Proponen suspender de sus cargos a docentes investigados por abuso en Bogotá

Luego de que la Secretaría de Educación de Bogotá decidió trasladar a labores administrativas a 91 docentes investigados por presuntamente haber abusado sexualmente de estudiantes, la Personería Distrital anunció que –a la par con las indagaciones que adelanta la misma Administración y la Fiscalía– asumirá los procesos disciplinarios “más importantes o que estén a punto de prescribir” que involucren a los docentes acusados. (Lea: Secretaría de Educación aparta a docentes investigados por abuso sexual)

De acuerdo con el organismo de control, la medida busca agilizar las investigaciones para proteger a los niños y evitar nuevos abusos contra los estudiantes. En esa línea, la personera distrital, Carmen Teresa Castañeda, sugirió suspender a los investigados de su cargo, pues la determinación adoptada por la Secretaría señala que, por ahora, los profesores empezarán a cumplir labores administrativas.  (Lea: Por abuso sexual investigan a 91 profesores de colegios de Bogotá)

“Se está estudiando si es legal la medida de poner a los docentes en labores administrativas. Es mucho más legal aplicar la Ley disciplinaria existente, tomar las medidas cautelares que implica separarlos del cargo de manera preventiva e inmediata por tres meses, prorrogables por tres más”, indicó Castañeda.

Según la personera, la medida de suspensión es “primordial”, teniendo en cuenta que los docentes podrían reincidir en la conducta y afectar “de manera gravísima” la integridad y formación de los niños. Adicional a ello, se obligaría a las oficinas de control disciplinario y a los investigadores a fallar los procesos “de una manera rápida, oportuna y pública”.

“No se necesitan cambios en la normatividad, como lo pidieron algunas personas de la Administración. Están buscando soluciones a muy largo plazo. La Ley disciplinaria tiene las herramientas. Que suspendan provisionalmente a los docentes en los casos graves”, señaló Castañeda.

Esta semana, la secretaria de Educación de Bogotá, María Victoria Ángulo, reveló que investigan a 91 docentes y personal de colegios oficiales por supuestas agresiones sexuales contra los estudiantes. De acuerdo con Ángulo, las indagaciones –de orden disciplinario– afectan a 89 hombres y dos mujeres por hechos denunciados entre 2015 y 2016. Según el Distrito, más de la mitad de los casos corresponden a menores de 14 años que habrían sido víctimas de supuestos abusos a manos de sus profesores.

Ante las cada vez más frecuentes denuncias sobre abusos sexuales en colegios públicos, la misma Secretaría optó por apartar a los docentes que están bajo lupa mientras las indagaciones arrojan resultados. Y aunque los profesores investigados empezarán a cumplir labores administrativas, estarán separados de las instituciones educativas hasta que la Fiscalía finalice las pesquisas y la Secretaría haga lo propio con los procesos disciplinarios que abrieron a los profesores.

La Constitución y la protección de los derechos de los niños fueron las dos banderas a las que se acogió la Secretaría de Educación para tomar esta decisión, pues el marco normativo es claro en ordenar que “en ningún caso podrá efectuarse cambio de funciones docentes a un educador activo por funciones de índole administrativo”.

Por esto, la Secretaría pidió al Ministerio de Educación y a la Procuraduría que blinden estas determinaciones y promuevan reformas de fondo al Código Disciplinario Único y, en general, a todas las normas que delimiten la docencia en el país, con el fin de que las administraciones puedan actuar de manera más eficaz ante las amenazas que sufren los menores en sus propias aulas, consideradas un segundo hogar.

“La Secretaría agilizará las investigaciones que se encuentran en la Oficina de Control Disciplinario de la entidad y trabajará de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación para dar celeridad a los procesos disciplinario y judicial que, respectivamente, adelanta cada entidad”, indicó la entidad, a la vez que aseguró que llevarán hasta las últimas consecuencias las denuncias, con el fin de que los culpables tengan castigos que aseguren que esta situación no volverá a presentarse.

Luego de que la Secretaría de Educación de Bogotá decidió trasladar a labores administrativas a 91 docentes investigados por presuntamente haber abusado sexualmente de estudiantes, la Personería Distrital anunció que –a la par con las indagaciones que adelanta la misma Administración y la Fiscalía– asumirá los procesos disciplinarios “más importantes o que estén a punto de prescribir” que involucren a los docentes acusados. (Lea: Secretaría de Educación aparta a docentes investigados por abuso sexual)

De acuerdo con el organismo de control, la medida busca agilizar las investigaciones para proteger a los niños y evitar nuevos abusos contra los estudiantes. En esa línea, la personera distrital, Carmen Teresa Castañeda, sugirió suspender a los investigados de su cargo, pues la determinación adoptada por la Secretaría señala que, por ahora, los profesores empezarán a cumplir labores administrativas.  (Lea: Por abuso sexual investigan a 91 profesores de colegios de Bogotá)

“Se está estudiando si es legal la medida de poner a los docentes en labores administrativas. Es mucho más legal aplicar la Ley disciplinaria existente, tomar las medidas cautelares que implica separarlos del cargo de manera preventiva e inmediata por tres meses, prorrogables por tres más”, indicó Castañeda.

Según la personera, la medida de suspensión es “primordial”, teniendo en cuenta que los docentes podrían reincidir en la conducta y afectar “de manera gravísima” la integridad y formación de los niños. Adicional a ello, se obligaría a las oficinas de control disciplinario y a los investigadores a fallar los procesos “de una manera rápida, oportuna y pública”.

“No se necesitan cambios en la normatividad, como lo pidieron algunas personas de la Administración. Están buscando soluciones a muy largo plazo. La Ley disciplinaria tiene las herramientas. Que suspendan provisionalmente a los docentes en los casos graves”, señaló Castañeda.

Esta semana, la secretaria de Educación de Bogotá, María Victoria Ángulo, reveló que investigan a 91 docentes y personal de colegios oficiales por supuestas agresiones sexuales contra los estudiantes. De acuerdo con Ángulo, las indagaciones –de orden disciplinario– afectan a 89 hombres y dos mujeres por hechos denunciados entre 2015 y 2016. Según el Distrito, más de la mitad de los casos corresponden a menores de 14 años que habrían sido víctimas de supuestos abusos a manos de sus profesores.

Ante las cada vez más frecuentes denuncias sobre abusos sexuales en colegios públicos, la misma Secretaría optó por apartar a los docentes que están bajo lupa mientras las indagaciones arrojan resultados. Y aunque los profesores investigados empezarán a cumplir labores administrativas, estarán separados de las instituciones educativas hasta que la Fiscalía finalice las pesquisas y la Secretaría haga lo propio con los procesos disciplinarios que abrieron a los profesores.

La Constitución y la protección de los derechos de los niños fueron las dos banderas a las que se acogió la Secretaría de Educación para tomar esta decisión, pues el marco normativo es claro en ordenar que “en ningún caso podrá efectuarse cambio de funciones docentes a un educador activo por funciones de índole administrativo”.

Por esto, la Secretaría pidió al Ministerio de Educación y a la Procuraduría que blinden estas determinaciones y promuevan reformas de fondo al Código Disciplinario Único y, en general, a todas las normas que delimiten la docencia en el país, con el fin de que las administraciones puedan actuar de manera más eficaz ante las amenazas que sufren los menores en sus propias aulas, consideradas un segundo hogar.

“La Secretaría agilizará las investigaciones que se encuentran en la Oficina de Control Disciplinario de la entidad y trabajará de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación para dar celeridad a los procesos disciplinario y judicial que, respectivamente, adelanta cada entidad”, indicó la entidad, a la vez que aseguró que llevarán hasta las últimas consecuencias las denuncias, con el fin de que los culpables tengan castigos que aseguren que esta situación no volverá a presentarse.