4 Nov 2015 - 9:19 p. m.

“Proyecto de San Victorino fracasó”

Así lo advirtieron en el Concejo de Bogotá.

Redacción Bogotá

El Concejo de Bogotá solicitó detener la implementación de la Resolución 366 del 10 de abril de 2015, la cual adopta las normas específicas para las manzanas 3, 10 y 22, que pertenecen al sector de Renovación Urbana de Santa Inés, según el Cabildo porque generará detrimento patrimonial y no contribuye con la renovación urbana propuesta para la ciudad.

Para el Concejo se sigue dilatando el Programa de Renovación Urbana (22 años) y no es clara la destinación de los contenedores. Señalan que tampoco hay un análisis de costo eficiencia de la medida y que esto podría generar retrasos en el plan de implantación de la manzana 22.

Este proyecto comprende 41 manzanas, donde hay 9.094 habitantes para un área de 3.555 que componen 20 predios y 119 hogares.

“Presenta riesgos de seguridad humana: no requiere licencia de construcción. Las divisiones son en superboard, no tiene las medidas de seguridad industrial sobre sistema de redes eléctricas. No hay análisis de costo-eficacia. No hay evidencia y estudios sobre el impacto de contenedores y formalización de ventas”, advirtió el concejal Miguel Uribe Turbay.

Para el cabildante, no hay criterios para seleccionar a los comerciantes y fabricantes del sector y hay incertidumbre sobre el canon de arrendamiento, las cuotas de administración y las tarifas que deben pagar. “Estas serán las ganancias de la ERU”, agregó Uribe Turbay.

A finales de octubre la Empresa de Renovación Urbana denunció que personas haciéndose pasar por funcionarios del Distrito engañaban a los interesados en arrendar contenedores en el proyecto San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista.

Les cobraban $3.500.000 por separar cada contenedor de un supuesto valor mensual de $6.000.000, por concepto de arrendamiento. De acuerdo con la ERU, varias personas separaron locales.

El lote donde se adelanta ese proyecto en San Victorino, según el Distrito, busca dar soluciones temporales a los vendedores ambulantes de la mano del Instituto para la Economía Social (IPES).

La ERU es la única empresa autorizada para hacer la comercialización de los contenedores a los pequeños y medianos comerciantes.

En octubre también se conoció que un juez admitió una demanda en la que se pide suspender el proyecto de 300 viviendas de interés prioritario en San Victorino, en el centro de la ciudad, destinadas para víctimas del conflicto y que hace parte del programa de 100.000 casas gratis del Gobierno. El proyecto que se busca frenar se llama Victoria Parque Comercial y Residencial, donde, además de casas para los más pobres (cuyo costo es $45 millones), habrá 4.900 m² de uso comercial y 1.415 m² para servicios.
 

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