La juez aseguró que al momento de la captura no se les encontró a los uniformados ninguno de los elementos que denunciaron las víctimas del atraco. Por esta razón, se determinó que no existió flagrancia y se declaró ilegal su captura.
Sin embargo, se compulsarán copias a la Fiscalía para que remita el caso a justicia penal militar, para que continúe la investigación.
Las primeras versiones aseguraron que los uniformados habrían cometido el hecho junto a un grupo de civiles en la iglesia Ministerio Restaurador, donde aparentemente habrían liderado el robo de varios celulares, un computador personal y una memoria USB.
Sin embargo, la defensa aseguró que los militares se encontraban en la zona porque estaban cumpliendo con una orden oficial de buscar a un soldado del ejército que desertó y que maneja valiosa información de las operaciones del Ejército.
Por El Espectador
