'Responsabilidades técnicas no deben ser penales'

En cuestión de un par de años, Andrés Camargo pasó de héroe a villano. A finales de los noventa, como director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), tuvo a su cargo la ejecución de las obras de urbanismo que hicieron famoso en el mundo al entonces alcalde Enrique Peñalosa, incluyendo las dos primeras troncales de Transmilenio, por la Autopista Norte y la Avenida Caracas.

Hoy, sin embargo, Camargo enfrenta una condena de primera instancia por cuenta de los daños y fallas que presentaron las losas empleadas entonces en la construcción de las troncales de TM. Las placas comenzaron a romperse un año después de entregadas las obras, cuando en teoría debían durar veinte años. Por estas circunstancias, un juez condenó a Camargo a ocho años de cárcel.

En la sentencia también fueron condenados la excoordinadora técnica de proyectos María Elvira Bolaños y el exdirector técnico de construcciones Hugo Solórzano. Adicionalmente, el constructor Alberto Otoya y los interventores Álvaro Silva Fajardo y Alberto Silva fueron condenados a 10 meses y 15 días.

El fallo contra Camargo no se ha hecho efectivo, pues el exdirector del IDU apelará la decisión. Esto, asegura, debido a que las razones por las que fallaron las losas respondían a circunstancias eminentemente técnicas, que desbordan el ámbito de lo penal.

En diálogo con El Espectador, Camargo explicó su papel en la licitación y las supuestas presiones políticas detrás del fallo en su contra y alertó sobre el difícil futuro de la función pública si este fallo se confirma.

¿Acepta los cargos de peculado culposo y celebración indebida de contratos?

De ninguna manera. Aclaro que es primera instancia y voy a apelar esta decisión que considero equivocada. Soy absolutamente inocente de ambos delitos.

¿En qué se basa esa apelación?

Para mí, la contradicción evidente en el fallo es que hay un delito culposo, el peculado, y otro doloso, la celebración de contratos. En el delito doloso me dicen que omití, que dejé, lo que está asociado con la culpa, no con el dolo. Cumplí con la debida diligencia que ameritaba el cargo que ocupaba, estoy seguro.

La sentencia dice que la licitación estaba dirigida a unas firmas de cementos en particular. ¿Eso es cierto?

Esa es otra de las equivocaciones del fallo. Lo primero es que Colciviles era la encargada de contratar a una concretera, no el IDU. El único requerimiento que tenía la licitación era que la empresa encargada del relleno fluido tuviera una experiencia de determinados metros cúbicos producidos. No hubo ningún condicionamiento que favoreciera a determinada firma.

¿La interventoría o su equipo técnico lo alertaron sobre los problemas que podría generar el relleno fluido?

Nunca, ni el contratista. Incluso, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que ahora opina sobre el tema, jamás levantó la mano para decirme algo al respecto. El diseñador de la obra, la firma inglesa Steer Davies Gleave, tiene muchas obras con relleno fluido. Eso no nos lo inventamos nosotros. Ni el interventor estuvo en desacuerdo con el diseño, ni el contratista. Dentro de las funciones del director del IDU no está decidir los materiales de cada una de las obras. Yo tuve más de 1.600.

¿Hugo Solórzano, exdirector técnico del IDU y también condenado en esta sentencia, tampoco le dijo nada?

Nunca. Él dijo en el juicio que nunca me comentó o me preguntó al respecto. Primero, porque él tenía la función de decidir sobre lo técnico y, segundo, porque cuando yo le pregunté en varias ocasiones cómo iba la obra, me dijo “todo va bien”. Hay que recordar que los problemas surgieron después de entregada la obra, cuando ya no estábamos en el IDU. Esa es otra equivocación del fallo.

¿De quién es la responsabilidad fiscal por las fallas de la obra y los arreglos que se le han tenido que hacer?

No voy a señalar culpables. Lo que sí me pregunto es por qué en las administraciones siguientes nadie cobró o por qué no se han pagado las pólizas que respaldaban la parte técnica de la obra.

Usted y los siguientes directores del IDU han terminado en líos penales luego de sus administraciones. ¿Qué está pasando con la ejecución de obras públicas?

No me meta en la misma bolsa. Mi problema es por lo técnico, los líos de los siguientes directores del IDU tienen que ver con corrupción. Yo nunca me reuní en un hotel a pactar adjudicaciones o cosas similares, ni he estado involucrado en ese tipo de escándalos. Esa es otra de las razones de mi apelación, este problema no tiene que ver con lo penal.

¿Hay un trasfondo político en esta decisión judicial?

No dudo que haya factores políticos exógenos que influyan en lo que está pasando. Hay gente que piensa que hay que hacer lo que sea para que haya sangre de director, cuando viene de un sector que no es el de ellos. Sorprendentemente, cada vez que Enrique Peñalosa se lanzaba a algún cargo público se aceleraba este proceso. Son coincidencias muy simpáticas.

¿De dónde venían esas presiones?

Defiendo mi inocencia, pero no acusando a otros.

Si se confirma este fallo, sienta un precedente que pone en riesgo la función pública. ¿Hoy, en Colombia, son más los riesgos que las bondades de ejercer un cargo público?

Si esto se confirma, sería imposible ser funcionario público. Si usted dirige una entidad y hay equivocaciones normales de su equipo técnico, va a la cárcel. Es un desastre volver penales responsabilidades técnicas, porque no va a haber personas capacitadas y decentes que estén dispuestas a servirle al país. En cambio, eso puede dar lugar a que esas funciones las ejerzan pícaros que saben encontrarles huecos a las leyes para su propio beneficio. Tengo la esperanza de que esto no suceda. Tengo fe en la justicia.

¿Qué le aconseja a la actual directora del IDU, María Fernanda Rojas?

Que si esto prospera, se persigne y se encomiende a Dios.

¿Cómo lo ha afectado esto en su vida personal y profesional?

Me ha afectado en mi prestigio profesional. He perdido negocios importantes, no he podido dedicar toda mi productividad a mi trabajo y he tenido problemas económicos por defenderme de algo de lo que sé que soy inocente. Pero también he sabido en vida cuánta gente me quiere y me respeta. Y eso es una fortuna.

En cuestión de un par de años, Andrés Camargo pasó de héroe a villano. A finales de los noventa, como director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), tuvo a su cargo la ejecución de las obras de urbanismo que hicieron famoso en el mundo al entonces alcalde Enrique Peñalosa, incluyendo las dos primeras troncales de Transmilenio, por la Autopista Norte y la Avenida Caracas.

Hoy, sin embargo, Camargo enfrenta una condena de primera instancia por cuenta de los daños y fallas que presentaron las losas empleadas entonces en la construcción de las troncales de TM. Las placas comenzaron a romperse un año después de entregadas las obras, cuando en teoría debían durar veinte años. Por estas circunstancias, un juez condenó a Camargo a ocho años de cárcel.

En la sentencia también fueron condenados la excoordinadora técnica de proyectos María Elvira Bolaños y el exdirector técnico de construcciones Hugo Solórzano. Adicionalmente, el constructor Alberto Otoya y los interventores Álvaro Silva Fajardo y Alberto Silva fueron condenados a 10 meses y 15 días.

El fallo contra Camargo no se ha hecho efectivo, pues el exdirector del IDU apelará la decisión. Esto, asegura, debido a que las razones por las que fallaron las losas respondían a circunstancias eminentemente técnicas, que desbordan el ámbito de lo penal.

En diálogo con El Espectador, Camargo explicó su papel en la licitación y las supuestas presiones políticas detrás del fallo en su contra y alertó sobre el difícil futuro de la función pública si este fallo se confirma.

¿Acepta los cargos de peculado culposo y celebración indebida de contratos?

De ninguna manera. Aclaro que es primera instancia y voy a apelar esta decisión que considero equivocada. Soy absolutamente inocente de ambos delitos.

¿En qué se basa esa apelación?

Para mí, la contradicción evidente en el fallo es que hay un delito culposo, el peculado, y otro doloso, la celebración de contratos. En el delito doloso me dicen que omití, que dejé, lo que está asociado con la culpa, no con el dolo. Cumplí con la debida diligencia que ameritaba el cargo que ocupaba, estoy seguro.

La sentencia dice que la licitación estaba dirigida a unas firmas de cementos en particular. ¿Eso es cierto?

Esa es otra de las equivocaciones del fallo. Lo primero es que Colciviles era la encargada de contratar a una concretera, no el IDU. El único requerimiento que tenía la licitación era que la empresa encargada del relleno fluido tuviera una experiencia de determinados metros cúbicos producidos. No hubo ningún condicionamiento que favoreciera a determinada firma.

¿La interventoría o su equipo técnico lo alertaron sobre los problemas que podría generar el relleno fluido?

Nunca, ni el contratista. Incluso, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que ahora opina sobre el tema, jamás levantó la mano para decirme algo al respecto. El diseñador de la obra, la firma inglesa Steer Davies Gleave, tiene muchas obras con relleno fluido. Eso no nos lo inventamos nosotros. Ni el interventor estuvo en desacuerdo con el diseño, ni el contratista. Dentro de las funciones del director del IDU no está decidir los materiales de cada una de las obras. Yo tuve más de 1.600.

¿Hugo Solórzano, exdirector técnico del IDU y también condenado en esta sentencia, tampoco le dijo nada?

Nunca. Él dijo en el juicio que nunca me comentó o me preguntó al respecto. Primero, porque él tenía la función de decidir sobre lo técnico y, segundo, porque cuando yo le pregunté en varias ocasiones cómo iba la obra, me dijo “todo va bien”. Hay que recordar que los problemas surgieron después de entregada la obra, cuando ya no estábamos en el IDU. Esa es otra equivocación del fallo.

¿De quién es la responsabilidad fiscal por las fallas de la obra y los arreglos que se le han tenido que hacer?

No voy a señalar culpables. Lo que sí me pregunto es por qué en las administraciones siguientes nadie cobró o por qué no se han pagado las pólizas que respaldaban la parte técnica de la obra.

Usted y los siguientes directores del IDU han terminado en líos penales luego de sus administraciones. ¿Qué está pasando con la ejecución de obras públicas?

No me meta en la misma bolsa. Mi problema es por lo técnico, los líos de los siguientes directores del IDU tienen que ver con corrupción. Yo nunca me reuní en un hotel a pactar adjudicaciones o cosas similares, ni he estado involucrado en ese tipo de escándalos. Esa es otra de las razones de mi apelación, este problema no tiene que ver con lo penal.

¿Hay un trasfondo político en esta decisión judicial?

No dudo que haya factores políticos exógenos que influyan en lo que está pasando. Hay gente que piensa que hay que hacer lo que sea para que haya sangre de director, cuando viene de un sector que no es el de ellos. Sorprendentemente, cada vez que Enrique Peñalosa se lanzaba a algún cargo público se aceleraba este proceso. Son coincidencias muy simpáticas.

¿De dónde venían esas presiones?

Defiendo mi inocencia, pero no acusando a otros.

Si se confirma este fallo, sienta un precedente que pone en riesgo la función pública. ¿Hoy, en Colombia, son más los riesgos que las bondades de ejercer un cargo público?

Si esto se confirma, sería imposible ser funcionario público. Si usted dirige una entidad y hay equivocaciones normales de su equipo técnico, va a la cárcel. Es un desastre volver penales responsabilidades técnicas, porque no va a haber personas capacitadas y decentes que estén dispuestas a servirle al país. En cambio, eso puede dar lugar a que esas funciones las ejerzan pícaros que saben encontrarles huecos a las leyes para su propio beneficio. Tengo la esperanza de que esto no suceda. Tengo fe en la justicia.

¿Qué le aconseja a la actual directora del IDU, María Fernanda Rojas?

Que si esto prospera, se persigne y se encomiende a Dios.

¿Cómo lo ha afectado esto en su vida personal y profesional?

Me ha afectado en mi prestigio profesional. He perdido negocios importantes, no he podido dedicar toda mi productividad a mi trabajo y he tenido problemas económicos por defenderme de algo de lo que sé que soy inocente. Pero también he sabido en vida cuánta gente me quiere y me respeta. Y eso es una fortuna.