El documento tiene cuatro páginas. Lo han firmado 25 concejales. Su objetivo es claro y explícito: “Citar al secretario de Educación (Óscar Sánchez) para promoverle moción de censura”. Una herramienta que, de prosperar, en palabras sencillas, le significaría al funcionario nada menos que su destitución fulminante.
Tras seis meses de comenzada la era Petro en la capital, y en momentos en que el alcalde mayor decide pedir la renuncia protocolaria a la totalidad de su gabinete, el secretario de Educación del Distrito está a punto de ser citado por el Concejo para que éste decida su permanencia en el cargo.
¿Los argumentos? A juicio de los concejales promotores de la iniciativa, como Antonio Sanguino (Partido Verde), Julio César Acosta (Cambio Radical) y Celio Nieves y Álvaro Argote (Polo Democrático), el secretario Sánchez “ha fallado en la orientación y dirección de las políticas y programas” del sector.
Para estos concejales —que muy seguramente radicarán hoy la mencionada proposición con 25 firmas (se necesitaban apenas 23)—, Sánchez no “asesoró cabalmente al alcalde mayor” en la formulación del Plan de Desarrollo y por eso el componente que más sufrió modificaciones en la hoja de ruta fue el suyo. El documento asegura, además, que el secretario cambió el esquema de contratación de los refrigerios del Distrito, “en detrimento de la calidad nutricional de los estudiantes”.
Quienes promueven la moción califican de “pobre” su gestión, por no haber atendido debidamente la situación de unos 100 colegios que se encuentran en estado crítico por concepto higiénico-sanitario ni incorporados el bilingüismo ni la jornada escolar única en el Plan de Desarrollo. “Su plan de educación nos situaba 10 años atrás”, dice el concejal Sanguino, por ejemplo.
Sin embargo, para muchos, el tema no es tan sencillo. Y la prueba es que, simultáneamente, apareció un argumento técnico, y otros más políticos, que debilitarían algunas de estas acusaciones, como el informe de interventoría que la Universidad Nacional realiza desde hace seis años al proceso de contratación y suministro de refrigerios en el Distrito. Según este reporte, aunque en el nuevo esquema de contratación de los refrigerios “se presenta una disminución de las calorías, macronutrientes, hierro y calcio con respecto al año 2011”, esta reducción supera considerablemente lo exigido.
Aunque los enemigos de Sánchez parecen ser mayoría, más de un cabildante quiere llamar la atención sobre el trasfondo político de esta citación a una moción de censura.
Para el concejal liberal Horacio José Serpa, “las causales que fundamentan la moción son muy específicas y apuntan a casos que se vienen desarrollando desde la administración pasada y no pueden ser gestionados inmediatamente”. Para la progresista Angélica Lozano, la figura “es un capricho sin argumentos objetivos”.
Para otros, como el también progresista Carlos Vicente de Roux, la moción refleja la reacción de un sector político de la capital, que ha visto perdidos sus privilegios en la más grande entidad del Distrito. “Durante el gobierno de Samuel Moreno la entidad cayó en un problema de desgobierno y muchos micropoderes aprovecharon ese desgobierno”, asegura el concejal.
Lo que está en juego con la Secretaría de Educación no es poco: su planta administrativa alcanza las 2.500 personas y la planta de docentes a su cargo supera los 31.000. En suma, maneja un presupuesto anual de $2,2 billones y es el sector al que el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro dedica más recursos.
Muchos sectores buscaron ganar en el pasado influencia en esta Secretaría. Durante la administración de Samuel Moreno era vox pópuli la relación de la subsecretaria de Acceso y Permanencia, Martha Lucía Vega, con el hoy procesado Iván Moreno; lo mismo, la cercanía del secretario de Integración Interinstitucional, Jorge Torres, con el exsenador Jaime Dussan, y, finalmente, los vínculos del concejal Celio Nieves con Elizabeth Fuentes, exdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaría y hoy asesora de este concejal.
Desde la llegada de Sánchez, los concejales Celio Nieves y Álvaro Argote perdieron buena parte del poder que ejercían en la Secretaría de Educación como exmaestros que contaban con el apoyo del magisterio. Sobre todo teniendo en cuenta que, ambos cabildantes del Polo, venían de ocho años de estar del lado de gobiernos en los que establecieron sus caudales políticos en el sector educativo.
Por orden de Petro, el secretario de Educación llegó barriendo la casa, acabando con las cuotas políticas y los compromisos burocráticos del Polo y empoderando en la entidad un equipo de técnicos de la confianza del secretario, incluyendo a Amanda Granados, exasesora de confianza del concejal Carlos Vicente de Roux y quien formó parte del famoso informe sobre contratación que buscó destapar los casos de corrupción en el Distrito.
Este nuevo estilo habría desatado la reacción de algunos concejales, a quienes se suman aquellos que han visto en Sánchez al candidato perfecto para castigar a un gobierno que, medio año después, se le percibe con un gabinete tambaleante y sumido en la total improvisación.
El Concejo necesita 30 votos positivos para aprobar la moción, un hecho histórico cuyo costo político para la administración Petro aún no ha sido calculado. La herramienta no alcanzó el éxito, ni siquiera en el cuestionado gobierno de Samuel Moreno, cuando intentaron promoverla en contra del entonces secretario de Movilidad, Fernando Álvarez.
Por Juan Camilo Maldonado T. / Laura Ardila Arrieta
