¿Qué ha hecho la RAPE con el dinero para los páramos?

El programa incluye la renaturalización del páramo de Sumapaz. / El Espectador

La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE) se constituyó en 2014 para “impulsar y articular planes regionales de desarrollo económico y ambiental” en Bogotá y 316 municipios de Boyacá, Tolima, Meta y Cundinamarca. La iniciativa apuntaba a resolver problemas comunes en la región central. Fue así como surgieron los primeros proyectos, como la construcción de la Ruta de la Paz o la creación de una ruta rural de la bicicleta en Sumapaz, y uno bastante ambicioso: la conservación y la restauración de páramos de la región.

La importancia de este último programa se evidencia en su presupuesto, ya que a la entidad le asignaron en 2017 alrededor de $32.500 millones del Sistema General de Regalías (SGR), para proteger zonas como Pisba, Guerrero, Cocuy, Tota, Iguaque, Nevados, Chingaza, Sumapaz y el nevado del Ruiz, entre otros. No obstante, transcurridos casi dos años, hoy una ciudadana le pide cuentas a la entidad, al preguntar qué se ha hecho con estos recursos.

La inquietud surge de algo puntual. El plan señalaba que en los primeros cuatro años la RAPE debía encargarse de la reconversión de los suelos en zonas de páramo, es decir, buscar un uso sostenible, así como de la restauración, que implica la creación de procesos de conservación y mantenimiento de áreas de importancia estratégica, y la gestión socioambiental, a través de la cual se deben fijar mecanismos de articulación, coordinación e integración entre actores públicos y privados.

Para cumplir el cronograma, la entidad se fijó como meta intervenir 650 hectáreas, crear estrategias silvopastoriles y dinámicas sostenibles para 1.300 familias, renaturalizar 1.098 hectáreas, impactadas por actividades humanas, y vincular a 4.675 niños y 1.948 líderes a procesos pedagógicos, para generar sentido de pertenencia a las zonas protegidas. Sin embargo, pese a que el plazo no se ha cumplido, el reclamo apunta a que a la fecha el trabajo no ha avanzado y se ha quedado en simples charlas.

Al menos así lo dio a entender María Hermencia Mendoza, gestora social de derechos humanos, quien, a través de un oficio con fecha del 28 de julio, interpuso una queja en la Contraloría, la Procuraduría y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), por el posible detrimento patrimonial de los recursos de regalías por duplicidad del gasto público y la realización de talleres de bajo impacto entre las comunidades.

De acuerdo con la denunciante, la descoordinación entre las entidades departamentales y la RAPE ha hecho que, por ejemplo, exista duplicidad en los gastos con Parques Nacionales de la Orinoquia, ya que estarían invirtiendo en proyectos que tienen prácticamente el mismo fin. Además cuestiona la efectividad de las charlas que se dictan a los habitantes de las zonas rurales y advierte que a la fecha no se ha comenzado la reubicación y el reasentamiento de los campesinos del páramo de Sumapaz, y que se están haciendo gastos innecesarios en los municipios de San Juanito y El Calvario, en Meta.

Ante la denuncia, Diego García, director de la RAPE, brinda algunas explicaciones. “La primera etapa del proceso fue de reestructuración y duró un año. Ahora comenzamos la ejecución en la que hemos avanzado alrededor del 30 % en los talleres y sensibilización de la población”. Agrega que, sumado a esto, espera que en 2019 comience el trabajo sobre los lugares a recuperar. El director de la RAPE asegura que ha realizado estas actividades con las comunidades y que la intervención a los páramos se hará a partir del próximo año.

Además, García asegura que en los municipios mencionados en la queja sí se han realizado inversiones productivas para que los habitantes de la zona hagan uso responsable del suelo, y aclara que no hay duplicidad en las inversiones, porque la RAPE cuenta con el aval y la autorización de Parques Nacionales para hacer las inversiones. “Parques es la autoridad. Lo que pasa es que muchas veces, como por ejemplo en Socha, trabajamos en la mismo área, pero no haciendo las mismas cosas”.

En otras regiones, como Tolima y Meta, dice, se ha promovido el turismo ambiental como actividad productiva, por lo que se han iniciado procesos adicionales de capacitación. En la mayoría de las zonas que la RAPE interviene se han creado rutas de senderismo y mountain bike, con temáticas, como la Ruta de la Arcilla, que cruza por Ráquira; la de la Libertad, por Boyacá; la Ruta de Nairo, que pasa por su vivienda de niño, y la de la Paz, que se habilitará próximamente e irá desde Icononzo hasta el Meta.

Si bien García acepta que no han empezado el trabajo en los páramos, el pasado lunes se publicó el proceso a través del cual se invertirán $23.442 millones en la restauración ecológica y la reconversión productiva de las zonas protegidas, que se adelantarán en los próximos dos años. Aunque inicialmente esperaban adjudicar la licitación en mayo, el proceso fue declarado desierto. Ahora, con su reapertura, la idea es tener definido el contratista el 4 de septiembre, para que se inicien labores en enero. Una vez terminado el tiempo de ejecución del proyecto, la RAPE espera hacer el empalme con el Instituto Humboldt, que se encargaría del mantenimiento de las zonas restauradas. “Sólo somos ejecutores”, manifiesta García.

Por ahora, el problema se centra en la socialización con las comunidades, pues en algunos sectores, como Pisba, El Cocuy y Sumapaz, ha habido resistencia a la renaturalización de los páramos, ya que la presencia de minería y el temor de ser desalojados han hecho más grande la barrera entre la RAPE con las comunidades.

La aplicación del proyecto de páramos en la región central aún está por ejecutar. Lo que viene para 2019 no sólo será la restauración de las zonas intervenidas, sino el trabajo en conjunto con las comunidades, pues de ello depende que sean  incluidas dentro de proyectos productivos sostenibles en las zonas de protección.

En cifras

26 mil millones de pesos del proyecto de páramos fueron invertidos por Bogotá.

15 complejos de páramos se encuentran dentro del programa de la RAPE.

Jalón de orejas a los OCAD

De acuerdo con el último informe del Sistema de Regalías presentado por la Contraloría, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) no han cumplido con abrir una discusión acerca de las iniciativas por financiar, para así definir prioridades. En cambio, sus “excesivos trámites han traído mayores traumatismos a los entes territoriales, contribuyendo a la lentitud de la ejecución de los recursos”.

Los OCAD son los encargados de visibilizar y aprobar los proyectos que se financiarán con los recursos de las regalías regionales y departamentales, pero, según el ente de control, hay una fuerte debilidad, pues sólo 16 de 1.326 iniciativas aprobadas son proyectos interdepartamentales.

Esto se debería a que no ha sido posible articular programas de impacto regional, por lo que la mayoría de los recursos se quedan en los pequeños y medianos proyectos municipales. De hecho, entre 2012 y 2017 se aprobaron 815 iniciativas con valores entre los $1.000 millones y los $10.000 millones.

La Contraloría advierte que hay riesgo de corrupción en el uso de las regalías por parte de entidades territoriales.