¿Reversazo en alimentos?

Desde el comienzo del gobierno de Gustavo Petro, la Secretaría de Integración Social tomó la decisión de dar un vuelco a la forma como se garantizaba la seguridad alimentaria de la población vulnerable. A su juicio, los servicios de comedor en las localidades estaban inmersos en redes de clientelismo a favor de políticos locales. Por eso, la provisión de alimentos para preparación cambió. La ciudad fue dividida en dos para contratar el suministro con el mismo número de empresarios. Hoy, Jorge Rojas, recién nombrado secretario, tras la salida de Teresa Muñoz, admite que “aunque el cambio tuvo una buena intención, falló”.

La primera zona fue ganada por un consorcio que aparentemente no tenía la experiencia necesaria para operar el contrato. Se trata del Consorcio Alimentación Social 2013, que no cumplió a cabalidad con la entrega de “crudos” en 127 centros de cuidado y jardines de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito, Engativá, Fontibón y Suba, por un valor de $18.253 millones. “El contrato está sometido a una revisión y seguramente habrá sanciones, respetando el debido proceso. Eso es sólo un primer paso de un ambicioso proyecto de cambio en la contratación”, dijo Rojas.

Según fuentes de la misma secretaría, el contratista ha dicho que los incumplimientos han sido ocasionados por presiones de empresarios a los proveedores para que no les vendan los alimentos y les impongan condiciones imposibles de cumplir para realizar los pagos. Esas presiones vendrían de empresas de logística que perdieron el contrato. Sin embargo, el secretario dijo que “si hubo competencia desleal es un asunto de la Superindustria, pero nosotros debemos, y sólo podemos, velar por el cumplimiento del contrato”.

Precisamente, para aliviar los presuntos incumplimientos en los que, por más de dos meses, ha incurrido el contratista, Integración hizo un convenio con la caja de compensación Colsubsidio por un valor cercano a los $65 mil millones. “La idea es que desde este viernes, la población que ha visto amenazada su seguridad alimentaria por el incumplimiento de este contratista, tenga acceso a una asistencia mediante la entrega de canastas de alimentos. El acuerdo, además, nos permitirá beneficiar a otra parte de la población que hoy no tiene acceso al servicio de comedor ni a ayudas alimentarias”, afirmó el secretario.

Y es que el plan y los contratos que dejó la secretaria Teresa Muñoz, que pretendían acabar con las redes de clientelismo, plantearon dos dilemas para la administración. Por un lado, uno ético, pues la zona dos se la llevó la empresa Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, propiedad del Grupo Torrado, empresarios denunciados en 2011 en el informe de contratación del hoy alcalde Gustavo Petro como dueños del “carrusel de los alimentos” en el Distrito. Y, por el otro, la desprotección de la pequeña y mediana economía, pues los contratos sólo podían ser ganados por empresas con grandes músculos financieros.

Según conoció este diario, por orden de Rojas, Integración está diseñando un nuevo plan de contratación que entraría en vigencia en abril, cuando probablemente finalicen los contratos adjudicados. La idea es que las 19 plazas de mercado reguladas por el Distrito, la red de tenderos y las comunidades campesinas, como las del Sumapaz, se encarguen de proveer los alimentos. Aún no está definido si sería el Distrito el que acopie los crudos o sería un privado.

Lo que sí está claro es que Integración está buscando recuperar la información de beneficiarios que actualmente sólo tienen los proveedores y así reducir la cantidad de asistentes a comedores comunitarios y ampliar las familias favorecidas con canastas de seguridad alimentaria. “Hemos reducido la desigualdad y la pobreza, por lo tanto, el modelo de comedores de hace diez años no se puede seguir aplicando. Nuestra idea es acabar con el asistencialismo. Hay personas que hoy asisten a comedores y podrían cocinar sus propios alimentos. Los comedores serán un beneficio exclusivo para habitantes de calle, ancianos y personas sin capacidad material de cocinar. Pero no vamos a descuidar las garantías de alimentación para los más pobres”, prometió Rojas.

Desde el comienzo del gobierno de Gustavo Petro, la Secretaría de Integración Social tomó la decisión de dar un vuelco a la forma como se garantizaba la seguridad alimentaria de la población vulnerable. A su juicio, los servicios de comedor en las localidades estaban inmersos en redes de clientelismo a favor de políticos locales. Por eso, la provisión de alimentos para preparación cambió. La ciudad fue dividida en dos para contratar el suministro con el mismo número de empresarios. Hoy, Jorge Rojas, recién nombrado secretario, tras la salida de Teresa Muñoz, admite que “aunque el cambio tuvo una buena intención, falló”.

La primera zona fue ganada por un consorcio que aparentemente no tenía la experiencia necesaria para operar el contrato. Se trata del Consorcio Alimentación Social 2013, que no cumplió a cabalidad con la entrega de “crudos” en 127 centros de cuidado y jardines de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito, Engativá, Fontibón y Suba, por un valor de $18.253 millones. “El contrato está sometido a una revisión y seguramente habrá sanciones, respetando el debido proceso. Eso es sólo un primer paso de un ambicioso proyecto de cambio en la contratación”, dijo Rojas.

Según fuentes de la misma secretaría, el contratista ha dicho que los incumplimientos han sido ocasionados por presiones de empresarios a los proveedores para que no les vendan los alimentos y les impongan condiciones imposibles de cumplir para realizar los pagos. Esas presiones vendrían de empresas de logística que perdieron el contrato. Sin embargo, el secretario dijo que “si hubo competencia desleal es un asunto de la Superindustria, pero nosotros debemos, y sólo podemos, velar por el cumplimiento del contrato”.

Precisamente, para aliviar los presuntos incumplimientos en los que, por más de dos meses, ha incurrido el contratista, Integración hizo un convenio con la caja de compensación Colsubsidio por un valor cercano a los $65 mil millones. “La idea es que desde este viernes, la población que ha visto amenazada su seguridad alimentaria por el incumplimiento de este contratista, tenga acceso a una asistencia mediante la entrega de canastas de alimentos. El acuerdo, además, nos permitirá beneficiar a otra parte de la población que hoy no tiene acceso al servicio de comedor ni a ayudas alimentarias”, afirmó el secretario.

Y es que el plan y los contratos que dejó la secretaria Teresa Muñoz, que pretendían acabar con las redes de clientelismo, plantearon dos dilemas para la administración. Por un lado, uno ético, pues la zona dos se la llevó la empresa Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, propiedad del Grupo Torrado, empresarios denunciados en 2011 en el informe de contratación del hoy alcalde Gustavo Petro como dueños del “carrusel de los alimentos” en el Distrito. Y, por el otro, la desprotección de la pequeña y mediana economía, pues los contratos sólo podían ser ganados por empresas con grandes músculos financieros.

Según conoció este diario, por orden de Rojas, Integración está diseñando un nuevo plan de contratación que entraría en vigencia en abril, cuando probablemente finalicen los contratos adjudicados. La idea es que las 19 plazas de mercado reguladas por el Distrito, la red de tenderos y las comunidades campesinas, como las del Sumapaz, se encarguen de proveer los alimentos. Aún no está definido si sería el Distrito el que acopie los crudos o sería un privado.

Lo que sí está claro es que Integración está buscando recuperar la información de beneficiarios que actualmente sólo tienen los proveedores y así reducir la cantidad de asistentes a comedores comunitarios y ampliar las familias favorecidas con canastas de seguridad alimentaria. “Hemos reducido la desigualdad y la pobreza, por lo tanto, el modelo de comedores de hace diez años no se puede seguir aplicando. Nuestra idea es acabar con el asistencialismo. Hay personas que hoy asisten a comedores y podrían cocinar sus propios alimentos. Los comedores serán un beneficio exclusivo para habitantes de calle, ancianos y personas sin capacidad material de cocinar. Pero no vamos a descuidar las garantías de alimentación para los más pobres”, prometió Rojas.