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El concejal de Bogotá Edward Arias propuso a través de una iniciativa popular que el Inpec le informe a las Juntas de Acción Comunal (JAC) la llegada de un vecino con detención domiciliaria. La idea es que los mismos habitantes del barrio vigilen que el detenido cumpla su condena y no viole la norma saliendo de su casa.
El mecanismo funcionaría de la siguiente manera: cada vez que llegue un ciudadano con detención domiciliaria, el Inpec deberá informar al presidente de la JAC. Este a su vez, reunirá a los líderes del barrio y les hará saber la dirección en donde permanecerá el sujeto y por cuánto tiempo deberá permanecer allí.
"Con esta medida, la comunidad sabrá a quién tiene como vecino y si en dado caso el detenido se atreve a violar la norma, es muy probable que no lo haga, primero por el escarnio público y segundo porque es posible que los mismos vecinos alerten a las autoridades que está violando la medida", explicó el Concejal.
Según el Inpec, actualmente hay 22 mil internos en reclusión domiciliaria. Tan solo el año pasado 169 beneficiarios de esta medida se fugaron, es decir que en promedio cada dos días se escapó un detenido de su residencia en el país. Y el porcentaje de quienes entran y salen libremente de su casa por cárcel va en aumento.
"Hace poco se dio un hecho muy diciente: funcionarios del Inpec trataron de instalar más de 130 brazaletes electrónicos para controlar los movimientos de igual número de detenidos en sus viviendas, pero se encontraron con lo siguiente: 12 personas no estaban en su domicilio, 30 habían cambiado de residencia y 45 direcciones estaban erradas", agregó Arias.
Hace poco la Contraloría General, reveló que el Inpec cuenta apenas con un supervisor por cada 450 detenidos con manilla electrónica. Según el viceministro de justicia, Miguel Antonio Ceballos, en Colombia de los 22 mil presos que tienen casa por cárcel, tan solo 4 mil tienen brazalete electrónico y de esos el 2.5% han violado esa medida, sencillamente porque la manilla fue diseñada para poder quitarla con facilidad.
Según la ley, la casa por cárcel puede ser otorgada a mujeres embarazadas, madres cabeza de familia, enfermos de gravedad, adultos mayores y en general personas que no representen peligro para la sociedad y que no tengan intenciones de seguir delinquiendo.
Por El Espectador
