El Esmad se enfrentó esta semana a los campesinos que protestan en Doña Juana. Así usted no lo crea, este episodio no es ajeno a su cotidianidad, señor lector. Cada vez que saca la basura, sin reciclar, contribuye a este conflicto. Hoy no lo siente, porque al sacar sus desechos se desentiende. Pero lo hará si la ciudad se queda sin relleno sanitario a donde llevar sus desperdicios. ¿Le parece lejana esta opción? En 2022 se vence la licencia ambiental de Doña Juana y se tendría que clausurar. Son menos de cinco años y la ciudad no tiene un plan B.
En Bogotá se generan 6.500 toneladas de residuos, de las cuales el 70 % se podrían aprovechar. De hacerlo, seguro se tendría más tiempo para pensar en opciones. Sin embargo, la falta de cultura en cada hogar y de acciones de la administración han contribuido a que la vida útil de Doña Juana sea menor. La preocupación de no tener alternativas radica en que la capital no aguanta dos días sin un sitio de disposición final. Serían 13.000 toneladas en las calles, que generaría un problema de salud pública.
Ahí radica la pelea de los campesinos y los habitantes de los barrios Chuniza, Monteblanco y La Aurora, en Usme, y Mochuelo Alto y Bajo, en Ciudad Bolívar, quienes llevan 30 años aguantando los problemas que causan los residuos de ocho millones de personas. Malos olores, problemas sanitarios, enfermedades y conflictos ambientales son algunos. El último episodio: la invasión de moscas en sus hogares, según ellos, por el mal manejo del relleno.
Los problemas
Las quejas de los vecinos por el mal manejo de Doña Juana tienen casi la misma edad del relleno. Su lucha comenzó en 1984, cuando un estudio que contrató la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) eligió su ubicación. Luego de verse obligados a convivir con este vecino, la pelea ha sido otra. Varios derrumbes, la contaminación del río Tunjuelo con los lixiviados (líquidos que genera la basura) y las plagas que los enferman son parte de sus quejas.
Un hecho que evidencia esta situación ocurrió hace 20 años, cuando un derrumbe de un millón de toneladas de basura provocó un desastre ambiental, que afectó a 30.000 personas, siete veredas y 900 barrios del sur de Bogotá. El daño lo confirmó en 2012 el Consejo de Estado, al fallar la Acción de Grupo presentada, en 1999, por Guillermo Asprilla (Q.E.P.D.), quien luego fue secretario de Gobierno en la administración de Gustavo Petro y destituido por la Procuraduría, al nunca haber revocado el poder que le dio la comunidad.
Han sido tres décadas de protestas y bloqueos. De denuncias y promesas incumplidas. En vez de soluciones, les ha tocado ver cómo crece el basurero y cómo su administrador, según ellos, incumple sus obligaciones. El operador justifica sus fallas en lo poco que le pagan, en las normas ambientales y hasta en el Distrito.
Aunque se han tomado decisiones para tratar de mejorar la operación, como la construcción de una planta de aprovechamiento de biogás y una de tratamiento de lixiviados, la primera no opera a toda marcha y la segunda quedó mal hecha. Para completar, con el crecimiento de la ciudad aumentó la cantidad de desechos. Pero el desastre ambiental no acaba ahí: los líquidos tóxicos que no se tratan, muchos van a parar al río Tunjuelo.
Los operadores
Desde 2000, el relleno ha tenido dos operadores. El primero fue el consorcio español Proactiva. Su elección coincidió con la intención de la administración de reservar, a través del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 500 hectáreas para una eventual ampliación, lo que provocó protestas de la comunidad. Al frente de Doña Juana estuvo 10, años en los que hubo múltiples denuncias por malos manejos, hasta que el Distrito abrió una nueva licitación.
Uno de los momentos críticos antes de elegir al nuevo operador fue en septiembre de 2009, cuando un periodista de El Espectador fue testigo de una conversación, en un restaurante al norte de Bogotá, en la que supuestamente planeaban cómo sacar a Proactiva del negocio.
Un año después, el Distrito le adjudicó a CGR un contrato por 11 años, el cual sigue vigente. Su elección también estuvo rodeada de denuncias, impulsadas por los consorcios que quedaron por fuera del negocio: Ecoparque S. A. y UT Gestión Ambiental, quienes señalaron que hubo alteración en el proceso. Aunque el nuevo operador y el propio Distrito defendieron en su momento la transparencia de la selección, al final funcionarios de la administración de Samuel Moreno fueron destituidos por los entes de control.
Las advertencias
La seguidilla de quejas de los vecinos de Doña Juana y las denuncias de un futuro inmediato incierto han sido respaldadas por los organismos de control. La Contraloría, por ejemplo, señala que en 2014 se proyectó un aprovechamiento de 1.111 toneladas diarias en el relleno. Sin embargo, según la propia Uaesp, el aprovechamiento ha sido menos del 10 %. “Esto significa la mayoría de este material sigue llegando a Doña Juana, con lo cual se disminuye aún más las posibilidades reales de prolongar la vida útil del mismo”.
En esa oportunidad advirtió: “De seguirse operando el relleno como actualmente se hace y sin contar con un nuevo sitio, estaríamos abocados a una emergencia sanitaria y social por ausencia de un lugar para la disposición final de los residuos generados por Bogotá. Hoy el relleno Doña Juana continúa siendo la única alternativa con que cuenta la ciudad para la disposición final de los residuos sólidos”.
Otro jalón de orejas fue el de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad que hace un año señaló que, luego de varias visitas, se identificaron deficiencias operativas relacionadas con la cobertura, el mantenimiento de vías y el almacenamiento de lixiviados. Incluso, abrió pliego de cargos contra el operador de Doña Juana por falla en la prestación del servicio, argumentando que no hacía cubrimiento diario de los residuos, no hacía control de gases y que el relleno no contaba con un sistema de recolección y evacuación de aguas de escorrentía y lixiviados.
A esto se suman las recientes investigaciones que anunciaron los entes de control, tras las protestas y procesos que avanzan ante la justicia administrativa, como el promovido por el representante a la Cámara Inti Asprilla (hijo de Guillermo Asprilla), quien le está pidiendo a los jueces que le ordene al Distrito que formule una solución real al problema en el relleno. “A la fecha no se ha observado una política dirigida a determinar claramente nuevas alternativas tecnológicas para el manejo de los residuos de la capital y para una nueva ubicación del relleno sanitario, medida que había sido exigida por la CAR a la Uaesp debido a los múltiples hechos dañinos y emergencias que ha ocasionado el relleno”, señaló el congresista en la demanda.
En el mismo documento se hace referencia a declaraciones de funcionarios de la CAR, quienes han señalado que las alternativas de disposición final de residuos sólidos que el Distrito le ha presentado a la Corporación son precarias. “En estos cuatros años Bogotá tendrá que decirnos definitivamente dónde los dispondrá”, dijo en un debate en el Congreso Néstor Franco, actual director de la corporación.
Y agregó: “Sentimos que el Distrito siempre se ha aprovechado de la imposibilidad certera y real de tener otro sitio de disposición para presionar la modificación de la licencia. Así lo han hecho justo antes de coparse las capacidades. Nosotros tenemos advertido a Bogotá. Le dijimos en una reunión al alcalde Peñalosa, que tiene que trabajar inmediatamente para buscar reubicación del relleno y que tiene que presentarnos propuestas ciertas respecto a la reubicación del relleno”.
Problemas de salud
En la actualidad las comunidades asentadas en las inmediaciones del lugar padecen continuamente afectaciones en su salud y viven en medio de un ambiente enrarecido por los continuos gases y olores que emanan del relleno, así como la invasión de su hábitat por moscas y roedores.
Todo ha sido documentados en varios estudios. En 2006, por ejemplo, la Universidad del Valle evaluó los impactos del relleno en la salud de sus vecinos, en especial tras la emergencia de 1997. Evidenciaron que los niños presentaban índices de peso y talla menores al promedio, y que eran más propensos a la irritación en los ojos y vías respiratorias. En los adultos identificaron enfermedades pulmonares severas y crónicas, así como deterioro de sus funciones físicas.
Esto lo ratificó el Hospital Vista Hermosa en 2012, cuando planteó que las comunidades “han visto afectada su salud por la ineficiencia de los operadores”. Entre los mayores problemas destacaron la presencia de plagas. En su momento advirtió que, a pesar de que se han usado recursos para mitigar el problema, ningún operador ha asumido en serio la tarea de buscar una solución. Indica que entre los factores que afectan a la población están los olores de los gases del relleno, el ruido de los compactadores, el material particulado, los lixiviados, las zonas de residuos descubiertas y la falta de cortinas rompe olores.
Tras el último deslizamiento en 2015, la Secretaría de Salud hizo un nuevo seguimiento, en el que encontró afectados por alergias, irritación en los ojos y enfermedades respiratorias. Además, por el aumento del material particulado, los niños fueron los más perjudicados. Actualmente la Secretaría adelanta planes para atender el problema a través de los hospitales de la zona, como el Meissen y Vista Hermosa, donde hay planes especiales de atención, así como un plan de manejo de actividades educativas, sumado a una jornada de fumigación.
A pesar de esto, según Johana Torres, de la Subred del Sur, recientemente no se ha hecho un estudio. Eso sí, señala que el principal motivo de consulta para niños en Usme es rinofaringitis y parasitosis intestinal, y en adultos mayores, enfermedades pulmonares crónicas, neumonía e infecciones urinarias. En el caso de Ciudad Bolívar, los menores acuden por enfermedades asociadas al crecimiento óseo o por perturbación de la atención. “Sin embargo, es necesario precisar que estas enfermedades no son unicausales y que hay otros factores que afectan a esta población, como la presencia de industrias (areneras en la zona), la alta afluencia de tráfico que aumenta el material particulado y las condiciones socioeconómicas de la población”, asegura la funcionaria.
Propuestas
A pesar de que la población afectada exige que se cierre el relleno o que, al menos, obliguen al operador a implementar nuevas tecnologías que permitan erradicar de raíz la práctica de seguir enterrando la basura, por ahora las propuestas de la Administración y del operador apunta a reubicar a los vecinos de Doña Juana y buscar que las autoridades ambientales autoricen una extensión de la licencia ambiental y, de paso, le alarguen la vida al relleno. Todo, enmarcado en una petición que harán a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA): aumentar la tarifa a los usuarios.
No obstante, para los expertos la solución debe ser de fondo. Cristian Díaz, director de ingeniería ambiental de la Universidad Central, cree que los rellenos sanitarios son métodos arcaicos. “Lo que hace es coger un problema ambiental y multiplicarlo por cuatro. Primero los lixiviados, que en Doña Juana van al río Tunjuelo. Segundo, los gases efecto invernadero que produce la descomposición de la basura y contribuyen al calentamiento global. Tercero, que la basura no desaparece. Cuarto, la proliferación de vectores, plagas, moscas, roedores”.
“Creer que los rellenos nos van a solucionar el problema de basuras es pensar en el medievo. ¿Qué debemos hacer? Que Doña Juana termine su vida útil, porque le están sacando más kilometraje del que puede dar. Le están metiendo basura en donde no pueden. Eso hay que clausurarlo. ¿Por qué están ampliando el tiempo? Porque las administraciones nunca han pensado en nuevas estrategias de gestión de residuos sólidos, como el aprovechamiento térmico, así como en planes de adecuación y separación”.
Agrega que gran parte de los desechos están distribuidos entre papel, cartón, textil y plásticos. Muchos de ellos son combustibles y se puede aprovechar para quemarla con toda la tecnología y los controles ambientales del caso para generar energía. “Eso lo hacen los países que no tienen terreno disponible para las basuras: Singapur, Japón, Alemania, España, Suecia, que no se pueden dar el lujo que coger una zona fértil y llenarla de basuras”.
Por su parte, Marta Cristina Bustos, experta en el manejo de residuos sólidos y lixiviados de la Universidad Nacional, indica que la situación actual del relleno puede generar un problema de salud pública en la ciudad, como la que se vivió a finales de 2012, si no se tienen en cuenta estrategias que incluyan al ciudadano, a la industria, al comercio los recicladores, así como a las empresas de aseo, para reducir las cifras de residuos e incentivar la reutilización. “Ya lo vivimos, ya sabemos qué puede pasar. Por eso, se deben realizar campañas fuertes de concientización para lograrlo y quienes saben cómo hacerlo son las personas que trabajan en el reciclaje. Ellos tienen claro bajo qué condiciones se pueden reutilizar los materiales que desechamos en los hogares, ese es el primer paso”.
La consigna hoy es tratar de reducir el volumen de basuras, con prácticas ambientalmente amigables. Por ejemplo, comprar productos que no estén tan empacados, separar los residuos desde la fuente y ser conscientes de que en la ciudad se desperdician anualmente 500.000 toneladas de alimentos. Por eso, mientras se encuentra una solución de fondo, la primera tarea para los ciudadanos es empezar a aprender a reciclar y comprender que las malas prácticas tienen efectos ambientales adversos y que golpean a una comunidad que tiene a la peor de las vecinas: Doña Juana.
Más plata
Mauricio Bernal, representante legal de CGR, señala que la situación del Relleno es un tema complejo y que los problemas actuales son por falta de recursos. Agregó que no se puede cerrar, porque no hay otra zona en la región con la capacidad para recibir la basura de ocho millones de personas. “La única solución es operar el que tenemos de la mejor manera. Tenemos la capacidad, pero no tenemos recursos. La tarifa que nos pagan es obsoleta y no incluye las nuevas exigencias que impusieron las autoridades ambientales. Vamos a tramitar un reajuste. Si se logra, mejoraría mucho la operación”, manifestó.
Tras la protesta de la comunidad, la Alcaldía anunció esta semana investigaciones administrativas en contra del operador del relleno, por sus posibles incumplimientos. Sin embargo, al igual que el operador de Doña Juana, cree que para tener un mejor servicio, los ciudadanos deben pagar más. El pasado viernes el alcalde Enrique Peñalosa señaló que la ciudad necesitaba un relleno sanitario que funcionara perfectamente y para hacerlo, era necesario aumentar las tarifas de aseo.
“El ajuste es necesario para garantizar su perfecta operación y hacer las mejoras en infraestructura que necesitan los bogotanos y la ciudad. “La tarifa que se paga al relleno es mínima dentro del costo total de lo que pagan los habitantes de la ciudad por el servicio de aseo. Está por debajo de todas las tarifas de rellenos en Colombia y de otras ciudades de América Latina”, señaló el alcalde.
El aumento de las tarifas se plantea a la CRA, es un estudio aproximado y puede variar con los meses. Para los estratos 1, 2 y 3 el reajuste estaría entre el 21 y 23 %; para los estratos 4, 5 y 6 entre el 24 y 27 %. Por su parte, para los predios comerciales, industriales y oficiales, el aumento solicitado sería del 31 %. “La CRA es la que tiene que revisar los estudios que se presenten y mirar si hay una justificación para hacer este ajuste tarifario que se viene estudiando hace más de un año, pero todavía no se ha aprobado”, concluyó.
Ante el anuncio, el concejal Jorge Torres (Alianza Verde) opinó que era inapropiado hablar de un aumento de la tarifa para beneficiar a un operador que no ha cumplido a cabalidad su contrato. “Es totalmente inaudito que se pretenda premiar con el aumento de tarifas a un operador que lleva 7 años incumpliendo las obligaciones que tiene con los bogotanos. CGR ha desmejorado la calidad de vida de las personas que viven en el entorno del relleno, ha contribuido a empeorar las condiciones ambientales de la ciudad, ha profundizado la contaminación del río Tunjuelo y del río Bogotá por los lixiviados y ha incumplido sus obligaciones contractuales para hacer una adecuada disposición de las basuras que producimos todos los bogotanos”, afirmó el concejal, quien considera que antes de gestionar este aumento, se debería cambiar al operador.
Retorne aquí al especial Doña Juana 20 años de la catástrofe ambiental