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El pánico que produce entrar a una sala de urgencias de COVID-19 no solo genera mayor apego a la vida, sino que además hace dimensionar una realidad que está tan presente pero a la vez tan lejana, por el aislamiento y la idea de que son pocos los que pierden ese juego del azar, en el que terminan en tal estado de gravedad que deben ser sedados y llevados a una unidad de cuidados intensivos (UCI).
A las 10:00 p.m. una mujer de 57 años entró a ese espacio, acompañada de una doctora que le haría el segundo triaje de la noche (protocolo para evaluar al paciente), tras presentar por siete días síntomas como tos seca, escalofríos y malestar general, a los que pronto acompañaron fiebre y una baja saturación de oxígeno en la sangre, síntomas de neumonía.
A cada lado de la sala improvisada había casi igual cantidad de hombres y mujeres, la mayoría de la tercera edad, tosiendo, quejándose del malestar y con expresiones que demostraban que, a pesar de que ya les habían puesto oxígeno, no podían respirar.
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Vinieron los exámenes establecidos en el protocolo que expidió el Ministerio de Salud en julio: una prueba rápida de antígeno y otra PCR, una radiografía de tórax, gases arteriales, un electrocardiograma y muestra de sangre para determinar si tenía comorbilidades. Las esperó sentada en una silla, desde la que se veía cómo la gente se ponía más grave, los doctores y enfermeras lavaban sus manos y brazos cada vez que interactuaban con un paciente y a la mayoría los llevaban a los cuartos del fondo, donde intuban a los más graves para llevarlos directo a una UCI, con la esperanza de poder salvar sus vidas.
No era fácil determinar quién sería el siguiente. A una señora que entró caminando la pusieron en una camilla con oxígeno. A diferencia de los demás, no tenía una cánula sino una máscara con bolsa de reserva, que se usa antes de la intubación. A un hombre, en similares condiciones, lo sacaron intubado bocabajo, porque ya no podía respirar. Mientras que otra mujer, que exigía su pronta salida por compromisos, se enfrentó con el médico, quien le insistía que lo de ella era una neumonía muy avanzaba y no la dejaría ir sin un tratamiento.
Otros conmovían a los demás en la sala, como un hombre que trasladaron desde Cachipay acompañado de una señora, a la que le explicaron que su estado era muy grave, por lo que iban a hacer lo que más pudieran por él. O un abuelo de noventa años, quien llegó solo y sin poder respirar, que pidió ayuda para ponerse una ruana y solo aguardó porque fuera uno de los que entran en tratamiento respiratorio por cinco días y no de los que espera en la sala del fondo a que les asignen una UCI en otra institución, porque en esa clínica con 49 camas para pacientes COVID-19 la ocupación ya llegó al 100 %.
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Esto se repite en toda Bogotá. En la mayoría de lugares con un panorama mucho más caótico, pues además de que 46 de las sesenta centros de salud habilitados están totalmente ocupados o a punto de estarlo, en hospitales como el San José, San Ignacio, las clínicas Méderi y Palermo ya se han lanzado alertas porque sus salas de urgencias colapsaron y están recibiendo a más gente de la que les es posible atender.
Gran parte de esto hace parte de las razones por las que, desde la semana pasada, el Distrito tuvo que cambiar su estrategia y, lejos de la idea de enfrentar el segundo pico de la pandemia sin mayores restricciones, tuvo que declarar nuevamente las cuarentenas por localidades, la alerta roja hospitalaria y el toque de queda, como lo ordenó el Gobierno nacional.
La situación es preocupante. Aunque la ciudad reporta al menos 20.000 casos activos menos que a los que llegó en los primeros meses de la pandemia, las UCI ocupadas ya son más de las que se usaron en el primer pico y la tendencia indica que a diario esta cifra aumenta dos puntos porcentuales, por lo que se estima que esta semana podría quedar disponible menos del 10 % de las camas para COVID-19.
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En gran medida, este ha sido un factor determinante para escoger las localidades que entran en cuarentena sectorizada, pero además está el aumento de la transmisibilidad, sobre el que la alcaldesa ha planteado la hipótesis de que se debe a la llegada de la nueva cepa, pero no hay que desconocer el relajamiento de las medidas que se vio en diciembre no solo en San Victorino, sino también en centros comerciales y en las festividades, cuando muchos dejaron de lado las recomendaciones y tuvieron reuniones con más de diez personas en las que se dejaron a un lado el tapabocas y el distanciamiento físico.
Pero el problema no solamente ha sido por las camas, pues también han escaseado los sedantes desde noviembre, por lo que médicos han tenido que acudir a técnicas que se habían dejado atrás. Al respecto, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, señaló que entre el 31 de diciembre y el 5 de enero entregaron sedoanalgésicos como cisatracurio, fentanilo, midazolan, dexmedetomidina, rocuronio y remifentanilo a toda la red pública.
“En los últimos días hemos revisado las existencias de medicamentos que tuvieron un proceso de escasez relativa, pero además tuvimos la necesidad de más talento humano para que pudieran funcionar todas las UCI. Y es que finalizando el año, como es normal, muchas personas tomaron un merecido descanso y eso también generó una disminución del talento humano, que hemos superado”, indicó Gómez.
Pese a ello, reconoció que este segundo pico es más alto que el primero y con un incremento más rápido día a día, por lo que la principal preocupación es tener la suficiente capacidad. Los que están día a día en los centros de salud describen que el panorama es sombrío, porque también está en juego la salud mental del personal sanitario e insisten en que las cifras de ocupación que muestra el Distrito no demuestran en realidad lo que está ocurriendo en Bogotá.
Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, indicó que la situación del sistema es grave y muchas de las medidas se tomaron muy tarde, pese a las advertencias y peticiones que han hecho. “No hemos tenido cómo frenar el desabastecimiento en las UCI. Hay signos de fatiga, agotamiento y sufrimiento emocional, porque el personal sanitario no tiene todos los elementos de protección personal”.
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En eso coincide Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, quien cree que la alerta roja se declaró muy tarde; por eso, aunque aplaudió la medida, destacó que aún queda mucho por hacer. “Lo más apremiante es el personal de salud. Hay cerca de 23.000 trabajadores contagiados y más de 300 fallecidos en todo el país. A eso hay que sumarle la sobrecarga de trabajo tan impresionante”.
Además, indica que hay médicos haciendo el trabajo de tres o cuatro colegas, por lo que planteó reabrir el debate sobre traer personal de otras regiones, e incluso de otros países. “Es un tema polémico, pero no hay que dejarlo de lado, pensando en la salud y vida de los colombianos. Hay que abrir la posibilidad de hacer intercambio con médicos, no importa de qué país, sin entrar en dilemas políticos”.
A esto se le suma la alerta que lanzó la Personería sobre las cifras del Observatorio de Salud y la situación real de las UCI, que el Distrito indicó que ya solucionó. Al respecto, Carlos Gómez-Restrepo, decano de la facultad de Medicina de la U. Javeriana, comentó que cada vez es más difícil referir pacientes a otras instituciones. “Si hubiese las camas necesarias eso no tendría por qué ocurrir, así que da la sensación de que la ocupación debe ser mayor al 90 % o que no todas las UCI están suficientemente equipadas y articuladas”, lo que, aseguró, se preveía con las festividades.
Ante esto, los médicos adviertieron que se deben tomar medidas que, si bien no tendrían efectos inmediatos sino quizás hasta febrero, son necesarias para evitar un colapso. “Eso sería lamentable, pues el personal de salud se podría enfrentar a decisiones complicadas y llegaría al punto de tener que decidir a quién se intuba y a quién no”, aseguró Gómez.
El tema no es un juego, por lo que, ahora más que nunca, la ocupación de las UCI depende de la responsabilidad de la ciudadanía y de retomar el autocuidado. Ante este panorama, vendrán nuevas medidas que se tomarán este martes, cuando se haga una nueva evaluación del avance de la pandemia. De esto dependerá si hay una nueva temporada en cuarentena.