Radican acción de inconstitucionalidad contra creación de 'policía cívica' para Bogotá

Luego de que la bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá propusiera la creación de una policía cívica en la ciudad –en el marco de la Secretaría de Seguridad– este miércoles los concejales Jorge Torres y Antonio Sanguino (Alianza Verde) radicaron ante la Corte Constitucional una ‘acción pública de inconstitucionalidad’ contra tal autoridad cívica.

Según argumentan los cabildantes, el artículo 3 del Decreto 355 de 1994 –"Por el cual se dictan normas relativas a la policía cívica, en la modalidad de voluntarios"– dice que una función de ésta consiste en suministrar información sobre actividades relacionadas con huelgas, paros o manifestaciones.

“Esto vulnera los derechos constitucionales a la huelga y a reunirse para manifestarse públicamente”, advirtió el concejal Antonio Sanguino.

Tanto Torres como Sanguino destacan en su demanda la importancia de proteger el derecho constitucional de los colombianos para reunirse y manifestarse públicamente de manera pacífica, “sin más perjuicio que el de velar por los derechos que les otorga la Carta Política”

“El Decreto 355 de 1994 en su artículo 3 determina que la Policía Cívica debe suministrar información a la Policía Nacional principalmente sobre los siguientes aspectos: a) Infracciones penales y de Policía; b) Actividades que tengan relación con huelgas, paros, manifestaciones y/o desórdenes y, en general, toda situación que altere el orden público, la tranquilidad o la convivencia ciudadana”, indican los cabildantes.

De acuerdo con los concejales, el artículo 3 vulnera normas de la Constitución Política de Colombia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“También se requiere considerar que en Colombia el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente está expresamente reconocido en la Constitución Política y en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad”, agregaron.

“Esta norma incorpora el derecho de manifestación, garantizando en ambos casos su ejercicio público y pacífico, y estatuye que sólo la ley podrá señalar expresamente los eventos en los cuales puede limitarse el ejercicio de este derecho”, denunció el concejal Antonio Sanguino.

En febrero pasado, la bancada del Centro Democrático, en cabeza del cabildante Daniel Palacios, presentó una iniciativa encaminada a complementar el proyecto que crea la Secretaría de Seguridad de la ciudad. (Lea: Polémica por propuesta del Centro Democrático de crear 'policía cívica' en Bogotá)

Para hacerle frente a la inseguridad que se registra en la capital, la bancada propuso –sumado a la creación de un centro de atención integral de justicia para cada localidad y la inclusión de los servicios de emergencia en el Centro de Comando y Control de la Secretaría– la implementación de una policía cívica.

“Pedimos que se lidere, oriente y coordine la implementación de una policía cívica en la ciudad, consagrada en la Ley cuarta de 1991 y el Decreto 2626 de 1994, que crea una policía cívica con función pública, la cual podría ayudar a la Policía Metropolitana”, sostuvo el cabildante.

De acuerdo con Palacios, no se trataría de crear en Bogotá las cuestionadas Convivir –plataformas de seguridad ciudadana y privada que en los 90 derivaron en la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– ya que la policía cívica no estaría armada.

“Antes de que digan que el Centro Democrático está proponiendo paramilitares, dejamos claro que esto está consagrado por la ley y lo que se propone es una policía uniformada, remunerada, desarmada, bajo el mando de la Policía Metropolitana y funcionando como apoyo a la misma”, agregó el concejal. 

Luego de que la bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá propusiera la creación de una policía cívica en la ciudad –en el marco de la Secretaría de Seguridad– este miércoles los concejales Jorge Torres y Antonio Sanguino (Alianza Verde) radicaron ante la Corte Constitucional una ‘acción pública de inconstitucionalidad’ contra tal autoridad cívica.

Según argumentan los cabildantes, el artículo 3 del Decreto 355 de 1994 –"Por el cual se dictan normas relativas a la policía cívica, en la modalidad de voluntarios"– dice que una función de ésta consiste en suministrar información sobre actividades relacionadas con huelgas, paros o manifestaciones.

“Esto vulnera los derechos constitucionales a la huelga y a reunirse para manifestarse públicamente”, advirtió el concejal Antonio Sanguino.

Tanto Torres como Sanguino destacan en su demanda la importancia de proteger el derecho constitucional de los colombianos para reunirse y manifestarse públicamente de manera pacífica, “sin más perjuicio que el de velar por los derechos que les otorga la Carta Política”

“El Decreto 355 de 1994 en su artículo 3 determina que la Policía Cívica debe suministrar información a la Policía Nacional principalmente sobre los siguientes aspectos: a) Infracciones penales y de Policía; b) Actividades que tengan relación con huelgas, paros, manifestaciones y/o desórdenes y, en general, toda situación que altere el orden público, la tranquilidad o la convivencia ciudadana”, indican los cabildantes.

De acuerdo con los concejales, el artículo 3 vulnera normas de la Constitución Política de Colombia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“También se requiere considerar que en Colombia el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente está expresamente reconocido en la Constitución Política y en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad”, agregaron.

“Esta norma incorpora el derecho de manifestación, garantizando en ambos casos su ejercicio público y pacífico, y estatuye que sólo la ley podrá señalar expresamente los eventos en los cuales puede limitarse el ejercicio de este derecho”, denunció el concejal Antonio Sanguino.

En febrero pasado, la bancada del Centro Democrático, en cabeza del cabildante Daniel Palacios, presentó una iniciativa encaminada a complementar el proyecto que crea la Secretaría de Seguridad de la ciudad. (Lea: Polémica por propuesta del Centro Democrático de crear 'policía cívica' en Bogotá)

Para hacerle frente a la inseguridad que se registra en la capital, la bancada propuso –sumado a la creación de un centro de atención integral de justicia para cada localidad y la inclusión de los servicios de emergencia en el Centro de Comando y Control de la Secretaría– la implementación de una policía cívica.

“Pedimos que se lidere, oriente y coordine la implementación de una policía cívica en la ciudad, consagrada en la Ley cuarta de 1991 y el Decreto 2626 de 1994, que crea una policía cívica con función pública, la cual podría ayudar a la Policía Metropolitana”, sostuvo el cabildante.

De acuerdo con Palacios, no se trataría de crear en Bogotá las cuestionadas Convivir –plataformas de seguridad ciudadana y privada que en los 90 derivaron en la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– ya que la policía cívica no estaría armada.

“Antes de que digan que el Centro Democrático está proponiendo paramilitares, dejamos claro que esto está consagrado por la ley y lo que se propone es una policía uniformada, remunerada, desarmada, bajo el mando de la Policía Metropolitana y funcionando como apoyo a la misma”, agregó el concejal.