Reforma tributaria inició su trámite: así está el peso político de las ponencias

A las 2:00 p. m., la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, inició la presentación de la reforma tributaria, radicada hace tres semanas, y con ello dio el portazo final a 13 concejales y agremiaciones como Fenalco y Cotelco, que habían pedido retirar el texto por medio de una misiva al alcalde Galán, argumentando la emergencia por el terremoto y la consecuente incertidumbre económica. Este segundo intento del Distrito propone sobrecargos a los ciudadanos, a través del predial, y a los comerciantes, por medio del impuesto de ICA, con el objetivo de llevar el alumbrado público a un 100 % de tecnología LED. Hoy la cobertura es del 71,8 %, según cifras oficiales. Desde el Distrito, el todo por el todo está en este texto. El director de la UAESP, Armando Ojeda, anunció que el convenio 766 entre la entidad y Enel Colombia no será prorrogado y terminará el 30 de noviembre de este año. “Tenemos que organizar la casa”, dijo.

Desde hace 29 años, la empresa asume el 97 % de la operación de la infraestructura, mientras sobre el Distrito recae el pago por el servicio. Es este punto el que quiere cambiar la reforma tributaria. “Más de 830 municipios del país cobran el alumbrado público y 30 ciudades capitales. ¿Por qué Bogotá no? Esto nos permitiría tener una red que atienda necesidades de iluminación que afectan la seguridad, movilidad, monitoreo de calidad de aire y hasta prevenir incendios en los cerros”, justificó el alcalde Galán.

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Sin embargo, esta propuesta ha sido espinosa entre algunos concejales, sobre todo porque recae en el impuesto predial para los estratos 4, 5 y 6. Para el cabildante Samir Bedoya (Mira) —quien lideró la petición al alcalde para retirar la reforma ante el impacto económico de la emergencia por el terremoto—, “la ciudad sí debe avanzar hacia un alumbrado público inteligente, pero debe hacerlo con gobierno claro de la infraestructura, ahorros demostrados y plena transparencia sobre quién paga y quién es el dueño”.

Por su parte, el concejal Juan David Quintero cuestionó que la UAESP decida terminar el convenio sin que exista, según su conocimiento, una salida clara sobre cómo se va a prestar el servicio de alumbrado público. “Es gravísimo porque no hay nuevo contrato, ni nueva alternativa. La ciudad no puede quedar oscura. ¿Entonces qué van a hacer? Prorrogar con quien tenga la capacidad instalada”. En respuesta, el director Armando Ojeda señaló que vienen evaluando diferentes posibilidades, entre ellas “dos anexos técnicos que se están modificando, pero que no pretenden realizar otrosí, sino que nos permitan realizar inversiones”.

La viabilidad de esta reforma, a diferencia del año pasado, superó su primera prueba. Hasta el último momento se presentaron impedimentos y recusaciones, de los cuales solo uno estaba firmado por un ciudadano y pudo tramitarse. Con 25 votos por el no y uno por el sí (Angelo Schiavenato), el Concejo negó la recusación contra Samir Abisambra y dio vía libre a la intervención de la secretaria Cadena, quien reiteró la necesidad de esta iniciativa.

Al término de la presentación, Juan Manuel Díaz (Nuevo Liberalismo), uno de los tres ponentes, radicó su ponencia positiva con modificaciones. Detalló que los principales cambios buscan beneficiar tributariamente al sector nocturno: el ICA para los bares quedaría en 11 x 1.000 y para los restaurantes, en 12 x 1.000. Asimismo, para las librerías se mantendría en 4 x 1.000, “porque querían subirlo al 11 y sabemos que es un negocio que está prácticamente 70 % concentrado en Bogotá”. Otro de los cambios que propuso fue incluir nuevos contribuyentes para la sobretasa bomberil, es decir, a quienes perciban ingresos superiores a 38.000 UVT o COP 1.990 millones.

Por su parte, los ponentes Armando Gutiérrez (Partido Liberal) y Julián Triana (Alianza Verde) aún no se decantan por una postura frente a la iniciativa. Ambos tienen hasta el viernes para radicar sus ponencias. Triana le dijo a este diario que en su ponencia estaba clara frente al proyecto de Distrito Aeroportuario y la unificación e incremento del impuesto de ICA a entidades financieras y a la distribución de alcohol y tabaco. Su vacilación está en el alumbrado público.

“Les propuse un mecanismo para exonerar del pago a predios en los estratos 4, 5 y 6 que pueden estar inmersos en pobreza oculta, cruzando los datos del Sisbén con la estratificación de Bogotá. También que las personas jurídicas sean incluidas en la sobretasa del alumbrado público. Hasta ahora, en eso último, me han mostrado casi que un acuerdo total”. Triana advirtió que, en caso de no aceptarse este cambio, su ponencia sería negativa.

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Finalmente, el concejal y coordinador ponente, Armando Gutiérrez, envió un comunicado que deja entrever que su ponencia sería positiva con modificaciones. “Mi función como ponente no es aprobar el proyecto tal como llegó, sino asegurar que salga mejor. Por eso estoy en conversaciones con la administración sobre varios puntos”. Entre ellos están la propuesta de Triana para evitar que tributen quienes hacen parte de la pobreza oculta; limitar a máximo 15 años la sobretasa al alumbrado público; extender el alivio de intereses a obligaciones no tributarias, como multas y sanciones; y condicionar los incentivos a la generación de empleo verificable y no solo a la inversión anunciada.

Para que este proyecto se convierta en acuerdo de ciudad, debe someterse a dos debates. El primero, en este caso, será en la Comisión de Hacienda y estaría agendado para la próxima semana. El segundo se realizará en la Plenaria de la Corporación. El trámite deberá completarse antes del 10 de septiembre. Las fuerzas políticas están medidas y el Concejo, en esta ocasión, abrió las puertas a la discusión. Continúan las conversaciones con el Distrito para eventuales cambios, así como con los empresarios, mientras Bogotá queda a la espera de saber si la reforma terminará tocando el bolsillo de sus habitantes.

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