Los municipios aledaños al río Bogotá están advertidos: las lluvias de los últimos días en la cuenca alta han generado un leve represamiento que podría generar inundaciones, como ocurrió en 2011 en Chía, Cajicá y Villapinzón. El martes, la Gobernación de Cundinamarca declaró alerta amarilla. Y mientras el río sigue su cauce, con la contaminación de por medio, el Consejo de Estado evalúa las aclaraciones que solicitaron entidades ambientales, antes de cumplir al fallo que ordenó su recuperación.
El fallo del Consejo de Estado se conoció el 28 marzo. Allí se estableció que en seis meses debía presentarse un proyecto de ley para crear una gerencia del río Bogotá, que antes de 2016 las empresas de curtiembres deberían estar por fuera de la ronda del río y que en tres años comenzaría la recuperación del afluente. Sin embargo, estas órdenes aún no han entrado en vigencia, por una serie de vacíos jurídicos y financieros en el fallo, según organismos ambientales.
Alfred Ignacio Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), habló con el El Espectador sobre la situación actual del río.
El Ministerio de Hacienda le entregará $15 mil millones a la CAR para la adecuación del río, ¿cómo van a invertirlos?
El río tiene un problema asociado a las inundaciones, por la topografía. Como en la cuenca media no hay pendiente, cuando llueve se satura la capacidad de su cauce y genera desbordamientos. ¿Cómo solucionar esto? Construyendo obras de adecuación hidráulica, para darle mayor capacidad al río y mayor velocidad. En cada uno de los márgenes del río construiremos taludes marginales (jarillones) para contener inundaciones. Analizamos cuánto ha llovido en la cuenca en los últimos días y tomamos la decisión de construir jarillones de 16 metros de ancho en la base, cuatro en la corona y con una altura promedio de 3,5 metros. El proyecto irá desde Alicachín hasta la vía Suba-Cota. Queremos llevarlos hasta Cajicá y Villapinzón.
Para ampliar el cauce tuvieron que comprar predios, ¿en qué va eso?
Hemos comprado 129 predios. Nos falta adquirir muchos más para recuperar las zonas naturales. Hay unos sitios que deberían ser zonas de descanso para el río y que los han comprado los particulares. En la ronda del río también se va a construir un parque lineal, en el que plantaremos más de 500.000 árboles.
¿Van a reubicar a las empresas de curtiembres de la ronda del río?
Sí, este fin de semana haremos una entrega simbólica de un predio de 70 hectáreas, en la vereda de Chingacio (Chocontá), donde se construirá un parque industrial para los curtidores de Villapinzón, Chocontá y San Benito. Hoy tenemos 180 familias en la ronda del río que no han querido suspender su actividad. Algunos curten las pieles dentro de las casas, otros en las noches. Al llevarlos al parque industrial vamos a garantizar que tengan un sistema único de tratamiento de aguas residuales.
La Procuraduría, así como la CAR, reconocieron 50 industrias que tienen producción limpia y que cumplen la norma nacional, ¿Por qué reciben el mismo trato de aquellas que no cumplieron?
Eso no es cierto. Algunas han hecho un esfuerzo enorme por cumplir con las normas ambientales: la colombo italiana es un ejemplo. Sin embargo, no hemos logrado legalizar más de cinco. Yo entiendo que hay un problema social detrás. Algunos no tienen otra alternativa económica y han propuesto que construyamos un colector por la orilla del río, que lleve las aguas a un único sitio en donde reciban el tratamiento. Técnicamente no es fácil de manejarlo e implica que las aguas residuales del municipio se mezclen con las industriales, lo cual prohíbe la ley.
Pero la Gobernación dice que el proyecto para construir un parque industrial está desfinanciado.
El parque no tiene recursos. Es un proyecto que, como muchos de los que ordenó el magistrado Velilla, está desfinanciado. La CAR va a entregar el predio, pero no va a financiar el parque de los curtidores. Ellos tienen que entender que tienen que meterse la mano al bolsillo.
Pero han alegado que ustedes los han tratado como invasores...
A ellos nadie les discute la titularidad de los predios Están desarrollando una actividad sujeta a requisitos que no están cumpliendo. Afectar los recursos naturales es delito, por eso el Consejo de Estado les da seis meses para reubicarse.
Además de los proyectos de adecuación, ¿han avanzado en la descontaminación del río?
Avanzamos en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Salitre. Estamos elaborando los pliegos definitivos para la selección del contratista. La obra tiene un costo de 400 millones de dólares. Estamos renovando la tecnología: 21 municipios tenían lagunas de oxidación, que es un sistema obsoleto. En Chía, por ejemplo, se hizo para 10 mil habitantes y hoy tiene alrededor de 140 mil.
¿Cuánto han invertido en obras de modernización?
En Tocancipá invertimos $11 mil millones; en Cogua: $5.800 millones; Nemocón, $5.100 millones; Gachancipá, $4.700 millones ;Cajicá, $.6900 millones; Cota, $10 mil millones; Funza, $5.100 millones; Guatavita, $1.00 millones; Subachoque, $800 millones. Sin embargo, para construir todas las PTAR que se requieren necesitaríamos casi un billón, y no lo tenemos. La de Zipaquirá vale $60 mil millones, Chía necesita dos, cada una de $20 mil millones. Para Mosquera y Facatativá, la inversión también sería de $40 mil millones. El fallo habla de mejorar todas las plantas. Y de Soacha para abajo no hay nada. La de Girardot podría valer $80 mil millones.
Pero el fallo de primera instancia ya había ordenado mejorar las plantas
En 2007 se creó el Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá (FIAB) . Hoy tenemos $ 600 mil millones en la cuenta del FIAB. Con este proyecto se vienen estructurando los planes grandes para recuperar el río. Se van a financiar con esos recursos y con el crédito de 250 millones de dólares que nos aprobó el Banco Mundial. Ahora que contamos con los recursos, podemos mejorar las plantas.
¿En qué va la PTAR Salitre?
Diseñar una planta para que trate 8 metros cúbicos por segundo, de las aguas residuales de 4 millones de habitantes , es un ejercicio y una tarea que no es de día ni de meses. Eso tomó un tiempo, y el Banco Mundial se demoró casi año y medio en otorgarnos el crédito.
¿Y en términos de vigilancia?
Hay empresas clandestinas que generan vertimientos en horarios nocturnos, hay contaminación por la actividad agrícola y ganadera. Hemos cerrado más de 200 empresas por contaminación .
¿La CAR no pierde autonomía con el fallo del Consejo de Estado?
El fallo aún no está en firme: las partes considerativas son contradictorias con las partes dispositivas. Le escuchamos una cosa al magistrado en audiencias públicas y otra cosa lee uno en el texto del fallo. Sin embargo, no quisiera imaginarme lo que sería un gerente del río administrando unos proyectos de descontaminación, y otra entidad ambiental otorgando licencias y conseciones de agua. Quién los pone de acuerdo.
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@santiagov72
Por Santiago Valenzuela
