Rehabilitación de basuco en habitantes de calle: entre la represión y el castigo

“Yo me metí de lleno en esta vaina cuando nos fuimos de la casa de mi mamá con mi hermano. Antes lo había probado y ya. Pero ya luego de verme sin casa y sin nada, las fumadas se volvieron diarias. A mí me han cargado a varios sitios en donde se supone que a uno lo obligan a rehabilitarse, pero eso no funciona así. Yo quiero dejar el demonio, pero con mi proceso, a mi manera, no obligado por una gente a la que ni siquiera le importo”, cuenta Santiago, de 21 años, quien, tras irse de su casa por problemas de violencia intrafamiliar, desde hace casi cuatro años es uno más de los cientos de jóvenes habitantes de calle que deambulan por el centro de la ciudad con una pipa en la mano.

“Ahorita una bicha (una dosis de basuco) cuesta entre 4 y 6 lucas, depende del sitio y de la calidad. Aunque esté estigmatizado y la gente piense que es un vicio de indigentes y de gente pobre, la realidad es que uno se gasta mucha plata manteniendo esto y en las ollas usted ve a gente encorbatada comprando lo mismo que fuman los gamines; pero claro, el trato de la gente y de la Policía es diferente dependiendo del estrato”, dice Santiago mientras cuenta monedas una y otra vez para reunir “lo del hotel y lo de los pipasos”.

La realidad de Santiago, con las respectivas diferencias particulares de cada caso, se replican en una parte importante de la población bogotana. De acuerdo con El Observatorio de Salud de Bogotá, en el 2024 se reportaron 11.300 casos de consumo problemático de sustancias, de los cuales, 2.374 casos, respondían a consumo problemático de basuco. En cuanto a la población habitante de calle, se identificaron 941 casos de consumo problemático.

Y si bien los casos de consumo problemático se atienden de distintas maneras, la gran mayoría con un modelo asistenicalista una vez la persona decida empezar el tratamiento, un estudio reciente de la Universidad Nacional halló que la represión, las detensiones arbitrarias y la rehabilitación por vía exclusiva de la abstinencia, son una constante en la población habitante de calle.

El interés por ahondar en el tema surgió hace unos 10 años, cuenta Andrés Hernández, autor del estudio y magíster de la U. Nacional en estudios políticos latinoamericanos. “A nivel laboral, estuve vinculado con organizaciones de defensa de Derechos Humanos, ahí tuve un primer acercamiento con la arquitectura normativa y la atención en materia de política pública para la población habitante de calle, particularmente en quienes consumen basuco”, señala.

La intervención que se realizó en mayo de 2016 en la calle del Bronx, generó el desalojo de más de 2.000 personas, muchas de ellas consumidoras, que residían, o visitaban de manera cotidiana la que fue considerada como la olla más grande de la ciudad.

Si bien la intervención se presentó como un logro importante al crimen organizado y un avance en la recuperación de espacio público, las redes de tráfico se diseminaron y, en su momento, se estimó que, a raíz de la intervención, se formaron unos 400 nuevos puntos de expendio, especialmente en localidades como Santa Fe, Los Mártires, San Cristóbal y Kennedy.

“Con ese antecedente, entre 2019 y 2020 arrancamos con un caso de estudio, que se extendió durante cuatro años, para analizar cómo, a partir de esa intervención, aumentó el patrón de criminalización de personas habitantes de calle que consumen basuco tras evidenciar que el Estado respondió con una lógica de control territorial basada en el uso de la fuerza. Eso, sumado a los efectos del prohibicionismo en uno de los eslabones más frágiles de la cadena de las drogas, como son las personas en condición de calle, es la columna del estudio”, advierte.

Tratamientos forzados

Entre las conclusiones del estudio resalta que, a través del régimen internacional de prohibición de sustancias, entendido desde una perspectiva punitiva, las garantías mínimas de Derechos Humanos en la población estudiada, son mínimas, aun cuando en 2013, la Corte Constitucional reconoció a esta población como sujeto de protección especial. Pero en la práctica, señala el estudio, se ejerce lo contrario.

En este punto vale recordar que, la Ley 1641 de 2013 distingue entre las nociones de habitabilidad de y en calle, haciendo énfasis en el lugar de habitación de la persona, de la siguiente manera: “habitante de la calle: Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno familiar; distitnta a habitabilidad en calle que hace referencia a las sinergias relacionales entre los habitantes de la calle y la ciudadanía en general; incluye la lectura de factores causales, tanto estructurales como individuales”.

“Con la intervención del Bronx, la población que allí consumía se empezó a ubicar en múltiples puntos de la ciudad, y en consecuencia las denuncias y los pedidos vecinales por la reubicación y por la intervención de ciertos puntos, como el caño de la calle Sexta, en Puente Aranda, empezaron a ser constantes. Y cumpliendo el objetivo de dar resultados, los traslados forzados, detenciones arbitrarias y las rehabilitaciones obligatorias empezaron a ser una constante que se extendió el el tiempo y hoy todavía continúa”, señala el autor.

Para el estudio se tomaron como referente seis historias de vida de personas que, o vivieron, o frecuentaban el Bronx y que eran consumidores activos o conocían de cerca las dinámicas de consumo, compra y venta y la relación con las autoridades, entre otros elementos claves que rodean el hecho de vivir en la calle.

Los testimonios revelan cómo, tras la intervención, decenas de personas fueron trasladadas por la fuerza a centros de atención sin una consulta previa, además de ser despojados de sus pertenencias y sometidos a tratos indignos, evidenciando que, en vez de una ruta de atención que ofreciera alternativas y protegiera, como señala la Corte, a esta población, se emplearon rutas de atención que desconocieron sus decisiones y su libertad individual.

“Llegábamos a esos lugares y lo primero que hacían era quitarnos toda la ropa y nos metían a bañar como si fuéramos animales. Nos trataban como si fuéramos basura. Todo el tiempo nos gritaban, nos señalaban. Nunca nos preguntaron qué queríamos”, señaló uno de los participantes del estudio mientras describía su experiencia tras ser internado en contra de su voluntad.

“Nos metieron a la fuerza a donde ellos querían. Apenas uno salía, la Policía lo volvía a subir al camión”, señala otro participante, dando cuenta de la sin salida que para muchos significó el periodo siguiente a la intervención del Bronx.

Estas acciones, señala el estudio, “activaron mecanismos de exclusión como el aislamiento forzado, la pérdida de redes de apoyo entre pares, el estigma institucionalizado y la imposición de tratamientos sin consentimiento, que vulneraron directamente sus derechos fundamentales”.

El basuco, al margen del debate

Las primeras evidencias del consumo de basuco, datan de la primera mitad de la década de los 70 en Perú. Al parecer, un médico descubrió los efectos alucinógenos de los residuos del procesamiento de clorhidrato de cocaína. Rápidamente, se popularizó y se expandió por Suramérica. Su nombre proviene de la unión de las primeras sílabas de las palabras Base Sucia de Coca.

“Por las características de la sustancia es considerada como una cocaína fumable y estimulante de alta potencia para el sistema nervioso central y periférico, sin embargo, debido al proceso de manufacturación y los elementos utilizados en la parafernalia para poder consumirlo establecen unos altos riesgos y daños para las personas que en su mayoría se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad”, advierte Échele Cabeza, una de las organizaciones civiles que más ha estudiado el fenómeno del consumo de sustancias en Colombia y la región.

Señala Hernández que, históricamente, las políticas antidrogas del país han relegado esta sustancia, al punto de que, en la nueva Política Nacional de Drogas, que rige entre 2023 y 2033, es la primera vez que se incorpora un enfoque de salud pública y Derechos Humanos que prioriza la reducción de daños y la atención integral de consumo.

“Tenemos las disposiciones de la Corte, contamos, además, con un enfoque que, al menos en el papel, aboga por la atención integral, sin embargo, en lo que hemos visto, las propuestas, hasta ahora, son un saludo a la bandera. No obstante, no podemos salir a criticar todo lo que hay; la Secretaría de Integración Social, ha liderado variaos programas que se alejan un poco de la noción represiva del consumo y buscan otras formas de rehabilitación. Es un camino que, como sociedad, debemos seguir dando, tantos años de prohibicionismo han demostrado que no es la ruta adecuada”.

Así, poco a poco se cambia la noción de que, para una rehabilitación exitosa, el camino es el de la abstinencia obligatoria, máxime con una sustancia de las carácterísticas del basuco.

“Debido a que, a diferencia de otras formas de consumir cocaína, o derivados, el basuco se puede fumar y es absorbido por el cuerpo en pocos segundos, hace que el efecto sea casi que instantáneo, lo que lleva al cuerpo a generar una rápida dependencia, pero también una tolerancia, razón por la cual el consumo suele dispararse tras las primeras experiencias”, advierte el investigador.

Por otro lado, a nivel neuropsiquiátrico “se ha identificado la producción de psicosis, especialmente, en personas que presentan antecedentes o predisposiciones de salud mental. Mientras que para los daños cognitivos investigados se ha observado alteraciones en memoria, atención, habilidades visoespaciales, disminución de la velocidad psicomotoras, desinterés laboral, reforzamiento de conductas antisociales (probablemente por los contextos) y en funciones ejecutivas como memoria de trabajo, inhibición, control de impulsos, planificación, flexibilidad cognitiva, estructuración de normas y toma de decisiones”, señala Échele Cabeza.

Nueva política distrital de drogas

La última vez que Bogotá promulgó una política pública de sustancias psicoactivas (SPA) fue en 2011. La directriz, para una vigencia de 10 años, hoy sigue a pesar de los cambios en la oferta, en las formas de consumo, en las edades de las primeras experiencias y en las estrategias de distribución.

Ahora, tras la larga espera, la Secretaría de Salud anunció que, junto con las secretarías de Educación, Integración y Cultura, suscribió un convenio de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina, orientado “a la formulación de una nueva política pública de SPA, de carácter intersectorial, participativo y que promueva la salud pública y la convivencia ciudadana”.

La tendencia hacia las libertades implica un cambio en la manera de acompañar el consumo: servicios donde no exijan abstinencia para recibir atención, reconocer el consumo recreativo y ritual sin estigmatización, y que la salud mental tenga enfoque comunitario, especialmente para los más vulnerables, víctimas frecuentes de la persecución por consumo. Son pasos que la política debe plantear para estar a la vanguardia de la discusión. Se espera que en agosto empiece el proceso de formulación, con un enfoque participatico en el que se busca debatir recomendaciones y objeciones de la sociedad civil para llegar a consensos.

Así las cosas, entre las medidas de atención integral y de reducción de daños que podrían implementarse, y que se proponen en la investigación, está, por ejemplo, el manejo de pipas de vidrio para evitar que quienes consumen creen sus pipas con sustancias que potencian los riesgos como papel aluminio, plástico o latas, consumo con boqullas para proteger el rostro, hacer pedagogía para que no se mezclen consumos de basuco con sustancias estimulantes que pueden derivar en serioas complicaciones de salud, y sobre todo, “que se respete los derechos y la subjetividad de quien consume.

“En el estudio encontramos que hay personas a las que, simplemente, no les interesa rehabilitarse, que quieren seguir la vida que llevan y las cuales, mientras no incurran en la ilegalidad y la criminalidad, deberían tener el derecho a expresar esa subjetividad sin el temor de sufir retenciones o traslados en contra de su voluntad, los cuales, además, desconocen y van en contra de las disposiciones legales emitidad para la protección de esta población”.

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