Procuraduría insiste: trámite del POT de Bogotá debe suspenderse

En respuesta a un derecho de petición presentado por el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), la Procuraduría insiste en que deben suspenderse el trámite alrededor del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, hasta que el Consejo de Estado no dirima el conflicto de competencias que hay entre el ente de control y el Consejo directivo de la CAR con respecto a quien tiene que resolver una recusación que podría en jaque al proyecto. 

Esto se debe a que la Veeduría ciudadana de la reserva Thomas Van der Hammen interpuso una recusación contra el director de la CAR, Néstor Franco, al considerar que "falta al principio de imparcialidad para decidir sobre asuntos de interés para la Alcaldía de Bogotá", por lo que solicita que el funcionario sea apartado del trámite de la Reserva Forestal regional del norte de Bogotá “Thomas van der Hammen” y de la concertación de los asuntos ambientales del plan de ordenamiento territorial (POT).

En principio, Franco negó las pretensiones de la Veeduría ciudadana y aseguró que no existe dicho conflicto. Como la ley determina que cuando esto sucede debe ser el superior jerárquico el que resuelva la recusación citó a reunión extraordinaria al Consejo directivo de la CAR para que resolvieran, amparado en un concepto del Consejo de un hecho similar en CorTolima. Así lo hicieron y llegaron a la conclusión que el funcionario no tenía impedimento. 

Pero, la Procuraduría, días después de que se tomara la decisión, envió una notificación a la CAR recordándole que al ser una entidad descentralizada de la Nación, es el ente de control el llamado a resolver estas peticiones, por lo que debían suspender las acciones con respecto al trámite de la reserva y ek POT hasta que resolvieran la recusación.

Se hizo caso omiso al llamado y días después Franco firmó el acta de concertación de POT de Bogotá, por lo que el Distrito pudo comenzar el último paso para poder llevar el proyecto ante el Concejo para su aprobación. Se trata de la radicación del POT ante el CTPD que el 31 de julio deberá dar un concepto (no vinculante). 

Por esta razón este último organismo consultivo pidió a través de un derecho de petición, claridad a la Procuraduría sobre las acciones que debe tomar, teniendo en cuenta que no hay claridad sobre la legalidad de la firma del acta de concertación del POT. 

En respuesta, la Procuraduría señala que Franco debió abstenerse de continuar el proceso hasta que el ente de control no tomara una determinación, pero como el funcionario manifiesta que es el Consejo directivo de la CAR el que debía dar el pronunciamiento, se presenta el conflicto de competencias que debe resolver el Consejo de Estado.

Esto, según el ente de control, implica que las decisiones que se haya tomado el funcionario con respecto al trámite de la reserva y la concertación del POT deben suspenderse. 

Por ello, la semana pasada el CTPD envió un nuevo derecho de petición, esta vez al Consejo de Estado, para que aclare que acciones debe tomar, pues el consejo territorial tiene hasta el 31 de julio para dar el concepto y no tiene la competencia para ordenar la suspensión del trámite. 

Por ahora, el estudio del POT sigue su orden. Si todo se da como lo tiene previsto el Distrito, se espera que el proyecto sea radicado ante el Concejo de Bogotá, las primeras semanas de agosto, de tal forma que las votaciones en comisión se darían en septiembre y antes de que se acabe noviembre los cabildantes en pleanria decidirían si aprueban o no el Plan de Ordenamiento de Enrique Peñalosa. 

En respuesta a un derecho de petición presentado por el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), la Procuraduría insiste en que deben suspenderse el trámite alrededor del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, hasta que el Consejo de Estado no dirima el conflicto de competencias que hay entre el ente de control y el Consejo directivo de la CAR con respecto a quien tiene que resolver una recusación que podría en jaque al proyecto. 

Esto se debe a que la Veeduría ciudadana de la reserva Thomas Van der Hammen interpuso una recusación contra el director de la CAR, Néstor Franco, al considerar que "falta al principio de imparcialidad para decidir sobre asuntos de interés para la Alcaldía de Bogotá", por lo que solicita que el funcionario sea apartado del trámite de la Reserva Forestal regional del norte de Bogotá “Thomas van der Hammen” y de la concertación de los asuntos ambientales del plan de ordenamiento territorial (POT).

En principio, Franco negó las pretensiones de la Veeduría ciudadana y aseguró que no existe dicho conflicto. Como la ley determina que cuando esto sucede debe ser el superior jerárquico el que resuelva la recusación citó a reunión extraordinaria al Consejo directivo de la CAR para que resolvieran, amparado en un concepto del Consejo de un hecho similar en CorTolima. Así lo hicieron y llegaron a la conclusión que el funcionario no tenía impedimento. 

Pero, la Procuraduría, días después de que se tomara la decisión, envió una notificación a la CAR recordándole que al ser una entidad descentralizada de la Nación, es el ente de control el llamado a resolver estas peticiones, por lo que debían suspender las acciones con respecto al trámite de la reserva y ek POT hasta que resolvieran la recusación.

Se hizo caso omiso al llamado y días después Franco firmó el acta de concertación de POT de Bogotá, por lo que el Distrito pudo comenzar el último paso para poder llevar el proyecto ante el Concejo para su aprobación. Se trata de la radicación del POT ante el CTPD que el 31 de julio deberá dar un concepto (no vinculante). 

Por esta razón este último organismo consultivo pidió a través de un derecho de petición, claridad a la Procuraduría sobre las acciones que debe tomar, teniendo en cuenta que no hay claridad sobre la legalidad de la firma del acta de concertación del POT. 

En respuesta, la Procuraduría señala que Franco debió abstenerse de continuar el proceso hasta que el ente de control no tomara una determinación, pero como el funcionario manifiesta que es el Consejo directivo de la CAR el que debía dar el pronunciamiento, se presenta el conflicto de competencias que debe resolver el Consejo de Estado.

Esto, según el ente de control, implica que las decisiones que se haya tomado el funcionario con respecto al trámite de la reserva y la concertación del POT deben suspenderse. 

Por ello, la semana pasada el CTPD envió un nuevo derecho de petición, esta vez al Consejo de Estado, para que aclare que acciones debe tomar, pues el consejo territorial tiene hasta el 31 de julio para dar el concepto y no tiene la competencia para ordenar la suspensión del trámite. 

Por ahora, el estudio del POT sigue su orden. Si todo se da como lo tiene previsto el Distrito, se espera que el proyecto sea radicado ante el Concejo de Bogotá, las primeras semanas de agosto, de tal forma que las votaciones en comisión se darían en septiembre y antes de que se acabe noviembre los cabildantes en pleanria decidirían si aprueban o no el Plan de Ordenamiento de Enrique Peñalosa.