Durante cinco días el Concejo de Bogotá realizó el primer debate de control político del año. La plenaria de la corporación, con intervención de concejales de todas las bancadas, debatió sobre el manejo que la Alcaldía ha dado a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, que en Bogotá ha cobrado la vida de 11.580 personas.
En las acaloradas sesiones se hicieron cuestionamientos de todo tipo, no solo a la Secretaría de Salud sino a otras entidades distritales como Transmilenio y las secretarías de Cultura, Integración Social, Gobierno y Desarrollo Económico. También se pusieron a consideración del Distrito varias ideas para mejorar la atención de la pandemia.
Las conclusiones del debate fueron claras. El Concejo mostró preocupación por múltiples aspectos relacionados con la pandemia, pero los temas que tuvieron mayor profundidad fueron el manejo que se ha dado a las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y la información pública sobre su ocupación; las múltiples cuarentenas que se han decretado desde marzo de 2020; la posible ausencia de cercos epidemiológicos y seguimiento a los casos positivos de COVID-19; las posibles fallas de contratación y capacitación de personal médico para mejorar la atención en hospitales, y las dificultades para la entrega de ayudas y una adecuada reactivación económica de la ciudad.
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Al final del debate, los concejales coincidieron en que debe haber un cambio de planes en cuanto al manejo de la pandemia, con el fin de evitar una emergencia aún mayor. También plantearon la posibilidad de impulsar una moción de observación contra el secretario de Salud, Alejandro Gómez. A continuación algunos de los reparos más comunes y las propuestas que lanzaron durante el debate para que el Distrito cambie algunas de sus estrategias.
Las objeciones
El tema que más ha preocupado desde el inicio de la pandemia es que los hospitales colapsen y no se pueda atender a la totalidad de pacientes con COVID-19. En ese sentido, el mayor reparo a la labor del Distrito se centró en cómo se gestionó la cantidad de camas UCI tanto en la red pública como en la privada, y el primer cuestionamiento que surgió fue por qué no se cumplió la meta de llegar a 4.000 UCI, como prometió la alcaldesa Claudia López durante los primeros días de la cuarentena.
En ese aspecto las mayores críticas provinieron de las bancadas de oposición (Cambio Radical y Centro Democrático) que aseguraron que, más allá de las 4.000 UCI que se prometieron, el Distrito tampoco hizo mayores esfuerzos para evitar la situación que hoy se ve en muchos hospitales de la ciudad, con sus salas de urgencias y cuidados intensivos a tope. “La Alcaldía no tiene un plan claro para el seguimiento a los contagios, no hay infraestructura hospitalaria ni personal médico suficiente para hacerle frente a la peor crisis sanitaria en la historia reciente”, cuestionó el concejal Jorge Luis Colmenares, del Centro Democrático.
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Desde Cambio Radical, Carolina Arbeláez señaló que gran parte de los esfuerzos para expandir las camas UCI llegaron gracias al Gobierno Nacional, a pesar del permanente roce con la Alcaldía de Bogotá, y denunció que varios eventos organizados por el Distrito pudieron derivar en el aumento de contagios. “¿Dónde queda la responsabilidad política de la Administración?”, preguntó a su turno la concejal Diana Marcela Diago (Centro Democrático), quien aseguró que el tema de la ampliación hospitalaria “se quedó en discurso y en una sala de espera”.
También hizo duras críticas en este apartado el concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo, quien a pesar de que en teoría es de la bancada de gobierno (Alianza Verde y Polo) por lo general tiene postura divergentes respecto a sus copartidarios. Según dijo, la alcaldesa está poniendo su proyecto político personal encima de las evidencias de que los hospitales se están quedando sin capacidad.
“Está comprobado, con datos que entregó la misma administración por medio de derechos de petición, que entre el 16 de junio y el 23 de septiembre murieron 215 personas a la espera de una UCI. Es muy grave porque si bien el haber tenido una UCI no aseguraba que se fueran a salvar, era su derecho y era obligación asignarles una UCI. Es muy preocupante que en lugar de aceptar la situación lo que hace la alcaldesa es acusar a quienes hacemos esas denuncias”, manifestó Carrillo.
Otra voz disonante entre la bancada de gobierno es la de Lucía Bastidas, concejal verde, quien interrogó al Distrito sobre el plan de contingencia para mejorar las condiciones del personal de la salud, como aquellos médicos que siguen trabajando a pesar de que no tienen contrato.
Además de los problemas que tendría el personal sanitario, también se denunciaron inconvenientes con la adquisición de insumos médicos. En ese sentido, el concejal Rubén Darío Torrado (Partido de La U), aseguró que hubo sobrecostos de hasta el 220 % en la compra de medicamentos. El cabildante también criticó las campañas de cultura ciudadana que se adelantan desde la Secretaría de Cultura, pues aseguró que han sido ineficaces.
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Un tema también muy cuestionado durante el debate fue el manejo de la información que se publica en Saludata, el Observatorio de Salud donde cada día se registran varias cifras sobre el avance de la pandemia en la capital. Para muchos concejales, tiene razón la Personería al afirmar que hay una diferencia considerable entre las cifras que se publican y la situación real en los hospitales.
Respecto a este tema, incluso los cabildantes de la bancada de gobierno plantearon dudas. Por ejemplo María Clara Name, de los verdes, pidió optimizar la información y aseguró que se debe garantizar la veracidad, acceso y transparencia de esos datos. Su copartidario Diego Laserna también aseguró que hay vacíos en cuanto a la información sobre la vigilancia epidemiológica e información clara sobre el tema de las pruebas. ”Se necesita generar una información compartida, colectiva y sin desconfiar del otro. Hay que enviar un mensaje muy claro, concreto y contundente donde aportemos para cuidarnos mutuamente”, dijo a su turno el concejal Diego Cancino.
Otro punto que se cuestionó sobre el manejo de la pandemia fue el de las cuarentenas. Para algunos, han sido excesivas y su enfoque ha derivado en la restricción de libertades. Otros consideraron que los confinamientos decretados este año han sido insuficientes. El concejal Carlos Fernando Galán, aseguró que “no se puede obligar a la gente a vivir un nuevo 2020 en el 2021″ y agregó que el aislamiento ha tenido un enfoque policivo y restrictivo de libertades que genera riesgos autoritarios.
Por su parte, el cabildante Samir Abisambra, del Partido Liberal, manifestó que siguen siendo insuficientes las restricciones dado que durante el día la gente continua saliendo y el cierre por localidades no está funcionando. ”¿No será necesario ser un poco más estrictos en las cuarentenas y volver a encerrarnos por 10 o 14 días?”, cuestionó.
Las propuestas
El nuevo plan que sugieren desde el Concejo pasa por mejorar temas como las condiciones laborales del personal de salud; aumentar el personal médico pensando en el proceso de vacunación; incrementar el ingreso mínimo garantizado que se otorga a los hogares más vulnerables mediante la estrategia “Bogotá solidaria en casa”; ampliar la atención en los servicios de salud mental, y asegurar que los niños y jóvenes de colegios oficiales puedan tener un adecuado acceso a la educación virtual.
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En este sentido, desde la Alianza Verde el concejal Martín Rivera propuso habilitar camas de hospitalización en Corferias para pacientes con otra patologías diferentes COVID-19, pues considera que así se pueden empezar a descongestionar los hospitales. La presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas, pidió avanzar en los mecanismos para garantizar las vacunas entre población vulnerable, como las personas en condición de discapacidad, mientras que Edward Arias pidió considerar una cuarentena de dos semanas en las entidades distritales. Por su parte, la concejal Andrea Padilla propuso endurecer las restricciones a la movilidad pues considera que aún hay muchos ciudadanos que no han comprendido que disminuir los contagios es un tema de corresponsabilidad.
Con miras a evitar que las cuarentenas afecten el proceso de reactivación económica, Oscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático, propuso implementar un esquema que denominó ”cuarentenas 3 x 2″: tres días de cuarentena y dos semanas sin restricción. De no ser posible, el concejal pidió reformular las cuarentenas por localidades, pues afirmó que se implementan como reacción al aumento de casos y no tienen planificación.
Por el Polo Democrático, el cabildante Celio Nieves sugirió ajustar el presupuesto para destinar más recursos a la atención sanitaria, cumplir el proceso de vacunación y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud pública.
La bancada de Bogotá para la gente también hizo varias propuestas. La Concejal Marisol Gómez pidió que se configure un modelo propio de vacunación y robustecer la renta básica. Para eso, propuso una mesa entre delegados del Concejo, organismos de control y el Distrito para revisar la base de datos que se usa para entregar las transferencias monetarias y así garantizar que los subsidios lleguen a quienes de verdad lo necesitan. Su compañero de bancada, Carlos Fernando Galán, propuso un cambio de estrategia y enfoque basado en el rastreo de casos, además de hacer pedagogía sobre las pruebas PCR y el proceso de vacunación.
En el tema de rastreo coincidió Juan Javier Baena, quien considera que Bogotá deberían estar detectando entre cuatro y diez contactos por cada caso positivo, pues apenas se están detectando dos. Para él, esto es evidencia de que hace falta un equipo de rastreo epidemiológico y se debe pasar a un modelo de rastreo de contactos de personas con síntomas para contener el contagio.