Reclutamiento: mal que acecha a jóvenes de Bogotá

Mientras en el sur del país lloran el asesinato de cuatro niños indígenas, tras escapar de un reclutamiento de las disidencias de las Farc, en Bogotá y Cundinamarca ratifican que esa amenaza no es exclusiva de parajes alejados. La denuncia de la alcaldesa Claudia López, sobre la incorporación de miembros de la Primera Línea a grupos ilegales, muestra que el riesgo está vigente. “Está verificado. Una de mis solicitudes a la Fiscalía es que esos hechos se esclarezcan y que los responsables, de haber financiado para vandalizar Bogotá y reclutar para esas organizaciones criminales, vayan ante la justicia”, puntualizó.

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Si bien su denuncia surgió en medio de un rifirrafe con el Gobierno Nacional por su política de seguridad, lo cierto es que la declaración pone de nuevo el tema en la agenda y, de paso, se convierte en el reconocimiento público de una alerta que por años ha sido desatendida e incluso menospreciada: la de la Defensoría del Pueblo, que lleva cinco años advirtiendo el riesgo que crece en las localidades y los municipios aledaños. Lo peor: según el seguimiento, poco ha cambiado.

Ricardo Arias Macías, director del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, señala que desde 2018 se han expuesto amenazas de reclutamiento de menores y jóvenes, pero también de uso y utilización, conceptos que son diferentes. En el reclutamiento extraen al joven de su núcleo familiar y lo llevan a una zona desconocida. En el uso, la víctima está en el día al servicio de la organización criminal y en la noche en su hogar. A los que reclutan los entrenan para llegar a organizaciones grandes. A los que utilizan, les asignan tareas menores, igual de graves.

Para el director de Alertas Tempranas de la Defensoría hay una particularidad: en lo urbano es más frecuente la utilización, y en lo rural, el reclutamiento. “Esto tiene que ver con los actores. En Bogotá, el Clan del Golfo, el ELN o grupos como el Tren de Aragua se han dedicado al uso de jóvenes, en especial en el cordón oriental, desde Ciudad Bolívar hasta Usaquén. En Sumapaz, la Segunda Marquetalia o las disidencias de Iván Mordisco, llevan a que se presente reclutamiento. Los jóvenes, entre 14 y 25 años, son los que más buscan”, dice.

Las alertas comenzaron en tres zonas de Ciudad Bolívar, luego Soacha y, a partir de ahí, localidades del borde oriental y occidental, municipios aledaños y, finalmente, la región del Sumapaz. La amenaza coincide con el corredor que vienen peleándose grupos ilegales para tener paso desde el sur a la capital. En su escalada no solo han dominado o eliminado grupos de delincuencia común, sino que también se han dedicado a buscar víctimas para integrar a su cadena criminal. El paro nacional, según la alcaldesa, lo aprovecharon las disidencias para reclutar, pero desde antes esto viene ocurriendo en la ciudad.

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Miedo en la comunidad

Las advertencias de la Defensoría las valida la comunidad, que sabe que no solo han sido jóvenes de la Primera Línea, y que tampoco son las disidencias las únicas que reclutan. Por eso lamentan que el Distrito apenas parezca darle relevancia a la problemática, así sea la necesidad, las que muchas veces impulsa a los menores a tomar las armas. “Esto no es nuevo. Sería bueno que de verdad se actuara, se analizaran las dinámicas detrás del reclutamiento. No queremos más muchachos en guerras ajenas”, afirma un líder de Kennedy, que prefirió el anonimato.

Es un tema que toca fibras, sentimientos de impotencia y temor en los residentes de algunas localidades del sur. Muchos han visto, oído, vivido y denunciado lo que viene ocurriendo. No se explican por qué apenas los titulares lo cuentan. “Esto pasa en Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar. Estamos expuestos al peligro y los niños y jóvenes son los más vulnerables. Los meten al negocio de las drogas, luego al pandillismo y terminan reclutados. Pero solo cuando a la administración le conviene toma en cuenta las alertas. Ahí sí dice que son las disidencias, el Tren de Aragua o cualquier grupo. De resto, no pasa nada y se subestiman las denuncias”, manifiesta Gladys Aristizábal, coordinadora de la Mesa Distrital de Víctimas.

Su hijo, cuenta, pudo ser uno de esos jóvenes. Fue el instinto de madre lo que lo salvó el año pasado de ser secuestrado y, posiblemente, reclutado en Bosa. “Se lo iban a llevar. Sentí que mi hijo ya iba a llegar a casa y me asomé, cuando vi a dos sujetos llevándoselo forzadamente. Logré correr y con mis hijas lo salvamos, pero uno se queda con la pregunta: ¿para dónde lo iban a llevar? ¿Cuántas familias sufren esto? ¿A cuántas se les desaparecen sus hijos y no vuelven a verlos?”.

Sin embargo, en ocasiones, son los mismos jóvenes los que deciden incorporarse. Los factores: falta de acceso a la educación y servicios básicos, la persecución por bandas criminales y el peligro al que están expuestos. “Hay una ausencia estatal y precariedad. Estas estructuras brindan satisfacción de necesidades básicas, sobre todo a los jóvenes, y les prestan un tipo de escalamiento social con la tenencia de armas, un sueldo por labores de sicariato o por irse con grupos a combatir alguna causa”, explica César Niño, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de La Salle.

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David Fernando Soler, antiguo integrante de la Primera Línea y exconsejero de juventud de Kennedy, se unió a las disidencias supuestamente para parar las amenazas contra él y su familia. En un video, donde se ve con fusil y camuflado, asegura que lo hizo por voluntad propia. “Decía que se sentía perseguido, que por haber sido de la Primera Línea había puesto en riesgo su vida y la de su familia. Luego compartió ese comunicado. Una situación como esa, en la que un joven se une a una estructura por temor, es inadmisible en un Estado, que debe proteger la juventud”, expresa una edilesa de la localidad.

La comunidad reitera que si bien los integrantes o exintegrantes de la Primera Línea no son los únicos que han sido reclutados, sí hay una estigmatización hacia la estructura. Por eso piden investigaciones frente a la instrumentalización de menores en el paro nacional.

Ahora bien, Niño sostiene que, pese al incremento del reclutamiento en los últimos años, poco se ha estudiado cuál ha sido el impacto del conflicto en las dinámicas de violencia e inseguridad. Afirma que faltan esfuerzos para la implementación del Acuerdo Final de Paz en la ciudad. “El reclutamiento es muestra del recrudecimiento de las dinámicas de bandas criminales, en especial Bogotá, que termina siendo caja de resonancia para el resto del país: los problemas de seguridad en la capital escalan a una suerte de amenaza a la seguridad nacional”.

Pese a esto, según el defensor Arias Macías, el monitoreo ha sido permanente, pero no es fácil dimensionarlo, porque hay gran subregistro. “Es difícil encontrar denuncias. Se encuentran por desaparición y luego se confirma que fue reclutamiento. Ahí cumplen un papel clave las organizaciones sociales que denuncian, así como el ICBF, porque allí llegan niños desvinculados que ratifican las denuncias de la Defensoría. Es muy difícil tener cifras en detalle”.

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Sobre el reconocimiento, que tácitamente hace la alcaldesa López al denunciar el reclutamiento en Bogotá, el encargado de las Alertas Tempranas de la Defensoría recalcó que las alertas no nacen de un día para otro, sino que son producto de meses de trabajo riguroso y, por lo tanto, no son especulaciones sin corroborar. “Las entidades territoriales no han logrado leer la alerta temprana como una advertencia, sino como un cuestionamiento a su gestión. Y no es así, muchas veces nos anticipamos a los hechos y esa debe ser la lectura: como un documento de prevención”, concluyó.

La alerta está encendida. Más allá de los rifirrafes entre gobiernos, es claro que se necesita un trabajo común para contrarrestar el reclutamiento y la instrumentalización de jóvenes en la capital y sus inmediaciones. Los habitantes piden a los gobernantes más acciones, para que Bogotá sea un espacio donde los hijos puedan crecer libre de un conflicto que no deben enfrentar.

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