Las advertencias jurídicas de la Secretaría Distrital de Salud sobre el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025 —“Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”— provocaron nuevas reacciones en el Distrito. Mientras la Secretaría de la Mujer reafirmó su concepto de no viabilidad frente a la iniciativa, la concejala Clara Lucía Sandoval defendió su constitucionalidad y negó que cree barreras al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
El secretario de Salud, Gerson Bermont, advirtió que el proyecto excede las competencias del Concejo al intentar definir rutas de atención en salud, una función que, según la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional, corresponde al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud y Protección Social. Recordó que las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) son instrumentos técnicos de obligatorio cumplimiento definidos a nivel nacional y que el Distrito ya aplica los lineamientos establecidos en las resoluciones 3280 de 2018 y 051 de 2023.
Tras esa postura, la Secretaría Distrital de la Mujer reiteró que durante el trámite del proyecto emitió concepto de no viabilidad, al considerar que algunas de sus disposiciones presentan problemas de constitucionalidad. En particular, señaló que el uso de la expresión “alternativas a la IVE” no es consistente con el estándar fijado por la Corte Constitucional, que ha reconocido la interrupción voluntaria del embarazo como parte del derecho fundamental a la salud plena, la autonomía reproductiva y el libre desarrollo de la personalidad.
La entidad advirtió que las actuaciones institucionales deben garantizar información integral, objetiva y libre de sesgos, sin interferencias indebidas en las decisiones reproductivas. Asimismo, recordó que la competencia para definir política pública y reglamentación en materia de IVE es exclusiva del Gobierno Nacional y del Congreso, por lo que insistió en que el Distrito ya cuenta con orientaciones claras para la implementación territorial de la Ruta Materno Perinatal, conforme a las directrices del Ministerio de Salud.
¿Qué dice la autora de la iniciativa?
Por su parte, la concejala Clara Lucía Sandoval respondió a los cuestionamientos asegurando que el proyecto no crea ni modifica una Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS), ni regula actos médicos o procedimientos clínicos. Según explicó, la “Ruta por la Vida” se limita a acciones de acompañamiento psicosocial, orientación y articulación intersectorial, materias propias de la política pública social distrital.
Desde el punto de vista jurídico, Sandoval sostuvo que la iniciativa se ajusta a la Sentencia C-055 de 2022 y que no establece valoraciones obligatorias ni requisitos adicionales para acceder a la IVE. Afirmó que informar sobre alternativas y brindar acompañamiento no constituye una restricción de derechos, sino una garantía del consentimiento informado y de la autonomía de las mujeres.
También defendió que el uso del término “Ruta” tiene un carácter programático y organizativo, y que la naturaleza jurídica de una norma no se determina por su denominación sino por su contenido material. En ese sentido, indicó que cualquier inquietud sobre la interpretación del nombre podría aclararse en la reglamentación, sin afectar la validez del acuerdo.
Con estas posiciones sobre la mesa, el debate jurídico y político en torno al proyecto se intensifica. La decisión final queda ahora en manos del alcalde Carlos Fernando Galán, quien deberá definir si sanciona u objeta el acuerdo. Su determinación tendrá implicaciones en un contexto donde la garantía del acceso a la IVE, la autonomía reproductiva y la distribución de competencias entre Nación y Distrito siguen siendo eje de discusión pública en la ciudad.
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Por Redacción Bogotá
