Lo es porque durante los últimos quince años el Distrito ha acumulado una creciente cantidad de preocupantes problemas que parecen arrumarse, día por día, sin posibilidades de soluciones ante la estrechez actual de sus recursos. Con la elección de Peñalosa crece la esperanza ciudadana de encontrar la ruta de progreso que todos queremos para la ciudad. ¿Cómo aprovechar, entonces, las ideas y determinación de un alcalde preparado y visionario, si ellas riñen con recursos limitados? ¿Cómo hacerlo sin exprimir los bolsillos de los contribuyentes? En la enajenación de algunas empresas de servicios estaría la respuesta.
Recordemos que el tema no es nuevo. En efecto, desde las épocas de la primera administración del profesor Mockus, y posteriormente con la llegada de Peñalosa, el Concejo transitó con éxito por esta vía después de arduos debates y profundas discusiones. Se autorizaron dos soluciones: la venta del 49 % de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y, posteriormente, la de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB).
La bondad de la primera decisión es incuestionable y aún nos rinde beneficios. Al vender la mitad de la EEB se evitó el malgasto de gigantescos recursos necesarios para sacarla de la quiebra. Además, se lograron importantes mejoras en el servicio y todavía hoy se siguen recibiendo importantísimos recursos por la vía del reparto de utilidades, con los que ha sido posible ejecutar inaplazables obras sociales y de infraestructura.
En cambio, desafortunadamente y por distintas circunstancias, no fue posible concretar la venta de la ETB. Cabe recordar que, de haberse hecho, Bogotá tendría ya un metro semejante al que ahora se discute, y habría conservado el servicio telefónico que tiene. Hoy es posible retomar esta posibilidad, adecuándola a lo hecho en su momento con la EEB.
Pero con la llegada de los alcaldes populistas se congeló este tipo de soluciones. También llegaron inútiles incrementos en burocracia improductiva. La discusión sobre estos temas fue distorsionada con falsas premisas. Se satanizó la posible venta de estas empresas afirmando que viviríamos también un deterioro en la calidad de los servicios públicos y quedaríamos en manos del llamado capitalismo salvaje, que abusaría sin remedio de los usuarios por la vía de la tiranía en las tarifas. Argumentos todos alejados de la realidad.
En la legislación colombiana el monto de las tarifas no lo determinan unilateralmente los directivos de las empresas prestadoras, ya que el Estado ejerce control sobre las mismas por la vía de las comisiones reguladoras. Lo más importante es, tal vez, que de aplicarse el modelo, para fidelizar el servicio y evitar la cartera morosa las empresas prestadoras de servicios públicos deberán invertir en tecnología de punta ofreciendo altos estándares de calidad.
Por el contario, dejar en manos del alcalde de turno la suerte de nuestras empresas de servicios es exponerlas al vaivén de sus veleidades o, en el peor de los casos, a sus sesgos ideológicos. Es lo que acabamos de comprobar con el manejo dado por el alcalde Petro a la Empresa de Acueducto de Bogotá, a la que peligrosamente involucró en el negocio de las basuras, para lo que no estaba hecha ni preparada.
Reviviendo el tema podremos encontrar recursos y soluciones para los diferentes problemas acumulados. Acompañemos el debate con mente abierta.
*Profesor U. Sergio Arboleda, consultor empresarial y exconcejal de Bogotá.
Por Francisco Noguera Rocha*
