Riesgos del extractivismo: Nemocón al filo del abismo

Los habitantes del municipio de Nemocón (Cundinamarca), ubicado a hora y media de Bogotá, vienen sintiendo las consecuencias de habitar en terrenos ricos en recursos naturales no renovables como caliza, bauxita y sal, cuya explotación los ha expuesto a graves riesgos para su salud y para sus viviendas.

En efecto, son varios los incidentes que en los últimos años se han registrado en la población y sus alrededores, como el derrumbe que afectó unas casas cerca de un cerro de donde se extrae arena para construcción. Afortunadamente, el hecho no dejó víctimas humanas, pero sigue constituyendo un riesgo, pese a que la explotación del material fue suspendida.

Por otra parte, más de 50 personas que habitan en las afueras del pueblo, en la vereda Astorga, sobre la carretera que conduce al municipio de Suesca, han visto afectada su tranquilidad y calidad de vida a raíz de la ubicación de una planta procesadora de sal que está a escasos 40 metros de sus viviendas.

La empresa Conversalco S.A. recibió en 2008 concesión del Gobierno por 30 años para la refinación de sal en Nemocón, actividad que lleva a cabo desde ese año mediante el método de bombeo de agua a presión, cocción y desecado, para obtener materias primas de uso industrial y humano. Este proceso de desecado por combustión genera fuerte ruido y emite vapores y partículas contaminantes, lo que deteriora las viviendas de la comunidad. Esto sin contar los olores y el humo expelido, que termina por afectar día y noche la respiración de los pobladores.

Según reclaman los afectados, la ubicación de la planta transgrede la normatividad existente para áreas pobladas, argumento que reconoció parcialmente la CAR al ordenarle este año a la empresa Conversalco la suspensión de las actividades “que generan vertimientos o derrames de sustancias nocivas”.

Los vecinos han puesto esta situación en conocimiento de la Alcaldía y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Incluso han realizado múltiples reuniones con la empresa (como consta en varias actas), buscando claridad frente a los actos administrativos detrás de la expedición de las licencias, tanto ambiental como de explotación, para tratar de hallar alguna salida al problema.

Producto de esas reuniones se han firmado acuerdos entre las partes con el propósito de aminorar los efectos negativos, como la construcción de un muro que mitigue el ruido y la contaminación por partículas de sal, así como que la empresa no tenga actividad nocturna. No obstante, los pobladores argumentan que las afectaciones siguen, debido a que la empresa, que sigue operando las 24 horas.

Hasta el momento, la respuesta institucional ha sido ambigua. A pesar de que el personero ha elevado quejas ante el Ministerio de Ambiente y la CAR, las diligencias siguen sin una decisión de fondo, ya que todas las entidades (Ministerio, Alcaldía y CAR) le atribuyen a otra la responsabilidad de resolver el asunto.

El impacto ambiental también es evidente en el entorno natural, pues el área de labores de la compañía se extiende sobre lo que fue un humedal, que en otros tiempos albergó aves y especies menores de diverso tipo, todas ellas erradicadas ante los fétidos olores que expiden las aguas (ahora negras), que reciben los desechos del proceso industrial.

Pero estos tal vez son daños menores frente al grave riesgo de hundimiento de los terrenos sobre los cuales se asientan las construcciones de la zona, incluida la misma empresa extractora. Así lo reconoce una comunicación de la Alcaldía Municipal, emitido en marzo de 2014, en el que señala que los predios sobre los cuales fue construida la refinería de sal están en “zona de remoción en masa”, es decir, con riesgo de deslizamiento y caída de tierra y roca, situación que ya se ha presentado en tres sitios, en un perímetro de 300 metros cerca al sitio de explotación.

El tiempo pasa y las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las normas por parte de las empresas mineras y la integridad de los ciudadanos no se pronuncian de manera clara y concluyente para tomar las medidas más adecuadas en beneficio de la comunidad.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.

Los habitantes del municipio de Nemocón (Cundinamarca), ubicado a hora y media de Bogotá, vienen sintiendo las consecuencias de habitar en terrenos ricos en recursos naturales no renovables como caliza, bauxita y sal, cuya explotación los ha expuesto a graves riesgos para su salud y para sus viviendas.

En efecto, son varios los incidentes que en los últimos años se han registrado en la población y sus alrededores, como el derrumbe que afectó unas casas cerca de un cerro de donde se extrae arena para construcción. Afortunadamente, el hecho no dejó víctimas humanas, pero sigue constituyendo un riesgo, pese a que la explotación del material fue suspendida.

Por otra parte, más de 50 personas que habitan en las afueras del pueblo, en la vereda Astorga, sobre la carretera que conduce al municipio de Suesca, han visto afectada su tranquilidad y calidad de vida a raíz de la ubicación de una planta procesadora de sal que está a escasos 40 metros de sus viviendas.

La empresa Conversalco S.A. recibió en 2008 concesión del Gobierno por 30 años para la refinación de sal en Nemocón, actividad que lleva a cabo desde ese año mediante el método de bombeo de agua a presión, cocción y desecado, para obtener materias primas de uso industrial y humano. Este proceso de desecado por combustión genera fuerte ruido y emite vapores y partículas contaminantes, lo que deteriora las viviendas de la comunidad. Esto sin contar los olores y el humo expelido, que termina por afectar día y noche la respiración de los pobladores.

Según reclaman los afectados, la ubicación de la planta transgrede la normatividad existente para áreas pobladas, argumento que reconoció parcialmente la CAR al ordenarle este año a la empresa Conversalco la suspensión de las actividades “que generan vertimientos o derrames de sustancias nocivas”.

Los vecinos han puesto esta situación en conocimiento de la Alcaldía y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Incluso han realizado múltiples reuniones con la empresa (como consta en varias actas), buscando claridad frente a los actos administrativos detrás de la expedición de las licencias, tanto ambiental como de explotación, para tratar de hallar alguna salida al problema.

Producto de esas reuniones se han firmado acuerdos entre las partes con el propósito de aminorar los efectos negativos, como la construcción de un muro que mitigue el ruido y la contaminación por partículas de sal, así como que la empresa no tenga actividad nocturna. No obstante, los pobladores argumentan que las afectaciones siguen, debido a que la empresa, que sigue operando las 24 horas.

Hasta el momento, la respuesta institucional ha sido ambigua. A pesar de que el personero ha elevado quejas ante el Ministerio de Ambiente y la CAR, las diligencias siguen sin una decisión de fondo, ya que todas las entidades (Ministerio, Alcaldía y CAR) le atribuyen a otra la responsabilidad de resolver el asunto.

El impacto ambiental también es evidente en el entorno natural, pues el área de labores de la compañía se extiende sobre lo que fue un humedal, que en otros tiempos albergó aves y especies menores de diverso tipo, todas ellas erradicadas ante los fétidos olores que expiden las aguas (ahora negras), que reciben los desechos del proceso industrial.

Pero estos tal vez son daños menores frente al grave riesgo de hundimiento de los terrenos sobre los cuales se asientan las construcciones de la zona, incluida la misma empresa extractora. Así lo reconoce una comunicación de la Alcaldía Municipal, emitido en marzo de 2014, en el que señala que los predios sobre los cuales fue construida la refinería de sal están en “zona de remoción en masa”, es decir, con riesgo de deslizamiento y caída de tierra y roca, situación que ya se ha presentado en tres sitios, en un perímetro de 300 metros cerca al sitio de explotación.

El tiempo pasa y las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las normas por parte de las empresas mineras y la integridad de los ciudadanos no se pronuncian de manera clara y concluyente para tomar las medidas más adecuadas en beneficio de la comunidad.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.