Requisas en colegios: ¿hasta dónde llegar?

A propósito del revuelo de esta semana por la venta y el consumo de drogas en los colegios, dice un profesor del Distrito que trabaja en Bosa: “Se debe seguir una hoja de ruta para esos casos, pero es difícil rastrear y detener. La Policía interviene a la hora de requisar, porque uno no está autorizado para eso”. Y sí, la Fuerza Pública asume esas funciones, pero ante la presión que creció en estos días —de padres de familia y medios de comunicación— para que la autoridad actúe con eficacia ante el tráfico de sustancias psicoactivas en los entornos escolares, surge la inquietud de qué tan efectiva y necesaria es la acción de los uniformados en los pasillos colegiales.

Mientras la Fiscalía anunció que comenzará a trabajar junto con la Alcaldía y la Sijín en operaciones de inteligencia enfocadas en 50 colegios, el coronel Óscar Pinzón, comandante operativo de la Policía de Bogotá, anunció que incrementarán los operativos en las afueras de los planteles y los allanamientos cuando sean necesarios. Ayer, nada menos, las autoridades informaron sobre la captura de 22 integrantes de la banda los Piratoba, que, según la Fiscalía, eran “los encargados de la distribución directa a jóvenes que han caído en el vicio de la droga” en la localidad de Engativá, en el occidente de la ciudad.

Son acciones que han reclamado los propios padres de familia al ver cómo sus hijos se exponen diariamente al consumo y tráfico de drogas en espacios destinados para estudiar.

Pero el flagelo, ya se sabe, es tan complejo que no se puede atacar con una estrategia que solo incluya mano dura, y cuando se recurra a esta debe haber protocolos claros. Por eso fue muy ilustrativo lo ocurrido ayer en el colegio Técnico Industrial Piloto CDA, de Tunjuelito. La Policía acudió para hacer un registro sorpresa (que no significa otra cosa que requisar a los alumnos para verificar si se había evidencia de drogas y armas), pero se abstuvo de ingresar porque, según los encargados del operativo, no se presentó la Personería. De esta institución, sin embargo, aseguraron que cuando les pidieron acompañamiento lo programaron para otro día y otra hora.

Más allá de ese inconveniente, llamó la atención una frase del comunicado del Ministerio Público: “Ninguna norma establece la obligación de la presencia del ente de control y ni siquiera los propios protocolos internos de la Policía disponen la obligatoriedad de dicha compañía para cumplir con su deber”. Es decir: la entidad encargada de velar por los derechos humanos en el Distrito dice no estar obligada a acompañar un procedimiento policial con menores de edad. Carlos Caycedo, personero delegado para el Ministerio Público, asegura que, aunque suelen acompañar esos operativos cuando así se lo piden, es la Policía de Infancia y Adolescencia la encargada, primordialmente, de velar por la protección de los derechos de los menores. El funcionario admite, sin embargo, que cabe la posibilidad de que los uniformados cometan excesos y no haya otra autoridad que los impida, pero por eso mismo aclara que son ellos los primeros llamados a mantener la integridad de los estudiantes.

Ese choque de versiones pone en evidencia la falta de claridad en los protocolos, sobre todo si se tiene en cuenta que para el Distrito el Ministerio Público sí debe estar presente en las requisas, indica Ariel Ávila, asesor de la Secretaría de Educación.

La administración propone otra discusión: ¿Son efectivas las requisas dentro de los colegios? Ávila opina que no: “Asustan a los muchachos cinco o seis días, pero el Distrito no está a favor de ellas porque no hay un estudio, al menos no conozco ninguno, que concluya que mejoran la seguridad. Más bien hacen que se estigmatice al colegio”. Agrega que es preferible que los directivos activen la ruta de atención a situaciones críticas ya establecida y preferible “antes de hacer escándalo”.

Una mirada similar tiene el presidente de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), William Agudelo. Primero advierte que conocen la dimensión del tráfico de drogas en los colegios, pues los profesores también han sido víctimas de la violencia relacionada con ese fenómeno. “Hace poco en Ciudad Bolívar agredieron a un profesor que denunció un problema de drogas y resultó que la mayor traficante del barrio era la presidenta de la junta de padres de familia”. No obstante, plantea que para un problema de salud pública la solución no está en las requisas ni en las cámaras instaladas en algunos planteles, ni en la Policía dentro o fuera de éstos, pues se “genera mucho más conflicto en los estudiantes”.

Esta discusión emergió esta semana tras la muerte de Santiago Sánchez, de 14 años, quien se intoxicó con otros 19 estudiantes de su colegio al inhalar una mezcla que contenía, entre otras sustancias, polvo de extintor. Le siguieron dos casos el jueves que involucraron a cinco alumnos de dos colegios que inhalaron sustancias industriales, y se sumó ayer la emergencia en el colegio Bernardo Jaramillo, de donde trasladaron al hospital a cuatro menores por consumir lo que sería popper. Todas las situaciones ocurrieron en la localidad de Tunjuelito.

Las directivas de los colegios, de todas formas, siguen teniendo a la mano la opción de contactar a la Policía cuando lo consideren necesario y como un mecanismo más para atacar un problema que, dadas las últimas noticias, parece fuera de control.