Más de 300 indígenas, víctimas de desplazamiento forzado, protestaron en la calle durante 36 horas ante la falta de atención a sus comunidades en medio de la crisis del coronavirus. A pesar de que el Gobierno decretó que no se podía desalojar a ninguna familia colombiana durante la emergencia y hasta dos meses después, muchos fueron desalojados de sus viviendas por no pagar los arriendos.