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La operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) cada vez tiene más complicaciones por el multimillonario déficit que tienen el sistema de transporte. A los ya conocidos procesos de liquidación de Coobús y Egobús, se suma el acogimiento al régimen de insolvencia empresarial de tres operadores: Tranzit, Masivo Capital y Suma S.A.S. Este último, que tiene a cargo la operación de más de 25 rutas del SITP en Ciudad Bolívar, reportó pérdidas cercanas a los $30.000 millones, por lo que la Superintendencia de Sociedades admitió a la empresa en la reorganización empresarial, contemplado en la Ley 1116 de 2006.
Según la empresa, este paso es necesario para obtener soluciones que aseguren su viabilidad y la de todo el sistema de transporte. Asimismo, aseguraron que debían acogerse a la reorganización para salvaguardar los intereses de proveedores, contratistas y accionistas, y dieron un parte de tranquilidad a los usuarios, especialmente en Ciudad Bolívar, asegurando que el proceso no impedirá que sigan prestando el servicio. Esto también lo certifica Transmilenio, que asegura que hay un vínculo contractual que se debe ejecutar.
“La decisión de Suma S.A.S. de acogerse al proceso de reorganización no afectará la prestación del servicio público de transporte en Ciudad Bolívar. Este concesionario deberá continuar ejecutando el contrato 010 de 2010 suscrito con TRANSMILENIO S.A. La Ley 1116 de 2006 establece el proceso de reorganización para preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. El proceso de reorganización es diferente al proceso de liquidación”, manifestó Transmilenio a través de un comunicado.
Suma, en su memoria de la crisis, asegura que hechos como las demoras en la implementación del SITP; la falta de integración de medios de pago y falta de acceso a tarjetas y recargas; las deficiencias en el diseño operacional del sistema; la falta de infraestructura asociada al SITP; los retrasos en el inicio de operación del sistema; y la falta de soluciones definitivas por parte de Transmilenio, influyeron en su estado de inminente de incapacidad de pagos.
Según la Superintendencia de Sociedades, los informes de Suma evidencian que, aunque han cumplido con los aportes al sistema de seguridad social, este año podrían entrar en cesación de pagos, por lo que era inevitable admitirlos en el proceso de reorganización.
“A través de este proceso se intenta recuperar la compañía como unidad de explotación económica para que la fuente de empleo siga funcionando adecuadamente, y en esa medida de lo que se trata es de procurar una negociación con los acreedores y con las distintas partes interesadas para que la compañía pueda seguir operando en condiciones de normalidad”, aseguró el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes.
Suma, recordado por la crisis de transporte que ocurrió en octubre en Ciudad Bolívar por la falta de unas pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil para seguir operando, tiene 397 buses y cubre una demanda de 120.000 usuarios cada día.