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La furia de los habitantes de calle que habitaban el Bronx parece salida de control. Luego de la intervención del 28 de mayo, que acabó con esas cuadras del crimen en el centro de Bogotá, esta población no sólo se ha concentrado en sectores cercanos, sino que, a punta de disturbios, robos y amenazas, sobre todo a los comerciantes de la zona, ha generado un clima de zozobra que lleva a pensar en soluciones para controlarlos sin vulnerar sus derechos.
El Distrito ha sido claro: la Corte Constitucional, en un fallo de 2015 que sentó jurisprudencia sobre la forma como el Estado debe atender a esta población, impidió, por ejemplo, que a los habitantes de calle los sancionen por el hecho de deambular y dormir en las aceras, o que los fuercen a recibir tratamientos de rehabilitación. La sentencia T-043, sin embargo, considera que las instituciones deben garantizar sus derechos y su atención cuando, voluntariamente, la requieran. Es lo que ha reiterado la administración Peñalosa: quienes lo deseen pueden acercarse al personal de la Secretaría de Integración Social que recorre las calles y vincularse a sus programas, que van desde la atención transitoria en albergues hasta el tratamiento contra su dependencia a las drogas.
Pero el desespero de los comerciantes del centro, sobre todo en La Estanzuela, difícilmente les permite entender esas razones. Sobre todo porque su problema no radica tanto en el merodeo de los habitantes de calle, sino en la inseguridad y los desmanes que éstos protagonizan, que pueden entenderse, en buena medida, gracias a la relación que mantienen con la criminalidad, heredada del Bronx. Ayer, por ejemplo, durante los excesos de la madrugada en los que un grupo de indigentes quebraron vidrios de la estación Bicentenario de Transmilenio (carrera 10ª entre calles 3ª y 6ª), fue capturada una mujer con un arma de fuego. Extraoficialmente se supo que los temidos sayayines (los criminales del Bronx) siguen suministrando droga a estas personas para que se rebelen contra la autoridad.
La Alcaldía ha manifestado su intención de pedirle a la Corte que revise el fallo, con el fin de que le brinde herramientas que le permitan tener más margen de maniobra. Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad, precisó que el objetivo es que, en algunos casos en los que sea evidente la carencia de la capacidad de razonar y de actuar bajo su voluntad, puedan declararlos interdictos a partir del concepto de un comité médico, para tener la capacidad de someterlos a un tratamiento. En eso lo apoya el defensor del Pueblo en Bogotá, William Suárez, que agrega: “No es posible que por respetar su libre desarrollo de la personalidad se les permita, de paso, vulnerar su propia dignidad humana y la de los demás sin que las autoridades puedan hacer algo. Estamos analizando cómo pedirle a la Corte que modere ese fallo y les dé herramientas a las autoridades. Eso sí, todo a la luz de los derechos humanos”.
Ambos funcionarios, sin embargo, difieren a la hora de hablar de la intervención en el Bronx. El secretario de Seguridad insiste en que era la decisión acertada para acabar con lo que ocurría allí, pues, como se sabe, no se trataba sólo de un sitio de concentración de habitantes de calle, sino de un fortín del crimen. Eso está claro, pero el defensor del Pueblo considera que lo que hoy ocurre es producto de una mala planeación. Señala cómo desde antes de que la Alcaldía realizara una operación policial, él solicitó hacer una intervención integral, con un censo de habitantes de calle, de los propietarios de negocios legales y de los dueños de inmuebles, y planear una estrategia en la que se tuviera claro qué hacer con los habitantes de calle. “Después de esa solicitud el Distrito ni siquiera nos volvió a invitar a las reuniones. Hoy vemos los efectos de la intervención policial, que era lo más fácil. Lo que hoy vemos es una improvisación que terminó por afectar a los ciudadanos y a los mismos indigentes”.
¿Qué hacer, entonces? La propuesta de Suárez, además de la moderación del fallo, es dialogar con los habitantes de calle. “Luego de ver lo que ocurre, el Distrito debe crear un gran programa y mesas de diálogo con los diferentes combos de indigentes para saber cómo quieren que les ayudemos. Algunos dirán que para qué dialogar con ellos, pero son personas muy pilosas. Necesitamos soluciones urgentes”.
El sociólogo Ricardo Vargas, profesor de la Universidad Nacional, que también cuestiona la forma como se llevó a cabo la intervención, plantea la necesidad de restablecer el contacto que la administración anterior había establecido con los habitantes de calle a través de los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes (Camad), pues, además de ofrecer servicios de atención prehospitalaria y de reducción del daño, habían forjado un vínculo entre los indigentes y la institucionalidad. Hay que recordar que la administración Peñalosa cambió la forma de operarlos porque esas unidades ya no están cerca de los sitios de congregación de esa población, sobre todo porque considera que identificar un espacio como aquel al que acuden los adictos tiende a estigmatizarlos. La labor de persuasión para que accedan a programas distritales la asumió Integración Social.
Es claro que la administración debe tomar decisiones urgentes y efectivas para que la situación no tome rumbos indeseados. Ya lo advirtió el concejal Diego Molano, que, además de proponer que se declare la emergencia sanitaria en Los Mártires, advirtió que ya se escuchan rumores de la llegada de supuestos escuadrones para cometer asesinatos selectivos. Un panorama como este no lo quiere la ciudad.