"Riesgos de corrupción en Bogotá siguen siendo altos": Transparencia por Colombia

Para una ciudad que apenas comienza a lamerse las heridas del carrusel de la contratación es una necesidad hablar de transparencia en su gobierno. Y aunque la Alcaldía de Bogotá ha asumido el reto, aún falta mucho por hacer, concluye un informe que presentan este miércoles Transparencia por Colombia y la Veeduría Distrital.

Su advertencia principal es que el Plan de Desarrollo, que actualmente discute el Concejo, no incluye una estrategia que permita hacer de la administración más asequible a los ciudadanos y menos opaca con el suministro de información. El riesgo es que los corruptos, sin mayor esfuerzo, encuentren resquicios dónde hacer de las suyas.

“No decimos que la administración es corrupta, sino que hay muchos riesgos. La recomendación es que adopte medidas para mitigarlos y eliminarlos en campos como contratación, recurso humano y acceso a la información”, precisa Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia.

En el informe, de 30 páginas, se elabora un diagnóstico muy elocuente sobre las falencias del Distrito, que, vale aclarar, tiene como referencia información recopilada hasta diciembre de 2015. Es decir, antes de que Peñalosa asumiera su segundo mandato.

En el aparte sobre contratación la conclusión es preocupante: “en al menos 10 sectores de la administración, con excepción de Integración Social, Educación y Movilidad, más del 50% de los recursos disponibles se contratan mediante la modalidad de contratación directa”. De hecho, en 2014, 56 de cada 100 trabajadores distritales fueron vinculados a través de esa modalidad, por contratos de prestación de servicios. Ungar indica que esto “es un riesgo muy grande y el argumento que generalmente se saca para justificarlo, basado en la necesidad de eficiencia y celeridad para administrar, no es suficientemente fuerte”.

Al abordar el acceso a la información, los autores de la denominada Agenda por la transparencia se percataron de que “pocos documentos publicados en los sitios web de las entidades están en formatos que permitan a los ciudadanos procesar y reutilizar la información publicada”. Además, que falta hacer visibles las funciones, perfiles y rangos salariales de los servidores públicos distritales y de los contratistas.

A esto hay que sumarle que el control interno en las entidades del Distrito es débil, al punto que “en materia de control disciplinario la impunidad es alta”. La Alcaldía, además, carece de una directriz clara para identificar y tramitar conflictos de intereses, lo que “podría dejar una puerta abierta para el amiguismo y el clientelismo en los procesos de selección y contratación”. (Lea también: El primer impedimento que le aceptaron al secretario de Planeación de Bogotá)

En aras de discusión, hay que decir que el proyecto de Plan de Desarrollo sí incluye un aparte dedicado a “transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía”, que propone la implementación de un modelo de gobierno abierto que mejore el servicio al ciudadano. Ungar considera que “no es un eje transversal y tampoco tiene metas que permitan identificar objetivos precisos ni monitorear su cumplimiento”.

También critica que se desconozcan los avances que la Veeduría hizo, en años anteriores, en la formulación de una política pública de transparencia y anticorrupción. “Es un grave error porque no estamos empezando de cero”.

La propuesta de Transparencia por Colombia y de la Veeduría, una vez hecho el diagnóstico, es que la Alcaldía adopte dos políticas públicas: una de “transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción” y otra de “acceso a la información”. Por último, dan una serie de recomendaciones para fortalecer la participación ciudadana.

Consulte aquí el documento completo.

Para una ciudad que apenas comienza a lamerse las heridas del carrusel de la contratación es una necesidad hablar de transparencia en su gobierno. Y aunque la Alcaldía de Bogotá ha asumido el reto, aún falta mucho por hacer, concluye un informe que presentan este miércoles Transparencia por Colombia y la Veeduría Distrital.

Su advertencia principal es que el Plan de Desarrollo, que actualmente discute el Concejo, no incluye una estrategia que permita hacer de la administración más asequible a los ciudadanos y menos opaca con el suministro de información. El riesgo es que los corruptos, sin mayor esfuerzo, encuentren resquicios dónde hacer de las suyas.

“No decimos que la administración es corrupta, sino que hay muchos riesgos. La recomendación es que adopte medidas para mitigarlos y eliminarlos en campos como contratación, recurso humano y acceso a la información”, precisa Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia.

En el informe, de 30 páginas, se elabora un diagnóstico muy elocuente sobre las falencias del Distrito, que, vale aclarar, tiene como referencia información recopilada hasta diciembre de 2015. Es decir, antes de que Peñalosa asumiera su segundo mandato.

En el aparte sobre contratación la conclusión es preocupante: “en al menos 10 sectores de la administración, con excepción de Integración Social, Educación y Movilidad, más del 50% de los recursos disponibles se contratan mediante la modalidad de contratación directa”. De hecho, en 2014, 56 de cada 100 trabajadores distritales fueron vinculados a través de esa modalidad, por contratos de prestación de servicios. Ungar indica que esto “es un riesgo muy grande y el argumento que generalmente se saca para justificarlo, basado en la necesidad de eficiencia y celeridad para administrar, no es suficientemente fuerte”.

Al abordar el acceso a la información, los autores de la denominada Agenda por la transparencia se percataron de que “pocos documentos publicados en los sitios web de las entidades están en formatos que permitan a los ciudadanos procesar y reutilizar la información publicada”. Además, que falta hacer visibles las funciones, perfiles y rangos salariales de los servidores públicos distritales y de los contratistas.

A esto hay que sumarle que el control interno en las entidades del Distrito es débil, al punto que “en materia de control disciplinario la impunidad es alta”. La Alcaldía, además, carece de una directriz clara para identificar y tramitar conflictos de intereses, lo que “podría dejar una puerta abierta para el amiguismo y el clientelismo en los procesos de selección y contratación”. (Lea también: El primer impedimento que le aceptaron al secretario de Planeación de Bogotá)

En aras de discusión, hay que decir que el proyecto de Plan de Desarrollo sí incluye un aparte dedicado a “transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía”, que propone la implementación de un modelo de gobierno abierto que mejore el servicio al ciudadano. Ungar considera que “no es un eje transversal y tampoco tiene metas que permitan identificar objetivos precisos ni monitorear su cumplimiento”.

También critica que se desconozcan los avances que la Veeduría hizo, en años anteriores, en la formulación de una política pública de transparencia y anticorrupción. “Es un grave error porque no estamos empezando de cero”.

La propuesta de Transparencia por Colombia y de la Veeduría, una vez hecho el diagnóstico, es que la Alcaldía adopte dos políticas públicas: una de “transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción” y otra de “acceso a la información”. Por último, dan una serie de recomendaciones para fortalecer la participación ciudadana.

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