Rappitendero hizo huelga de hambre para que no lo bloquearan de la plataforma

Jorge Enrique Vargas, de 57 años, inició una huelga de hambre el pasado martes a causa de lo que considera una arbitrariedad por parte de una supervisora de Rappi en PriceSmart, lugar desde donde realiza pedidos en su trabajo como rappitendero.

Según su relato, la mujer citó a todos los ‘RT’ (como también se les conoce) que trabajan en carro en el lugar. En esa reunión los trabajadores pidieron explicaciones de por qué a unos rappitenderos les mandan de a dos y tres pedidos y a ellos, que llegan desde las siete de la mañana, les envían de a uno.

Lea también: Rappi suspende a 1.500 repartidores por incumplir protocolos de bioseguridad

“Ella se ofendió porque se le hizo el reclamo y no quiso atendernos más. Como yo era el que más reclamaba mandó un video a los supervisores de Rappi en donde yo aparecía moviendo las manos. Ellos lo interpretaron como que yo estaba manoteando, me llamaron para decirme que eso no lo podían admitir y me bloquearon. Pero en ningún momento le falté al respeto, todos mis compañeros se dieron cuenta de eso. Lo que pasa es que cuando me pongo nervioso muevo las manos”, relata el repartidor.

Eso ocurrió el domingo, ante la situación Vargas inició el martes la huelga de hambre, pues le pareció injusto que se privilegie a ciertas personas que trabajan con la apliación y que por quejarse de esa problemática se le castigue bloqueando de la plataforma.

Al lugar llegó la Policía y de la empresa lo llamaron para conciliar, diciéndole que en las próximas horas le quitarían el bloqueo para que pudiera seguir trabajando.

Aunque su huelga de hambre duró siete horas, el repartidor cree que sin ella no le habrían prestado atención, lo cual habría sido perjudicial para las cinco personas que dependen económicamente de él. Uno de ellos tiene epilepsia refractaria y demanda semanalmente una caja de diez pastillas, la cual le cuesta a Vargas cerca de $500.000.

El repartidor argumenta su posición al decir que conoce casos de colegas que los han bloqueado, también de forma arbitraria, e intentan reparar el problema en las oficinas de Rappi. Allí les dicen que nos los pueden atender y que tienen que adelantar el trámite por medio de la aplicación. “Ellos han durado meses con el bloqueo y aún no les han contestado”, dice.

Si no hubiera hecho la huelga no creo que me hubieran atendido. Allá en la 71 cuando le cancelan a uno la cuenta no lo atienden, si no hago esa huelga de hambre no me hubieran escuchado. Si mañana no me activan la cuenta vuelvo a entrar en huelga de hambre.

Desde hace ocho meses (prácticamente lo que lleva la pandemia) Jorge Enrique Vargas trabaja en Rappi. Dice estar muy agradecido con la compañía, pues en ella ha encontrado una fuente de ingresos que en un principio le representaba entre $700.000 y $800.000 semanales, ahora solo obtiene entre $300.000 y $400.000. Disminución que atribuye a un supuesto cartel que funciona al interior de la empresa, en el que que se reparte el trabajo entre los que hacen parte de la ‘rosca’.

Para mitigar estos problemas, del que, asegura, sufren otros colegas suyos, pide mayor control en la asignación de los pedidos, así como en la disposición de un punto de atención directo en el que se pueda atender las quejas de los rappitenderos, “para que no existan este tipo de arbitrariedades por parte de los supervisores”, dijo.

El Espectador ha intentado comunicarse con Rappi para hablar sobre este caso, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta.

Jorge Enrique Vargas, de 57 años, inició una huelga de hambre el pasado martes a causa de lo que considera una arbitrariedad por parte de una supervisora de Rappi en PriceSmart, lugar desde donde realiza pedidos en su trabajo como rappitendero.

Según su relato, la mujer citó a todos los ‘RT’ (como también se les conoce) que trabajan en carro en el lugar. En esa reunión los trabajadores pidieron explicaciones de por qué a unos rappitenderos les mandan de a dos y tres pedidos y a ellos, que llegan desde las siete de la mañana, les envían de a uno.

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“Ella se ofendió porque se le hizo el reclamo y no quiso atendernos más. Como yo era el que más reclamaba mandó un video a los supervisores de Rappi en donde yo aparecía moviendo las manos. Ellos lo interpretaron como que yo estaba manoteando, me llamaron para decirme que eso no lo podían admitir y me bloquearon. Pero en ningún momento le falté al respeto, todos mis compañeros se dieron cuenta de eso. Lo que pasa es que cuando me pongo nervioso muevo las manos”, relata el repartidor.

Eso ocurrió el domingo, ante la situación Vargas inició el martes la huelga de hambre, pues le pareció injusto que se privilegie a ciertas personas que trabajan con la apliación y que por quejarse de esa problemática se le castigue bloqueando de la plataforma.

Al lugar llegó la Policía y de la empresa lo llamaron para conciliar, diciéndole que en las próximas horas le quitarían el bloqueo para que pudiera seguir trabajando.

Aunque su huelga de hambre duró siete horas, el repartidor cree que sin ella no le habrían prestado atención, lo cual habría sido perjudicial para las cinco personas que dependen económicamente de él. Uno de ellos tiene epilepsia refractaria y demanda semanalmente una caja de diez pastillas, la cual le cuesta a Vargas cerca de $500.000.

El repartidor argumenta su posición al decir que conoce casos de colegas que los han bloqueado, también de forma arbitraria, e intentan reparar el problema en las oficinas de Rappi. Allí les dicen que nos los pueden atender y que tienen que adelantar el trámite por medio de la aplicación. “Ellos han durado meses con el bloqueo y aún no les han contestado”, dice.

Si no hubiera hecho la huelga no creo que me hubieran atendido. Allá en la 71 cuando le cancelan a uno la cuenta no lo atienden, si no hago esa huelga de hambre no me hubieran escuchado. Si mañana no me activan la cuenta vuelvo a entrar en huelga de hambre.

Desde hace ocho meses (prácticamente lo que lleva la pandemia) Jorge Enrique Vargas trabaja en Rappi. Dice estar muy agradecido con la compañía, pues en ella ha encontrado una fuente de ingresos que en un principio le representaba entre $700.000 y $800.000 semanales, ahora solo obtiene entre $300.000 y $400.000. Disminución que atribuye a un supuesto cartel que funciona al interior de la empresa, en el que que se reparte el trabajo entre los que hacen parte de la ‘rosca’.

Para mitigar estos problemas, del que, asegura, sufren otros colegas suyos, pide mayor control en la asignación de los pedidos, así como en la disposición de un punto de atención directo en el que se pueda atender las quejas de los rappitenderos, “para que no existan este tipo de arbitrariedades por parte de los supervisores”, dijo.

El Espectador ha intentado comunicarse con Rappi para hablar sobre este caso, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta.