Reducir la tasa de homicidios de Bogotá a un dígito, promesa de Galán que se aleja

Bogotá en 1993 reportó una de las tasas de homicidios más altas del mundo: 73 casos por cada 100.000 habitantes. Ese año, asesinaron a casi 4.000 bogotanos. Desde entonces, cada administración ha trabajado por contrarrestar este delito y el propósito se cumplió. En los años siguientes (salvo en 2005 y 2011) hubo una sostenida tendencia de reducción, al punto de llegar en 2022 a la tasa más baja de los últimos 50 años en la capital: 12,9.

Sin embargo, en el último año de la administración de Claudia López la tendencia se rompió. Por primera vez, en medio siglo, este indicador cumple casi tres años al alza, situación que no solo genera preocupación, sino que aleja la meta que se trazó el alcalde Carlos Fernando Galán en su Plan de Desarrollo, de ser el primer mandatario en reducir este importante indicador de seguridad a un dígito (8).

Cuando asumió en 2024, recibió la ciudad con una tasa de 13,6 casos por cada 100.000 habitantes. Al cerrar su primer año de mandato llegó a 15,1, un aumento de 11% y el registro más alto de los últimos ocho años. Lo que hoy genera reclamos desde diferentes orillas es que, a la fecha, en lo corrido de 2025, la tendencia de ascenso no ha variado y los ocho homicidios, que se registraron entre el 22 y el 23 de abril, ponen de nuevo el tema sobre la mesa.

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Dos días de muertes violentas

Entre martes y miércoles, el crimen se paseó por varias localidades. La seguidilla comenzó en Ciudad Bolívar, donde un policía asesinó a su expareja Paula Chávez Bocanegra, de 26 años. El uniformado, identificado como Andrés Julián Mesa Ramírez, de 36 años, se quitó la vida.

En la localidad de Rafael Uribe Uribe, lo que empezó como la atención de un suicidio reveló un posible matricidio. Al interior de un conjunto, en el barrio Molinos I, los vecinos reportaron que una mujer había saltado del sexto piso. Al ingresar al apartamento de donde se tiró, las autoridades encontraron a una mujer, de 70 años, sin vida. La habían matado de un martillazo en la cabeza.

Finalmente, el martes cerró con un homicidio en la avenida Caracas con calle segunda, en la localidad de Santa Fe, una de las más violentas de Bogotá. Allí, según el reporte de las autoridades, sicarios asesinaron a un hombre. Del caso, no se tienen mayores detalles.

El miércoles, los asesinos volvieron a atacar. En Kennedy, por ejemplo, mataron a tres personas, en casos aislados. En el primero, en la Av. 1° de mayo con carrera 69B, donde sicarios, a tiros, asesinaron a un joven, de 20 años, en inmediaciones de un bar. Momentos después, se reportó un tiroteo, del que salió gravemente herida una mujer, de casi 50 años, quien murió mientras la atendían en un centro médico. El tercer homicidio en Kennedy se dio en medio de una riña con armas blancas.

Pasadas las 8:30 p.m. del miércoles, el crimen golpeó en la localidad de Rafael Uribe Uribe. En el barrio Claret, un hombre que estaba sentado en un andén, fue víctima de sicariato. La noche cerró con otro caso de sicariato en Fontibón, donde asesinaron a un ciudadano, en una panadería. En total, durante dos días, se registraron ocho homicidios y dos suicidios. Las autoridades confirmaron que no se reportaron capturas en ninguno de los casos.

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Se aleja la meta de reducción de homicidios

Hoy las cifras y los casos no respaldan los objetivos del alcalde Galán. Si bien, el Distrito viene desplegando operaciones contra el crimen organizado y, justo a esto, le atribuyen el repunte de los homicidios (casi 6 de cada 10 casos son producto del sicariato), lo cierto es que, reducir la tasa de homicidios para 2027 a ocho casos por cada 100.000 habitantes parece un propósito muy difícil de cumplir.

Y hay razones para pensarlo. Para empezar, en 50 años, la ciudad nunca ha reportado una tasa por debajo de 10. La más baja fue en 2022, cuando cayó a 12,9. A esto se suma que la actual tasa es de 15 casos, casi el doble de la meta de Galán. Finalmente, para lograrlo necesitaría que en la ciudad no ocurrieran más de 700 asesinatos en un año, lo cual, al menos en 2025, parece que no logrará. Según datos de la Policía, sin terminar abril, ya hay un acumulado de 358 homicidios.

Detrás de este panorama, al parecer, hay una explicación. Según lo ha dicho en varias oportunidades el secretario de Seguridad, César Restrepo, el aumento de los homicidios, a partir del segundo semestre de 2024 (particularmente en septiembre) obedece a reajustes de poderes entre bandas criminales, que han sido golpeadas con capturas de sus altos mando.

“La tendencia del sicariato desde 2020 es ascendente. Estamos frente a un tren directo al aumento y nuestro trabajo es descarrilarlo. En 2024, entre enero y junio, por ejemplo, hubo un incremento de sicariatos por esa reacción criminal, pero encontramos que al menos el 10 % de las víctimas tenían orden de captura vigente y el 60 % tenían anotaciones o estaban involucradas con actividades irregulares. Ese es un sicariato entre bandas, que dejaron de estar cómodas”, señaló Restrepo en entrevista con El Espectador en noviembre del 2024.

Al hecho de la guerra entre bandas criminales, hay otros factores que vienen incidiendo en este delito: las riñas, los hurtos que derivan en muerte y los crímenes azuzados por la intolerancia, que tampoco se han podido reducir.

¿Y las armas?

Según la concejal Diana Diago (Centro Democrático), en el primer año de Galán se registró el mayor número de homicidios con armas de fuego de los últimos cuatro años. “El año pasado fueron 716 casos, 129 más que el 2023, lo que representa un aumento del 21%. En los primeros meses de 2025 la cifra es de 292 homicidios, siendo marzo el peor mes con 77 muertos”, advierte.

La cabildante agrega que los días en que más ocurren crímenes con armas de fuego son los martes y los jueves, la mayoría entre las 7:00 p.m. y las 3:00 a.m. Diago cuestiona, además, que la incautación de armas en 2024 se redujo 47% respecto al 2023 y que fue la cifra más baja en los últimos cinco años.

Con respecto a las armas blancas hubo una reducción del 44% y en armas traumáticas fue del 26% en 2024 sobre lo hecho en 2023.

Alquiladas o vendidas al mejor postor, el uso extendido de armas de fuego es una realidad latente en la capital. Un caso que ilustra cómo funcionan estas bandas ocurrió a mediados del año pasado. Los Roncos, estructura que dinamizaba la venta ilegal de armas y la modificación de armas traumáticas, para volverlas letales, operaba en Kennedy, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño.

En esta última localidad, la policía les incautó 25 armas, como revólveres, pistolas y escopetas. Además, cientos de municiones de varios calibres. Esta banda, que tenía relación directa con la cúpula de las disidencias de las FARC, vendía o alquilaba las armas por precios que oscilaban entre los $500.000 y los $4 millones.

Bogotá no tiene un gran centro de producción de armas o municiones, lo que indica que necesariamente todas las armas las traen a la ciudad. “Desde el año 2009 hay evidencia de que las armas ingresan desde el tapón del Darién y las fronteras de Ecuador y Venezuela. Estas armas, todas hurtadas o de contrabando, estaban en manos de grupos al margen de la ley, pero hoy están en manos de bandas delincuenciales”, señala Andrés Nieto, director del observatorio de seguridad de la Universidad Central.

En ese sentido, si bien es un problema de orden nacional que debe ser atendido como tal, en el que Bogotá lleva una de las peores partes, la evidencia muestra que las estrategias en la capital o son insuficientes o no están llegando al núcleo del problema. “La gente que no está involucrada en redes criminales no suele andar armada ni atacar a otras personas porque sí. Lo que esto indica es una falla en la intervención del mercado ilegal de armas y en la contención de las organizaciones criminales”, resalta la concejala Heidy Sánchez, del Pacto Histórico”

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Para mejorar la lucha contra el tráfico de armas y, en consecuencia, contra homicidio, se ha venido hablando insistentemente del déficit de policías que tiene Bogotá. A finales del año pasado, el concejal Julián Sastoque, de la Alianza Verde, señaló que “el número de uniformados es realmente precario y ha tendido a empeorar, con lo cual se hace imposible combatir la delincuencia”.

La ONU recomienda tener 300 policías por cada 100.000 habitantes, y Bogotá cerró el 2024 con un promedio de 197, cifra que indica un “déficit de 8.200 uniformados en la ciudad”, señala Sastoque. Para mitigarlo, han salido a la luz propuestas como la creación de los ‘Guardianes del orden’, sin embargo, cabe aclarar que en lo que atañe al homicidio, aun con esta estrategia, la situación no cambiaría mucho, pues estos solo atenderían problemas de convivencia, no situaciones relacionadas con la comisión de delitos de alto impacto.

Incluso voces como la del concejal Óscar Ramírez Vahos insisten en que la solución es la militarización de la ciudad. Propuesta que ha sido rechazada por amplios sectores, pero que se sigue poniendo sobre la mesa ante la coyuntura de violencia.

Entre tanto, con el déficit latente, las acciones de las autoridades se enfocan en las áreas de mayor incidencia criminal y actuar contra las bandas criminales, en localidades como Kennedy, Los Mártires, Santa Fe y Bosa. Como ejemplo, se tienen los golpes contra bandas como Los Satanás, el Tren de Aragua y los Camilos, que buscan reorganizarse. Por otro lado, la congestión del sistema judicial, que propicia que muchos delincuentes con antecedentes queden libres, es otra arista del problema.

Por ahora, la racha violenta continúa, agazapada en una interacción de factores sociales, criminales y estructurales, que configuran una actualidad en la que el grueso de habitantes se siente vulnerable y en la que parece que solo resta esperar a que la ambiciosa promesa de campaña se materialice, más que en cifras, en la cotidianidad.

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