En las últimas semanas, dos ciudadanos en Bogotá murieron esperando un servicio de ambulancia. Y a pesar de esto, las decisiones de la Administración Distrital, para algunos, parecen en contravía de los hechos. Hace unos días cancelaron el contrato con una empresa privada que tenía 44 vehículos médicos al servicio de la ciudad. La justificación del secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, y del alcalde Enrique Peñalosa fue que “no se necesitaban” y que con 132 vehículos que tiene el Distrito es suficiente. Y agregaron: “En Bogotá hay más vehículos de la cuenta, lo que pasa es que actúan en desorden”.
En la capital hay una ambulancia pública por cada 60 mil habitantes, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que sea un vehículo por cada 25 mil personas. Si este cálculo se realiza sumando las ambulancias privadas –a las que no todos los bogotanos tienen acceso– la cifra alcanza a abarcar 12 mil habitantes.
Luego de estas declaraciones, fueron más descarnados. Tras un debate en la comisión Séptima del Senado sobre las deudas de las EPS con los hospitales, Peñalosa soltó una frase que dejó atónito a más de uno: “en todas las ciudades del mundo mueren personas esperando una ambulancia”. El secretario de Salud, momentos antes, le había dicho a Blu Radio: “Seguramente va a seguir sucediendo”.
Estas declaraciones han generado controversia, al punto de que algunas asociaciones de pacientes han señalado que la administración está viendo el servicio de ambulancias en función del gasto y no de salvar vidas. A pesar de esto, el Distrito dice tener sólidas razones.
Privadas y públicas
Según datos de la Administración, a diario se presentan 2.500 incidentes en la capital, de los cuales 750 requieren una ambulancia (uno de cada tres). En 2015, de todas las llamadas que recibió el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) en la que solicitaban ambulancias –advierte la Secretaría de Salud–, 7 de cada 10 fueron desde entidades privadas y apenas una fue por emergencia vital.
Esta fue la razón por la que el secretario de Salud le puso fin al contrato con empresas privadas de ambulancias. Morales argumenta que al estar atendiendo emergencias en entidades privadas, la ciudad estaba asumiendo costos que no le correspondían, ya que, según él, al Distrito únicamente le compete atender emergencias que ocurran en calles o espacios públicos y no aquellas situaciones que se presenten en ámbitos privados.
Es decir que en caso de que un ciudadano sufra una emergencia en su vivienda, en la universidad o en un centro comercial, por ejemplo, es el establecimiento el llamado a disponer de un vehículo para su traslado a un centro asistencial y no la Administración.
“El Distrito tiene una obligación y es atender las emergencias: la gente que está en la calle, que la atropella un carro, un herido en un incendio o una inundación, pero los traslados privados y desde entidades privadas no son nuestra obligación. Eso no lo vamos a seguir pagando. Usted debe llamar a su EPS si tiene una emergencia o buscar su transporte. Es más, ni siquiera el Plan Obligatorio de Salud, que lo ha revisado tantas veces la Corte, lo cubre, salvo las verdaderas urgencias”, explicó el secretario en diálogo con El Espectador.
Debe primar la vida
Las declaraciones abrieron el debate sobre la responsabilidad del Estado de velar por la vida de los ciudadanos y no ver este servicio como un gasto. Más allá de la controversia por quién debe responder por la atención de un herido y el correspondiente despacho de una ambulancia, lo cierto es que en la discusión debe primar la vida y su oportuna atención. Postura que comparten concejales como Julio César Acosta (Cambio Radical) o Daniel Palacios (Centro Democrático), quienes advierten que la ineficiencia del servicio de emergencias está costando vidas.
Precisamente, y una vez conocido el caso de un hombre en condición de discapacidad que este miércoles perdió la vida a la espera de una ambulancia –hecho que se suma al de la estudiante universitaria Alejandra Caldas, de 30 años, quien falleció la semana pasada en similar circunstancia– el concejal Palacios, con apoyo de su bancada, hará una propuesta para reformar los servicios de emergencias. La propuesta indica que, sin discriminación alguna, el Distrito atenderá a cualquier ciudadano que lo requiera y para ello, el CRUE contará con un servicio de paramédicos y ambulancias mucho más robusto.
“Hoy existe un desorden en el despacho y articulación de las emergencias médicas de la ciudad, por eso buscamos crear un Instituto Distrital de Regulación de Vigilancia y Control de las Urgencias y las Emergencias médicas de la ciudad, para que esta entidad sea quien administre y operé las 132 ambulancias que tiene Bogotá, articulados al Centro de Comando y control y la línea 123, para que ellos sean los que atienden las llamadas de emergencia”, sostuvo el cabildante.
jgonzalez@elespectador.com