Reinsertados detrás del desorden

El jueves, manifestantes encapuchados destruyeron y saquearon establecimientos comerciales. / Luis Ángel

Las manifestaciones en favor del paro agrario en Bogotá han puesto en el centro del debate a las pandillas y a las bandas criminales que supuestamente operan en la capital. Esto desde que el alcalde Gustavo Petro informara que la banda “los Paisas es el grupo que contrató pandillas y jóvenes de Suba para destruir el CAI y establecer sus extorsiones. Las bacrim están detrás del sabotaje a la movilización pacífica y los campesinos”.

La explicación del alcalde llegó dos días después de que se presentaran actos vandálicos en Suba, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar. Durante la jornada del jueves, la localidad de Suba fue escenario de saqueos y enfrentamientos entre la fuerza pública y algunos manifestantes. El saldo: un joven de 18 años asesinado (en extrañas circunstancias) y nueve policías heridos. Engativá, de otro lado, se les salió de las manos a las autoridades y un joven de 24 años fue asesinado.

Este viernes, los habitantes del sector de La Libertad (localidad de Bosa) fueron testigos de actos vandálicos en contra del CAI de ese sector. Según las autoridades, pasadas las siete de la noche 80 jóvenes arremetieron con palos y piedras contra el centro policial y saquearon algunos locales comerciales. Tres agentes de la Policía fueron lesionados.
Ante estos hechos, la Secretaría Distrital de Gobierno empezó a realizar labores de inteligencia para determinar el origen de estos enfrentamientos. La investigación, hasta el momento, se ha concentrado en lo sucedido en la localidad de Suba. Y hay resultados. En diálogo con El Espectador, Ariel Ávila, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación e investigador cercano a la Secretaría de Gobierno, señaló: “la información que conocemos hasta el momento es la siguiente: el día jueves, una pandilla llamada Low Park, que fue apoyada por tres o cuatro jíbaros de los barrios La Gaitana, Lisboa y Toscana, salió a enfrentarse con la Policía. Los jíbaros estaban pagando entre $10 mil y $20 mil a los muchachos para que provocaran este enfrentamiento”. Esta información fue avalada por la alcaldesa de Suba, Marisol Perilla.

Los resultados parciales señalan que la pandilla Low Park fue financiada por desmovilizados de la banda criminal ‘Los Paisas’, que en su momento fue un tentáculo de la Oficina de Envigado; liderada por Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna'. Esta banda criminal, que opera en el bajo cauca antioqueño y que se ha disputado el negocio de la coca con la banda ‘los urabeños’ está conformada en su mayoría por desmovilizados del Bloque Mineros. De hecho, el pasado 20 de agosto las autoridades capturaron en la localidad de Suba a Juan Carlos Fonseca, alias El Frutero , uno de los cabecillas de ‘Los Paisas’ con orden de captura por concierto para delinquir. Según información recopilada por la Fiscalía, alias "El Frutero" era el hombre de confianza de Juan Carlos Duarte, alias el "Chiqui", encargado de las relaciones entre la banda criminal y miembros de la fuerza pública. “Uno de los reinsertados de ‘Los Paisas estaba intentando desestabilizar la ciudad para dañar las relaciones entre la Alcaldía y la Policía. Y Low Park se ha apoderado de varias ollas, porque es una pandilla que desde 2009 se ha ido especializando en el narcomenudeo. Ellos tienen alrededor de 46 miembros y se están expandiendo hacia otros sectores de la ciudad. Lo que hay que averiguar ahora es quién les estaba pagando a los reinsertados para provocar estos enfrentamientos” explica Ávila.

Hugo Ernesto Zarrate, subsecretario de asuntos para la convivencia y seguridad, de la Secretaría de Gobierno, asegura que las investigaciones apuntan a que “los actos vandálicos no fueron espontáneos. Hay unos cerebros detrás de todo esto. Esto surge precisamente en las localidades con las tasas más altas de micro tráfico. Allí, muchachos de 13, 14 y 15 años que están en una situación de vulnerabilidad han sido cooptados por bandas de micro tráfico. En Ciudad Bolívar, por ejemplo, se presentaron una serie esos actos vandálicos justo cuando la alcaldía está interviniendo en la zona. El mensaje de los que manejan los expendios de droga es decirle al Estado: aquí no, aquí el territorio es mío”.

Teniendo claro que los jóvenes de las localidades periféricas están siendo objeto de las redes de micro tráfico para deslegitimar al Estado, la Secretaría de Gobierno prepara un plan de choque. El Espectador pudo establecer que dentro de los próximos días la entidad implementará un plan piloto en la localidad de Ciudad Bolívar para incorporar a 220 jóvenes que han sido cooptados por las bandas delincuenciales a ciertos sectores del Distrito. “La respuesta del Estado no puede ser solamente policial. Tenemos una estrategia para convertir a los líderes de las pandillas en líderes de convivencia. Que nos ayuden a convencer a los muchachos de que por ahí no es el camino. Los jóvenes que trabajan al servicio del micro tráfico usualmente no tienen oportunidades, tienen hijos, no tienen empleo y están marginados socialmente. La mejor oferta que tienen es la mafia. Como ellos nunca han recibido nada del Estado, no creen en él”, dice Zarrate.

En este plan, que tiene previsto extenderse hacia otras localidades, como Suba, se les pagará a los líderes de convivencia “alrededor de $800 mil, por realizar seguimiento a los programas de la alcaldía en el barrio. Cuando aparezca un problema con los muchachos la idea es que él pueda intervenir y aplicar el programa de convivencia” dice Zárate. Paralelamente, en las localidades de Bosa y Engativá el Distrito adelanta estudios para determinar el origen de las pandillas que habrían causado los desmanes de la semana pasada. Aún no se ha establecido una relación entre la pandilla ‘Los Casallas’, que operan en el barrio La Granja, localidad de Engativá, con las bandas criminales.