“¿Cuántos niños más tienen que ser víctimas de abuso para que reconozcan que hay negligencia en las instituciones?”, preguntaba una madre que protestaba esta semana tras la judicialización de una educadora por la presunta agresión sexual contra una niña de cuatro años en un colegio del sur de Bogotá. La pregunta es válida al conocer que en las instituciones educativas de la capital, en el primer semestre de este año, se emitieron 6.407 alertas por este delito, unas 2.000 más que el mismo período del año anterior.
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Lo grave es que en muchos casos los señalamientos apuntan a docentes, como lo ratifica el caso más reciente que se conoció gracias a la madre de la niña, quien al notar actitudes extrañas en su hija le preguntó, y esta le contó que su maestra la tocaba en sus partes íntimas. Con la denuncia se activó la ruta de atención del sector salud y, tras la valoración médica, a la niña la remitieron del Centro Médico al Centro Zonal Kennedy, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La fiscal que asumió la investigación indicó, en este caso puntual, que “la naturaleza sistemática y manipulativa de la docente exigía una respuesta inmediata de las autoridades. Por eso es que esta delegada actuó y solicitó la orden de captura antes de que retomaran las actividades de clases (pausadas por las vacaciones de mitad de año)”. Mientras un juez envió a la docente a la cárcel, el ICBF adelantó la intervención en la institución educativa.
Familiares de la menor, que realizaron un plantón, denunciaron algo igual de grave: la presunta omisión de una de las maestras a la que la niña acudió para contar la situación. Al plantón se sumaron otras madres, cuyos hijos o hijas también fueron víctimas de abuso. “Nos duele ver que esto siga sucediendo. Convocamos a otro plantón en el ICBF para el 15 de julio”, señaló Margie Espinel, madre de un niño, presuntamente agredidos sexualmente en mayo por un docente (también enviado a prisión) de un jardín en San Cristóbal.
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Del dato a la acción
Las cifras hoy muestran dónde se concentran las denuncias. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2025 se reportaron 2.404 alertas por presuntos casos de abuso sexual, de las cuales 2.030 se originaron en colegios públicos y 374 en colegios privados. Para el segundo trimestre las alertas se triplicaron, al punto de llegar el 30 de junio a 6.407 casos por posible violencia sexual en entornos escolares.
Esteban Reyes, director de la ONG Aldeas Infantiles Colombia, cuyo propósito es acoger a niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental y que entran a los sistemas de protección, dice que en Colombia tienen bajo cuidado a más de 1.000 niños, niñas y adolescentes en distintos lugares del país. “La principal causa, el año pasado, fue la violencia sexual”, señaló.
Y añadió: “Los lugares que están llamados naturalmente a proteger a los niños son en los que más se presentan las explotaciones y las violaciones de sus derechos, al ser los lugares en donde más tiempo pasan los niños. El primero de ellos es la familia, el sitio donde más ocurren las violaciones de derechos. A este les siguen las instituciones educativas que, pese a ser espacios protectores y formativos para los niños, hay riesgos, entre otras cosas, porque los depredadores sexuales muchas veces se acercan a los sitios donde pueden tener contacto con los niños. Por eso debemos blindar las instituciones educativas”.
Frente a la reciente denuncia, en la que señalaron a una docente de haber abusado de una niña, de cuatro años, en un colegio de Bogotá, la Secretaría de Educación señaló que tan pronto conoció el suceso, se activó la ruta de atención y elevó la solicitud a la Fiscalía para la investigación de los hechos; reportó al ICBF, para garantizar el bienestar integral del estudiante, y copió a la Dirección Local, para iniciar una indagación desde inspección y vigilancia. “Actualmente, se realiza la indagación correspondiente al interior del plantel, para esclarecer lo sucedido y se hace seguimiento al colegio privado, para identificar posibles oportunidades de mejora”, agregaron.
Además, la entidad reiteró la importancia y relevancia que tienen los colegios como “primer respondiente, teniendo en cuenta la prioridad en la atención a la víctima de la presunta situación y a su familia. Asimismo, solicitó apoyo y articulación para el seguimiento y acompañamiento en la activación del protocolo”.
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Reforzar la justicia
Lo que preocupa de este panorama es que la velocidad de las autoridades no va al mismo ritmo que las denuncias. A las alertas en los colegios, según datos abiertos de la Fiscalía, entre enero y junio de este año se denunciaron 3.379 casos por delitos sexuales en Bogotá, de los cuales 1.635 fueron contra menores de 14 años. Medicina Legal, por su parte, registró 1.055 exámenes médico-legales por estos delitos contra niñas, niños y adolescentes.
Pese a ello, en el mismo período, la Policía solo capturó a 86 personas por actos sexuales con menor de 14 años y 39 por acceso carnal abusivo, también con menores. Y al desglosar el avance de los casos en conocimiento de la Fiscalía contra menores de edad, se tiene que a la fecha solo se reportan dos condenas, 44 casos en investigación, 36 en juicio, dos en “terminación anticipada” y 1.551 en etapa de indagación.
Todo el sistema debe garantizar la prevención y atención rápida en contra del abuso de menores. Como lo recalcó la Procuraduría General de la Nación, el pasado el 13 de junio, cuando ordenó la apertura de indagación previa contra funcionarios (por determinar) de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), por la posible desatención a las denuncias por actos sexuales indebidos contra 13 menores de edad.
“Hay en Colombia una falencia del sistema de justicia para judicializar los casos. Los procesos, tanto a nivel administrativo como a nivel penal, son muy largos y los índices de impunidad son altos. En este caso, lo que estamos proponiendo desde Aldeas Infantiles y la Alianza por la Niñez es crear mecanismos preventivos”, añadió Reyes.
Son muchas las necesidades y garantías que le debemos a la niñez capitalina. Empezando por blindar los lugares que más frecuentan, donde hoy afrontan riesgos como el ser asediados por sus propios maestros, como se ha visto en el último año. De ahí que la pregunta que hizo una madre en la protesta de esta semana adquiera más vigencia: ¿cuántos niños más tienen que ser víctimas para que reconozcan que hay negligencia en las instituciones?
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Por Juan Camilo Parra
