Se sigue enredando el objetivo del Distrito de convertirse en el nuevo propietario del hospital San Juan de Dios. Al estudio de la tradición para determinar si la Fundación San Juan de Dios es la propietaria del inmueble y se lo puede vender al Distrito, y a las cinco objeciones contra esta negociación, se suman dos hechos nuevos: las advertencias de los concejales sobre los riesgos que implica para Bogotá la compra del hospital y la recusación contra el registrador de la Zona Sur de Bogotá, Édgar José Namen, quien analiza la historia de la propiedad para decidir si autoriza o no el registro de la venta.
La recusación contra el registrador la presentó Pablo Enrique Leal, gerente liquidador de la Fundación San Juan de Dios, quien el pasado 25 de febrero envió un oficio en el que le pidió al superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, nombrar a un registrador ad hoc, para que “en su competencia y guardando prudencia ante los medios, resuelva la actuación administrativa” relacionada con el registro de la venta del hospital.
El motivo es simple: según Leal Ruiz, se debe declarar impedido al registrador Namen Ayud por una breve declaración que le dio el pasado 11 de febrero a El Espectador, en la que dijo que el estudio de la tradición del complejo hospitalario “no había sido fácil, debido a la antigüedad del inmueble”. Para el gerente liquidador, con esta declaración el registrador violó la norma que le prohíbe “dar consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa” y por eso no debería seguir al frente del proceso.
Para Leal, con su frase estaba mostrando parte de su análisis jurídico, el cual “debe ser materia reservada y sólo debe observarse en la resolución que decida la actuación administrativa”. Y agrega: “Su pronunciamiento devela su decisión en el sentido de que los títulos que pretende hacer valer son los registrados de 1911 hacia atrás. Todo lo que está en el folio de matrícula inmobiliaria de la anotación dos en adelante lo está considerando falsa tradición y llevando a que esa decisión revoque las anotaciones”.
Frente a la solicitud, el superintendente Vélez señaló que su despacho ya recibió la solicitud y que adelanta el estudio para tomar una decisión en los próximos días. La recusación se radicó justo cuando el registrador estaba próximo a decidir sobre la propiedad y la solicitud de registro de la venta, la cual debía estar lista el domingo.
Es inviable
Mientras el trámite ante la oficina de registro se enreda, en el Concejo se escuchan voces de preocupación por la obstinación del alcalde Gustavo Petro de reabrir el complejo hospitalario sin medir riesgos para el Distrito. Ayer, durante una plenaria, los concejales advirtieron sobre el riesgo jurídico y financiero para la ciudad, si la administración insiste en la reapertura del San Juan de Dios. Según los concejales, como el proceso de liquidación del hospital no ha terminado, la ciudad podría verse avocada a tener que asumir pasivos laborales y pensionales que suman $7 billones. “Se trata de la sustitución patronal, figura jurídica que por mantener el hospital el mismo nombre y desarrollar la misma actividad obligaría al nuevo dueño a asumir las deudas que tiene la institución”, dijo el concejal Roberto Hinestrosa, citante al debate de control político.
Según el cabildante, el Distrito tendría que sacar una multimillonaria suma para asumir esta deuda. En el marco del debate, los concejelas advirtieron que desde todo punto de vista es inviable la reapertura del hospital en las condiciones jurídicas, físicas y financieras en las que se encuentra.
Cuestionamientos
Como lo contó este diario en su edición del 17 de enero, la compra del hospital no ha estado exenta de cuestionamientos. La firma Armando Morales Benítez y Abogados, que ha estudiado la historia jurídica del centro médico, señaló que, según el certificado de tradición, el hospital San Juan de Dios es el dueño de los inmuebles desde 1924 y no la Fundación San Juan de Dios en liquidación (encargada de sanear financieramente el hospital), que los incorporó en su patrimonio sin documento que soportara el traslado. Aunque el liquidador se ha defendido señalando que “saneó el predio” a través de la figura de “ratificación del título”, la venta sigue sin ser legalizada.
Sin embargo, confiados en que la Fundación tiene facultades para vender, y para avanzar en la intervención del San Juan de Dios sin depender del registro de la negociación, hace unas semanas la administración firmó con el liquidador un contrato de arrendamiento de las instalaciones, por cinco años y con un canon de $750 millones mensuales. Entre las cláusulas se establece que el pago mensual es un abono a los $150.000 millones que el Distrito ofreció por la compra de los edificios. Sin embargo, en el contrato no está claro qué ocurrirá si el registrador determina que la Fundación no es la propietaria y, por ende, no puede vender.
En ese caso, el Distrito estaría pagando cerca de $40.000 millones en arriendo por un hospital que no podría comprar. Por ahora sigue vigente la acción preventiva que le envió el procurador general, Alejandro Ordóñez, al registrador Édgar José Namen Ayub, para que “adopte con la mayor celeridad” los análisis jurídicos sobre la adjudicación del predio. Bien sea él o un registrador ad hoc, tendrán que avanzar en este complicado caso que se enreda aún más por el rechazo del Concejo y ahora la recusación, que aplaza unas semanas más su decisión, así como la incertidumbre de la negociación entre la Fundación y el Distrito.
Por Redacción Bogotá
