Reglas claras en los centros de retención

La Administración quiere acabar de tajo con la mala imagen que tuvieron las antiguas UPJ (Unidad Permanente de Justicia), las cuales fueron epicentros de reiteradas denuncias por abuso de autoridad. La tarea comenzó en enero, cuando empezaron con las mejoras en sus instalaciones, el ajuste de programas y el cambio de nombre a Centro de Traslado por Protección (CTP).

La última acción se conoció ayer, cuando la Secretaría de Seguridad y la Personería publicaron el protocolo de atención, que tendrá que seguir al pie de la letra cada uno de los funcionarios a cargo de las personas retenidas por violar las normas de convivencia ciudadana.

La idea es cumplir las exigencias del Código de Policía y que cambie la retención transitoria por una medida de protección, aplicable a implicados en riña, que estén en peligro de ser agredidos o borrachos, que pueden llegar a perturbar la tranquilidad. Las estadísticas dicen que la Policía retiene diariamente a 216 personas.

La directriz, que tiene 11 puntos, contempla por escrito la exigencia de que en el sitio debe permanecer atento un delegado del Ministerio Público, quien tendrá la tarea de verificar las causales por las cuales el ciudadano fue trasladado a esta unidad y acompañará todo el proceso. Además, debe impedir el ingreso de personas que lleguen con lesiones físicas visibles, las cuales deberán ser trasladadas de inmediato a un centro hospitalario.

De igual forma, se encuentra una destacada directriz: los ciudadanos ya no tendrán que esperar 12 horas desde el momento de la retención, para que un familiar pueda sacarlos del CTP. Ahora, con solo hacerse presentes, será suficiente para que la Policía los deje en libertad.

“No se trata de que el Ministerio Público vigile a la Policía o a la Secretaría de Seguridad, sino de tener los protocolos claros, que nos permitan a todos trabajar articuladamente desde nuestra competencia, con la certeza de que se están aplicando los medios que contempla el Código de Policía para las personas que contrarían las normas de convivencia, garantizando en todo el proceso el respeto a sus derechos”, explicó Daniel Mejía, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Los retenidos tendrán casilleros para guardar sus objetos personales; se les garantizará el derecho a hacer una llamada antes de ser conducidos a las salas de protección, las cuales contarán con un modelo de atención diferencial, en el que se tendrán “salas de protección por género, orientación sexual e incluso existe una especialmente destinada a la permanencia de la población habitante en calle”, agregó el secretario.

Según el funcionario, mientras dure la medida de traslado por protección, el ciudadano participará en talleres pedagógicos sobre normas de convivencia, que serán dictados por profesionales del equipo interdisciplinario e interinstitucional con el que cuenta el CTP, dado que ahora trabajarán allí equipos de la Secretaría Distrital de Integración Social, Idiprón, Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad.

La Administración quiere acabar de tajo con la mala imagen que tuvieron las antiguas UPJ (Unidad Permanente de Justicia), las cuales fueron epicentros de reiteradas denuncias por abuso de autoridad. La tarea comenzó en enero, cuando empezaron con las mejoras en sus instalaciones, el ajuste de programas y el cambio de nombre a Centro de Traslado por Protección (CTP).

La última acción se conoció ayer, cuando la Secretaría de Seguridad y la Personería publicaron el protocolo de atención, que tendrá que seguir al pie de la letra cada uno de los funcionarios a cargo de las personas retenidas por violar las normas de convivencia ciudadana.

La idea es cumplir las exigencias del Código de Policía y que cambie la retención transitoria por una medida de protección, aplicable a implicados en riña, que estén en peligro de ser agredidos o borrachos, que pueden llegar a perturbar la tranquilidad. Las estadísticas dicen que la Policía retiene diariamente a 216 personas.

La directriz, que tiene 11 puntos, contempla por escrito la exigencia de que en el sitio debe permanecer atento un delegado del Ministerio Público, quien tendrá la tarea de verificar las causales por las cuales el ciudadano fue trasladado a esta unidad y acompañará todo el proceso. Además, debe impedir el ingreso de personas que lleguen con lesiones físicas visibles, las cuales deberán ser trasladadas de inmediato a un centro hospitalario.

De igual forma, se encuentra una destacada directriz: los ciudadanos ya no tendrán que esperar 12 horas desde el momento de la retención, para que un familiar pueda sacarlos del CTP. Ahora, con solo hacerse presentes, será suficiente para que la Policía los deje en libertad.

“No se trata de que el Ministerio Público vigile a la Policía o a la Secretaría de Seguridad, sino de tener los protocolos claros, que nos permitan a todos trabajar articuladamente desde nuestra competencia, con la certeza de que se están aplicando los medios que contempla el Código de Policía para las personas que contrarían las normas de convivencia, garantizando en todo el proceso el respeto a sus derechos”, explicó Daniel Mejía, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Los retenidos tendrán casilleros para guardar sus objetos personales; se les garantizará el derecho a hacer una llamada antes de ser conducidos a las salas de protección, las cuales contarán con un modelo de atención diferencial, en el que se tendrán “salas de protección por género, orientación sexual e incluso existe una especialmente destinada a la permanencia de la población habitante en calle”, agregó el secretario.

Según el funcionario, mientras dure la medida de traslado por protección, el ciudadano participará en talleres pedagógicos sobre normas de convivencia, que serán dictados por profesionales del equipo interdisciplinario e interinstitucional con el que cuenta el CTP, dado que ahora trabajarán allí equipos de la Secretaría Distrital de Integración Social, Idiprón, Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad.