Rebajar la pensión: el debate entre padres y colegios privados

La emergencia sanitaria por el coronavirus sigue afectando los bolsillos de docenas de familias, que deben garantizar la educación de sus hijos. La situación ha detonado una lluvia de peticiones y reclamos de asociaciones de padres e instituciones educativas, frente al sostenimiento y financiación de los colegios privados. La controversia se centra en si estas instituciones deben reducir o no el costo de las matrículas y pensiones para este período.

Por supuesto, resolver la discusión no es tarea fácil. Por una parte, algunos padres de familia afirman que están asumiendo el costo de los servicios públicos y de internet para las clases de sus hijos, mientras que los colegios aseguran que siguen realizando el pago de nóminas y auxilios de conectividad para los docentes.

Tatiana Echaverría, madre de una menor que cursa transición, indica que, desde que inició la etapa de aislamiento, la dinámica educativa cambió. “El colegio aumentó la matrícula hasta 6 %, incluyendo costos de materiales, derechos de matrícula y papelería. Además, por ser clases virtuales, los estudiantes no están usando esos materiales ni las instalaciones del colegio”.

Agrega que en el colegio de su hija redujeron los salarios y la planta de profesores. Además, la intensidad horaria no superaría el 50 % de las horas contratadas, pues en la presencialidad su hija estudiaba de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., y ahora el horario va de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. “Mi hija solo pudo usar ese material dos meses y la respuesta del colegio fue que se trata de un caso de fuerza mayor y que la legislación los cobija. Esto nos está obligando a replantearnos la continuidad de nuestra hija en el colegio”, señala.

Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, explica que el problema es más complejo. Según él, la organización les ha solicitado a rectores y organizaciones de colegios privados hacer una conciliación para rebajar un porcentaje de la pensión. En caso de no hacerlo, indica, acudirán “a instancias judiciales”, pues su sentir es que la naturaleza jurídica de los contratos entre padres y colegios ha cambiado. “Seguiremos insistiendo en que deben rebajar la pensión en un equivalente sustancial, que permita a los padres mitigar la crisis por la pandemia”, señaló.

La otra cara de la moneda

Pese a las exigencias de los padres, expertos en educación y directivos de instituciones educativas de la capital advierten que rebajar las matrículas podría suponer un duro golpe a las finanzas de los colegios y sus trabajadores. Así lo explica Francisco Cajiao, consultor en educación. “Los maestros no comen por horas, entonces los colegios tienen que cobrar la pensión completa para garantizar que quienes están acompañando a los niños en esta modalidad puedan tener una fuente de subsistencia”.

Y es que muchos colegios privados ya no están percibiendo ingresos por la prestación del servicio de transporte y alimentación escolar. Cajiao considera que “este no es un tema del cual se deba culpar a las instituciones, porque no fueron las que produjeron el fenómeno; al contrario, hacen lo que pueden”.

Por su parte, Martha Yaneth Castillo, presidente nacional de la Confederación Nacional de Asociaciones y Colegios Privados (Andecorp), indica que los colegios están prestando el servicio usando todas las herramientas. “Los costos fijos como nóminas, seguridad social, arriendos, servicios e impuestos son obligaciones que hay que cumplir y el único ingreso son las pensiones. No se pueden hacer descuentos, pero se han realizado acuerdos con las familias que han demostrado insolvencia en este momento de pandemia”.

A pesar de esto, hay otras instituciones privadas que han demostrado que sí es posible. Ejemplo de ello fueron las medidas adoptadas por algunos colegios privados de la capital, como el Gimnasio de Guilford, que redujo el 50 % en el costo de la matrícula y 15 % en el valor de la mensualidad, así como la realización de grupos de apoyo para niños con familias vulnerables económicamente, en donde otros padres pueden apadrinar a un estudiante y donar desde $50.000 para facilitar su regreso a clases.

En medio de este debate, a la fecha, la única alternativa que han tenido la mayoría de los padres de familia la ofreció el Gobierno, que habilitó entre el 24 de junio y el 7 de julio una línea de crédito condonable con el Icetex, para que se pudieran poner al día con los jardines y colegios privados y financiar las pensiones hasta por seis meses, cubriendo un monto total de $1’200.000 por estudiante.

Sin embargo, a casi un mes del regreso a clases, la discusión sigue sobre la mesa, con otra arista por resolver: la implementación de clases semipresenciales o presenciales para este semestre. Ante este panorama incierto para la educación nacional por cuenta del coronavirus, Francisco Cajiao señala que “el regreso a la presencialidad lo antes posible, con las medidas de prudencia, es importante porque de ninguna manera la virtualidad va a llenar todos los vacíos que deja el cierre de los colegios”.

La emergencia sanitaria por el coronavirus sigue afectando los bolsillos de docenas de familias, que deben garantizar la educación de sus hijos. La situación ha detonado una lluvia de peticiones y reclamos de asociaciones de padres e instituciones educativas, frente al sostenimiento y financiación de los colegios privados. La controversia se centra en si estas instituciones deben reducir o no el costo de las matrículas y pensiones para este período.

Por supuesto, resolver la discusión no es tarea fácil. Por una parte, algunos padres de familia afirman que están asumiendo el costo de los servicios públicos y de internet para las clases de sus hijos, mientras que los colegios aseguran que siguen realizando el pago de nóminas y auxilios de conectividad para los docentes.

Tatiana Echaverría, madre de una menor que cursa transición, indica que, desde que inició la etapa de aislamiento, la dinámica educativa cambió. “El colegio aumentó la matrícula hasta 6 %, incluyendo costos de materiales, derechos de matrícula y papelería. Además, por ser clases virtuales, los estudiantes no están usando esos materiales ni las instalaciones del colegio”.

Agrega que en el colegio de su hija redujeron los salarios y la planta de profesores. Además, la intensidad horaria no superaría el 50 % de las horas contratadas, pues en la presencialidad su hija estudiaba de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., y ahora el horario va de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. “Mi hija solo pudo usar ese material dos meses y la respuesta del colegio fue que se trata de un caso de fuerza mayor y que la legislación los cobija. Esto nos está obligando a replantearnos la continuidad de nuestra hija en el colegio”, señala.

Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, explica que el problema es más complejo. Según él, la organización les ha solicitado a rectores y organizaciones de colegios privados hacer una conciliación para rebajar un porcentaje de la pensión. En caso de no hacerlo, indica, acudirán “a instancias judiciales”, pues su sentir es que la naturaleza jurídica de los contratos entre padres y colegios ha cambiado. “Seguiremos insistiendo en que deben rebajar la pensión en un equivalente sustancial, que permita a los padres mitigar la crisis por la pandemia”, señaló.

La otra cara de la moneda

Pese a las exigencias de los padres, expertos en educación y directivos de instituciones educativas de la capital advierten que rebajar las matrículas podría suponer un duro golpe a las finanzas de los colegios y sus trabajadores. Así lo explica Francisco Cajiao, consultor en educación. “Los maestros no comen por horas, entonces los colegios tienen que cobrar la pensión completa para garantizar que quienes están acompañando a los niños en esta modalidad puedan tener una fuente de subsistencia”.

Y es que muchos colegios privados ya no están percibiendo ingresos por la prestación del servicio de transporte y alimentación escolar. Cajiao considera que “este no es un tema del cual se deba culpar a las instituciones, porque no fueron las que produjeron el fenómeno; al contrario, hacen lo que pueden”.

Por su parte, Martha Yaneth Castillo, presidente nacional de la Confederación Nacional de Asociaciones y Colegios Privados (Andecorp), indica que los colegios están prestando el servicio usando todas las herramientas. “Los costos fijos como nóminas, seguridad social, arriendos, servicios e impuestos son obligaciones que hay que cumplir y el único ingreso son las pensiones. No se pueden hacer descuentos, pero se han realizado acuerdos con las familias que han demostrado insolvencia en este momento de pandemia”.

A pesar de esto, hay otras instituciones privadas que han demostrado que sí es posible. Ejemplo de ello fueron las medidas adoptadas por algunos colegios privados de la capital, como el Gimnasio de Guilford, que redujo el 50 % en el costo de la matrícula y 15 % en el valor de la mensualidad, así como la realización de grupos de apoyo para niños con familias vulnerables económicamente, en donde otros padres pueden apadrinar a un estudiante y donar desde $50.000 para facilitar su regreso a clases.

En medio de este debate, a la fecha, la única alternativa que han tenido la mayoría de los padres de familia la ofreció el Gobierno, que habilitó entre el 24 de junio y el 7 de julio una línea de crédito condonable con el Icetex, para que se pudieran poner al día con los jardines y colegios privados y financiar las pensiones hasta por seis meses, cubriendo un monto total de $1’200.000 por estudiante.

Sin embargo, a casi un mes del regreso a clases, la discusión sigue sobre la mesa, con otra arista por resolver: la implementación de clases semipresenciales o presenciales para este semestre. Ante este panorama incierto para la educación nacional por cuenta del coronavirus, Francisco Cajiao señala que “el regreso a la presencialidad lo antes posible, con las medidas de prudencia, es importante porque de ninguna manera la virtualidad va a llenar todos los vacíos que deja el cierre de los colegios”.