La protección a los menores de edad en Bogotá, en las últimas semanas, ha tomado una mayor relevancia por las denuncias de diferentes casos de abuso. Por lo tanto, los mecanismos para su protección, también ocupan una parte priorizada en el debate público.
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En las últimas horas, por ejemplo, trascendió la reducción presupuestal de la cual sería objeto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ante el recorte, el concejal Óscar Vahos hizo un fuerte pronunciamiento señalando que “el gobierno de Petro continúa tomando decisiones que afectan de manera grave al programa de madres comunitarias y a la primera infancia en el país”.
Asimismo, el cabildante agregó que “no contento con las promesas incumplidas sobre formalización laboral, y el sistemático atropello a los derechos de las madres comunitarias en términos de contratación y pagos, el gobierno de Petro ahora hizo público un recorte de 30 mil millones de pesos en el rubro de jardines infantiles cofinanciados que dejan en vulnerabilidad y sin cuidado a más de diez mil niños en Bogotá”.
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En ese orden de ideas, esta reducción tiene como consecuencia directa la imposibilidad de subsidiar 10.000 cupos en atención a la primera infancia, lo que podría significar el cierre de hogares administrados por las madres comunitarias.
Según el concejal, “los recursos para la primera infancia son sagrados e intocables, con ellos se financia su educación, cuidado y alimentación”.
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Incluso, según Vahos, problemas en la administración ha conllevado la actual crisis de contratación, desembolso de los pagos y abono a las minutas nutricionales para los niños. De la misma manera, señaló que seguirá haciéndole un seguimiento a los procesos.
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Por Redacción Bogotá
