El agua subterránea que Coca-Cola capta a través de siete manantiales sigue en el ojo del huracán. Tras los pronunciamientos del Ministerio de Ambiente y de la propia multinacional, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria envió una carta a la CAR Cundinamarca en la que solicita rigor técnico y jurídico en el trámite de prórroga de la concesión de aguas subterráneas de la embotelladora INDEGA, filial de Coca-Cola, en el municipio de La Calera.
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El pronunciamiento llegó días después de que el Ministerio de Ambiente instara públicamente a revisar las condiciones de esa concesión y a priorizar el consumo humano y la protección de los ecosistemas. La cartera ambiental recordó que los permisos deben responder a criterios de sostenibilidad y equidad, sobre todo en zonas de alta presión hídrica como la Sabana de Bogotá.
En su oficio a la CAR, la procuradora de asuntos ambientales Olga Lucía Patín Curé advierte que el informe técnico elaborado por la Dirección de Recursos Naturales “no presenta evidencia científica ni estudios hidrogeológicos propios” que justifiquen la aplicación del principio de precaución, invocado para limitar la prórroga. Esa decisión, afirma la funcionaria, contradice los criterios aplicados en más de 300 concesiones de agua subterránea otorgadas previamente en La Calera bajo el principio de prevención, y pone en duda la coherencia institucional de la autoridad ambiental.
La Procuraduría insistió en que cualquier medida restrictiva debe sustentarse en riesgos comprobados y verificables, no en simples incertidumbres. Además, recordó que el Decreto 155 de 2004 obliga a las corporaciones autónomas a realizar sus propios estudios hidrogeológicos, sin delegar toda la carga técnica en las empresas solicitantes.
Por su parte, la embotelladora aseguró públicamente la semana pasada que cumple “con las condiciones y límites establecidos por la CAR”, que opera bajo los controles exigidos por la licencia y que el agua captada “representa una fracción mínima de los recursos disponibles en la zona”.
A pesar de esas declaraciones, los cuestionamientos ambientales y las dudas ciudadanas persisten. La audiencia pública de septiembre reveló la desconfianza de los habitantes, especialmente del casco urbano de La Calera, ante la falta de estudios actualizados y las posibles afectaciones a los manantiales locales. Durante esa sesión, representantes de la CAR admitieron que algunos informes datan de hace más de una década.
En contraste, campesinos de las veredas cercanas a los manantiales —donde se ubica la planta que capta el agua subterránea— defendieron la concesión, destacando que ha representado una fuente de empleo e inversión en la zona.
El llamado de la Procuraduría llega en un momento álgido del debate sobre la prórroga, que se tramita desde diciembre del año pasado. Congresistas, concejales de Bogotá y el propio Ministerio de Ambiente han pedido a la CAR no renovar la concesión, mientras que desde la embotelladora denuncian presiones políticas para influir en la decisión.
Entre tanto, la CAR Cundinamarca insiste en que su decisión dependerá exclusivamente del análisis técnico de los expedientes y requerimientos surgidos tras la audiencia pública. La entidad afirma que el resultado de este trámite, cualquiera que sea, se tomará de manera independiente y específica respecto al caso de Coca-Cola, y aclara que no afectará las más de 300 concesiones de agua subterránea vigentes en la misma zona de influencia.
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Por Redacción Bogotá
