Reubicación fracasada

Los programas “Puntos de Encuentro” y “Proyectos Comerciales Permanentes”, liderados por el Instituto para la Economía Social (Ipes), que buscan reubicar a los vendedores informales que ocupan espacios públicos de la ciudad, son un fracaso. Así lo indicó una revisión de gestión realizada por la Personería de Bogotá y así lo admitió ayer el director del Ipes, Jorge Pulecio.

De acuerdo con el ente de control, la utilización de los locales o módulos es cada vez menor. En la ciudad existen cuatro “Puntos de Encuentro” que tienen 66 módulos y sólo una ocupación del 37,9%, mientras que los 17 proyectos comerciales de propiedad del Ipes, con 1.375 módulos, registran un uso promedio del 62%.

“El nivel de utilización en los puntos comerciales es medio, el estado de la cartera es alta, mientras que los gastos recurrentes y de mantenimiento los continúa asumiendo el Ipes”, asegura el informe. Y añade: “la ubicación de algunos de los puntos comerciales, la falta de decisión y compromiso de los beneficiarios de convertirlos en exitosos, trae como consecuencia que el vendedor vuelva a la calle y la Administración continúe invirtiendo recursos en los programas sin alcanzar las expectativas de relocalización y posterior formalización”, señala la Personería.

Cuestiona el informe que tampoco es rentable para los reubicados vender en lugares algunas veces escondidos, cuando a unas pocas cuadras la calle está invadida de ventas informales sin que las autoridades locales protejan el espacio público.

Los “Puntos de Encuentro”, ubicados en las estaciones de Transmilenio en Alcalá, Las Aguas, Tintal y Mundo Aventura, son mobiliarios construidos por el Instituto de Desarrollo Urbano con una inversión de $4.304 millones, que cuentan con ciclo-estacionamiento, unidades sanitarias, punto de atención institucional, punto de café y espacios para comercializar productos o ventas.

Su funcionamiento ha requerido, en seis años, unos gastos de operación para el Ipes de $1.398 millones ($743 millones en vigilancia, $413 millones en mantenimiento y $242 millones en aseo) que unidos a los $4.304 millones en su construcción, suman $5.702 millones, para una ocupación de menos del 38%.

En diálogo con El Espectador, el director del Ipes, Jorge Pulecio, aseguró que el informe de la Personería se basa en el diagnóstico que su mismo despacho realizó hace más de un año. “Y aunque no es cierto que la política haya fracasado de forma absoluta, sí es cierto que es insuficiente y no vamos a volver a aplicarla”.

Pulecio aseguró que el Ipes aplica desde este año un nuevo enfoque que busca que los comerciantes no sólo migren a módulos y espacios distritales, sino que se vuelvan propietarios y administradores de los mismos. Para esto, el Ipes ha invertido $7.000 millones este año.

Sin embargo, el funcionario explicó que muchos de los planes de la entidad no han podido ser realizados debido a la negativa del Concejo de Bogotá a aprobar la creación de un banco de primer piso que financie proyectos de economía popular. “Tampoco nos han autorizados la venta del mobiliario del Distrito a los mismos comerciantes, asunto en el que insistiremos el año entrante, cuando llegue la hora de aprobar el presupuesto”.

Los programas “Puntos de Encuentro” y “Proyectos Comerciales Permanentes”, liderados por el Instituto para la Economía Social (Ipes), que buscan reubicar a los vendedores informales que ocupan espacios públicos de la ciudad, son un fracaso. Así lo indicó una revisión de gestión realizada por la Personería de Bogotá y así lo admitió ayer el director del Ipes, Jorge Pulecio.

De acuerdo con el ente de control, la utilización de los locales o módulos es cada vez menor. En la ciudad existen cuatro “Puntos de Encuentro” que tienen 66 módulos y sólo una ocupación del 37,9%, mientras que los 17 proyectos comerciales de propiedad del Ipes, con 1.375 módulos, registran un uso promedio del 62%.

“El nivel de utilización en los puntos comerciales es medio, el estado de la cartera es alta, mientras que los gastos recurrentes y de mantenimiento los continúa asumiendo el Ipes”, asegura el informe. Y añade: “la ubicación de algunos de los puntos comerciales, la falta de decisión y compromiso de los beneficiarios de convertirlos en exitosos, trae como consecuencia que el vendedor vuelva a la calle y la Administración continúe invirtiendo recursos en los programas sin alcanzar las expectativas de relocalización y posterior formalización”, señala la Personería.

Cuestiona el informe que tampoco es rentable para los reubicados vender en lugares algunas veces escondidos, cuando a unas pocas cuadras la calle está invadida de ventas informales sin que las autoridades locales protejan el espacio público.

Los “Puntos de Encuentro”, ubicados en las estaciones de Transmilenio en Alcalá, Las Aguas, Tintal y Mundo Aventura, son mobiliarios construidos por el Instituto de Desarrollo Urbano con una inversión de $4.304 millones, que cuentan con ciclo-estacionamiento, unidades sanitarias, punto de atención institucional, punto de café y espacios para comercializar productos o ventas.

Su funcionamiento ha requerido, en seis años, unos gastos de operación para el Ipes de $1.398 millones ($743 millones en vigilancia, $413 millones en mantenimiento y $242 millones en aseo) que unidos a los $4.304 millones en su construcción, suman $5.702 millones, para una ocupación de menos del 38%.

En diálogo con El Espectador, el director del Ipes, Jorge Pulecio, aseguró que el informe de la Personería se basa en el diagnóstico que su mismo despacho realizó hace más de un año. “Y aunque no es cierto que la política haya fracasado de forma absoluta, sí es cierto que es insuficiente y no vamos a volver a aplicarla”.

Pulecio aseguró que el Ipes aplica desde este año un nuevo enfoque que busca que los comerciantes no sólo migren a módulos y espacios distritales, sino que se vuelvan propietarios y administradores de los mismos. Para esto, el Ipes ha invertido $7.000 millones este año.

Sin embargo, el funcionario explicó que muchos de los planes de la entidad no han podido ser realizados debido a la negativa del Concejo de Bogotá a aprobar la creación de un banco de primer piso que financie proyectos de economía popular. “Tampoco nos han autorizados la venta del mobiliario del Distrito a los mismos comerciantes, asunto en el que insistiremos el año entrante, cuando llegue la hora de aprobar el presupuesto”.