Pugna por el parque de la Independencia

Hace tres días el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó su decisión: el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la constructora Confase tendrían que suspender las obras del Parque de la Independencia hasta que pudieran demostrar que el Ministerio de Cultura había autorizado la intervención.

Desde ese día se apagaron las máquinas que estaban en el parque y se suspendieron todas las actividades, como lo asegura la subdirectora jurídica del IDU, Margarita Arbeláez. Sin embargo, el anuncio del alto tribunal dejó en evidencia el fuerte enfrentamiento de versiones que tienen el Distrito y el Ministerio de Cultura en torno a la polémica obra.

Inicialmente la obra promovía la transformación del Parque de la Independencia en el Parque Bicentenario, con el fin de integrar los costados norte y sur de la calle 26 entre carreras 5ª y 7ª, uniendo el Parque de la Independencia con los edificios Embajador, el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca Nacional. Todo como parte de la Fase III de Transmilenio.

Pero lo que empezó como una simple intervención del espacio público, terminó convertido en una de las peores amenazas para el patrimonio ambiental y cultural del parque , tal como lo vienen advirtiendo los vecinos desde el año pasado. Por eso, aunque el Distrito insiste por todos los medios en continuar con la obra, los habitantes de la zona señalan que varias irregularidades rodean el proyecto. Entre éstas, las extrañas contradicciones entre el Distrito y la Nación a la hora de hablar del permiso para hacer la intervención, tal como lo explica el abogado Francisco Ayala, quién vive en el sector.

Debido a que en 1995 las Torres del Parque, construidas por Rogelio Salmona, fueron declaradas como bien de interés cultural de la Nación, el parque fue cobijado con la declaración por hacer parte de la zona de influencia de los edificios. Por eso debía ser el Ministerio el que autorizara la construcción.

Pero mientras Arbeláez asegura que el IDU cuenta con el aval y señala que nunca han recibido notificación alguna del Ministerio que demuestre lo contrario, una carta firmada por la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, enviada el pasado 6 de febrero a la Secretaría Distrital de Cultura, aclara que “una vez revisada la documentación radicada en la Dirección de Patrimonio del proyecto Parque Bicentenario, no se desprende en parte alguna que este Ministerio haya impartido autorización al proyecto mencionado”.

¿Por qué entonces el Distrito asegura que tiene el permiso? La madeja no parece fácil de desenredar. De acuerdo con las declaraciones que en su momento dieron el IDU y Confase al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Ministerio autorizó las obras mediante un comunicado en el que expresaba que el proyecto no afectaba los bienes de interés cultural del ámbito nacional. Lo cierto es que a estas alturas es claro el daño que han sufrido el parque y el Quiosco de la Luz, una de las estructuras más representativas del lugar.

Por su parte, Confase insiste en que la suspensión de la obra supone unos sobrecostos de $100 mil millones y que afectaría la terminación de la Fase III de Transmilenio. Pero para el alto tribunal las explicaciones del Distrito no son suficientes para dar vía libre a la obra. Ahora el IDU tendrá que demostrar que tiene el aval y que no se incurrió en ninguna anomalía jurídica para dar vía al proyecto.

El paso a seguir, de acuerdo con la funcionaria, será continuar con unas mesas de trabajo en las que se venían discutiendo los pormenores de la obra con los habitantes de la zona: “No podemos hacer conjeturas, no sé si hay irregularidades. Justamente eso es lo que estamos tratando de averiguar”.