Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, argumentando un presunto incumplimiento de sus funciones “al omitir realizar la designación del alcalde local de Usme en el término previsto en la norma”, sentenció.
El proceso que inició la Sala Disciplinaria de Instrucción, busca establecer las posibles irregularidades que se dieron en el trámite, pues el pasado 1 de noviembre de 2024, la Junta Administradora Local (JAL) de la localidad eligió la terna y la puso a consideración del mandatario, sin que hasta la fecha, señalan, se hubiese hecho el nombramiento, pese a haberse surtido todo el trámite administrativo y legal.
Lea más: Recicladores protestan con 9 toneladas de basura plástica en la Plaza de Bolívar
“Aunque el 19 de abril pasado la alcaldía anunció en redes sociales la escogencia de la nueva funcionaria identificada como Leidi Marcela Pinilla Pinilla y su hoja de vida fue publicada el 29 de abril último, a la fecha continúa la interinidad en ese cargo en cabeza de un funcionario del distrito“, detalló el ente disciplinario.
Con la orden de práctica de pruebas, la Procuraduría entonces establecerá si el alcalde Galán actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Hasta el momento, el primer mandatario de Bogotá no se ha pronunciado.
Concejal denunció a alcaldesa electa de Usme
El pasado 12 de abril, el concejal Angelo Schiavenato, denunció la presunta invalidez del proceso de nombramiento de Leidy Marcela Pinilla Pinilla como alcaldesa de la localidad de Usme.
Según el cabildante, Pinilla habría presentado una certificación laboral falsa o que nunca existió para cumplir con el requisito de “arraigo” (decreto 65 de la Ley 1421 de 1993). Esta normativa establece haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral, en la respectiva localidad por lo menos durante dos años antes del cargo, con el fin, en otras palabras, de tener la suficiente experiencia sobre las necesidades de sus habitantes.
Le puede interesar: Descubren nuevo “call center” en La Picota: lograron millonarias rentas ilícitas
Según el concejal, el certificado fechado entre el 5 de enero de 2020 hasta el 4 de diciembre de 2024 por la Corporación Solidaridad y Trabajo, tendría una serie de irregularidades.
“Ella le juró al Ministerio de Trabajo cuando la nombraron allá que no tenía ningún otro contrato, pero mágicamente cuando llega el tema de la Alcaldía, le aparece. Segundo, nunca presentó aportes de seguridad social. Tercero, en el certificado que aportó, no puso la fecha en la que supuestamente trabajó. Cuatro, en la contratación para la prestación de servicios jurídicos, esa Corporación no tenía ni un proceso judicial. Y finalmente, su registro de voto es en Sutamarchán, Boyacá”, relató Schiavenato.
Con estos hechos, el cabildante presentó una denuncia ante la Fiscalía y advirtió que de ser nombrada, interpondría una nulidad simple con suspensión provisional del acto administrativo.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Redacción Bogotá
