles de las batallas campales que dejaron 12 muertos y 403 heridos, y sobre la muerte de Javier Ordóñez, hecho que desató las protestas. Al respecto, mientras el Ministerio de Defensa reconoció que se trató de un asesinato, la Fiscalía y la Procuraduría avanzan en las investigaciones para procesar formalmente a los uniformados involucrados. En cuanto a los desmanes, la Alcaldía de Bogotá y la Policía, a pesar de su tensa relación, anunciaron los avances en la búsqueda de los responsables de vandalizar estaciones policiales, así como de los agentes que dispararon contra las multitudes.

Todo esto sucedió justo ayer, cuando se llevaron a cabo las honras fúnebres de Ordóñez, en una ceremonia sobria, a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. En medio del dolor, los allegados pidieron a la ciudadanía indignada por el caso que no utilice la memoria de Javier para generar más violencia. También a los gobiernos nacional y distrital para que se haga justicia y se sepa cómo ocurrió la muerte, de la que poco a poco se conocen más detalles. Los resultados preliminares de la inspección en Medicina Legal y Fiscalía indican que el homicidio ocurrió por golpes con objetos contundentes.

De acuerdo con su familia, Ordóñez tenía nueve fracturas en el cráneo, contusiones en las costillas y el hígado con daños irreversibles. Todo indica que estas heridas las recibió en el CAI de Villa Luz, al que lo trasladaron los patrulleros, luego de haberlo reducido en la calle mediante 13 descargas eléctricas con las pistolas taser. Ya se conocía el relato de uno de los amigos de la víctima, quien dijo haber visto que los policías le dieron una golpiza en el CAI y lo trasladaron malherido a un hospital, a donde llegó sin vida.

El testimonio coincide con el reporte de la clínica Santa María del Lago, que trascendió ayer en varios medios, en el que se da cuenta que Ordóñez llegó al centro médico a la 1:37 a.m. sin signos vitales y “lividez dorsal”. Según la historia clínica, el hombre de 44 años fue declarado muerto a la 1:40 a.m. por “múltiples golpes contundentes en múltiples segmentos corporales y con pistolas eléctricas, lesiones infligidas por policías”.

Ante las evidencias, el propio Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, reconoció que “unos policías mataron a un ciudadano, deshonraron el uniforme y violentaron las normas de comportamiento ético”. Por su parte, la Procuraduría citó a los dos patrulleros involucrados en la muerte de Ordóñez el próximo 1° de octubre a una audiencia con la que comenzará el juicio disciplinario.

De forma previa, el Ministerio Público anunció que los uniformados habrían incurrido en abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio. Similares argumentos esgrimió la justicia penal militar para dejar en manos de la Fiscalía y la justicia ordinaria el caso, al considerar que hubo una violación a los derechos humanos y que la muerte no tuvo nada que ver con un acto del servicio.

Tras los responsables del pánico

Mientras avanzan las indagaciones sobre el homicidio, la Alcaldía de Bogotá y la Policía encuentran los primeros consensos en medio de las diferencias, que se hicieron más profundas durante estos días. Tras un consejo de seguridad que se llevó a cabo el martes, la alcaldesa Claudia López y el comandante encargado de la Policía de Bogotá, general Carlos Rodríguez, dieron a conocer un cartel tipo “Se busca” con parte de los rostros (casi todos están cubiertos con tapabocas o capuchas) de 13 personas que supuestamente lideraron los actos vandálicos de esas noches, que terminaron con los destrozos a varios CAI.

Para realizar esta identificación se revisaron más de 200 videos de los disturbios ocurridos en 29 puntos de la capital, sobre todo en barrios como Villa Luz, La Gaitana, Normandía, El Porvenir y Piamonte, donde se incineraron las estaciones de policía. Para dar con el paradero de los señalados, el Distrito ofreció una recompensa de hasta $3 millones por información que ayude a tener los nombres y el paradero de los sospechosos.

De igual forma, la alcaldesa López manifestó que, así como se dará captura a esas personas que lideraron las jornadas de violencia contra la Policía, van a llegar al fondo de los casos de abuso policial y se adelanta la investigación contra los uniformados que dispararon sus armas contra los manifestantes, lo que derivó en la muerte de nueve personas en Bogotá y tres en Soacha.

Para avanzar en ese frente, el Distrito recopiló más de hora y media de grabaciones y las envió a la Policía, la Procuraduría y la Presidencia para intentar identificar a los agentes. Por lo pronto, la Policía reconoció que 56 policías accionaron sus pistolas y anunció que hay 43 investigaciones disciplinarias en curso sobre excesos de poder denunciados en esos dos días.

En ambos procesos será clave la información de la ciudadanía, que mediante videos de celular, cámaras de seguridad o testimonios podrá aportar en la búsqueda de los vándalos que perpetraron los destrozos y los policías que dispararon sus armas sin justificación. En este momento, luego de las jornadas de extrema exaltación, lo único que queda es que la unión de Distrito, Policía y ciudadanos lleve a solucionar las diferencias y calmar las aguas.