Revocatoria, en manos del procurador

Ya la Registraduría anunció que las votaciones se llevarán a cabo el domingo 2 de marzo —una semana antes de las elecciones de Congreso—, que el 19 de febrero se conocerán los jurados y los $56.000 millones que se requieren están pedidos en el Ministerio de Hacienda. Pero si la sanción llegara antes, señaló el registrador Carlos Ariel Sánchez, las votaciones perderían sentido.

Petro, en primera instancia destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, se enfrenta a diferentes escenarios y estas votaciones son hoy un proyecto principal: serían el camino para ratificar, de nuevo a través de los electores, su cargo. Y mientras los comicios tienen lugar, está haciendo lo posible para evitar su salida del Palacio Liévano: esta semana recusó al procurador Ordóñez, señalando que éste tenía un sesgo ideológico en su contra, y buscando a la vez que el Senado de la República nombre a un procurador ad hoc para que oficie como segunda instancia.

Analistas como el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar han sostenido que la figura de procurador ad hoc no es viable. De hecho, Cuéllar ha argumentado que la recusación la resolvería el mismo procurador Alejandro Ordóñez. Pero la Procuraduría todavía no ha notificado quién resolverá el recurso interpuesto por Petro. No se sabe tampoco cuándo el procurador va a dar a conocer su palabra final —en caso de que sea él quien lo defina— en el proceso disciplinario contra Petro, pues no existe un límite explícito para tomar este tipo de decisiones.

Sin embargo, los defensores del alcalde Petro creen que, en caso de que Ordóñez diga que sí es competente para destituir al alcalde, un tribunal ad hoc tendría que decidir sobre la recusación y no el procurador Ordóñez. Dicho tribunal tendrá que ser elegido por el Senado en una terna presentada por el presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. “Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Constitución Política de la República de Colombia”, reza el escrito de recusación.

Sin embargo, retrasar la destitución de acuerdo con las fechas límite legales para fortalecerse en las urnas no es la única estrategia jurídica a la que le está apostando el alcalde Petro. Los progresistas todavía confían en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tal como Petro lo solicitó, dicte medidas cautelares que de algún modo dilaten los efectos del fallo de la Procuraduría. Mientras tanto, si se llega al escenario de las votaciones, los promotores de la revocatoria necesitan que ese día salgan a votar mínimo 1’234.214 personas. Y si Petro quiere quedarse, necesita que por lo menos la mitad más uno de los votantes ratifiquen su mandato en las urnas.

Ya la Registraduría anunció que las votaciones se llevarán a cabo el domingo 2 de marzo —una semana antes de las elecciones de Congreso—, que el 19 de febrero se conocerán los jurados y los $56.000 millones que se requieren están pedidos en el Ministerio de Hacienda. Pero si la sanción llegara antes, señaló el registrador Carlos Ariel Sánchez, las votaciones perderían sentido.

Petro, en primera instancia destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, se enfrenta a diferentes escenarios y estas votaciones son hoy un proyecto principal: serían el camino para ratificar, de nuevo a través de los electores, su cargo. Y mientras los comicios tienen lugar, está haciendo lo posible para evitar su salida del Palacio Liévano: esta semana recusó al procurador Ordóñez, señalando que éste tenía un sesgo ideológico en su contra, y buscando a la vez que el Senado de la República nombre a un procurador ad hoc para que oficie como segunda instancia.

Analistas como el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar han sostenido que la figura de procurador ad hoc no es viable. De hecho, Cuéllar ha argumentado que la recusación la resolvería el mismo procurador Alejandro Ordóñez. Pero la Procuraduría todavía no ha notificado quién resolverá el recurso interpuesto por Petro. No se sabe tampoco cuándo el procurador va a dar a conocer su palabra final —en caso de que sea él quien lo defina— en el proceso disciplinario contra Petro, pues no existe un límite explícito para tomar este tipo de decisiones.

Sin embargo, los defensores del alcalde Petro creen que, en caso de que Ordóñez diga que sí es competente para destituir al alcalde, un tribunal ad hoc tendría que decidir sobre la recusación y no el procurador Ordóñez. Dicho tribunal tendrá que ser elegido por el Senado en una terna presentada por el presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. “Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Constitución Política de la República de Colombia”, reza el escrito de recusación.

Sin embargo, retrasar la destitución de acuerdo con las fechas límite legales para fortalecerse en las urnas no es la única estrategia jurídica a la que le está apostando el alcalde Petro. Los progresistas todavía confían en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tal como Petro lo solicitó, dicte medidas cautelares que de algún modo dilaten los efectos del fallo de la Procuraduría. Mientras tanto, si se llega al escenario de las votaciones, los promotores de la revocatoria necesitan que ese día salgan a votar mínimo 1’234.214 personas. Y si Petro quiere quedarse, necesita que por lo menos la mitad más uno de los votantes ratifiquen su mandato en las urnas.